Mochar la mano de los corruptos: una mala idea e inviable

La propuesta del aspirante independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de “mochar la mano” de los corrupto s es una pésima idea y no es factible de ser implementada, toda vez que en nuestro país están prohibidas las penas de mutilación y cualquier otra que sea inusitada y trascendente, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución.

En una de sus intervenciones durante el primer debate presidencial, Rodríguez Calderón apuntó que había que “mocharle la mano al que robe en el servicio público”, pues desde su perspectiva “eso no es malo”.

“Países que han salido de esa corrupción lo han hecho, (…) hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”, aseveró.

Además de violentar lo establecido en la carta magna, este tipo de castigos contradice también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales México es parte.

Por ejemplo, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas apunta que nadie puede ser sometido “a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En la legislación internacional, los castigos de mutilación están prohibidos porque se les considera un tipo de tortura, por lo que todos los Estados tienen la obligación de tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales para impedir este tipo de actos, de acuerdo con los artículos 2 y 4 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De igual forma, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proscribe la tortura y las penas o tratos crueles.

Por ende, aunque se propusiera un cambio en la legislación mexicana, este difícilmente podría ser avalado, pues todas las autoridades, entre ellas diputados y senadores, están obligadas a respetar y promover los derechos humanos.

Pero suponiendo, sin conceder, que el Congreso llegara a aprobar una medida de este tipo, el poder Judicial la nulificaría, a través del juicio de amparo o mediante una acción de inconstitucionalidad. En el primer caso, cualquier mexicano podría promover un amparo en contra de una reforma de este tipo, en tanto que la controversia puede ser interpuesta por diputados o senadores.

¿Ocurrencia o ineptitud?

Tras el debate, Jaime Rodríguez Calderón aseguró a la prensa que su propuesta no era algo que se le hubiera ocurrido al calor de la confrontación mediática. Apuntó que “la corrupción se ha vencido tomando sanciones duras, como en Singapur. Esto no es una ocurrencia, se ha analizado completamente”, enfatizó.

Para el jurista Miguel Carbonell, este planteamiento “es delirante”. El abogado, experto en derecho constitucional, se cuestionó en su cuenta de Twitter si “¿Merecemos esta caricatura los mexicanos?”.

En esa misma red social el analista Gabriel Guerra consideró que con esa idea, “El Bronco sugiere convertirnos en Arabia Saudita”.

De su lado, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, colectivo especializado en dar seguimiento a los índices de inseguridad, se mostró muy preocupado con las expresiones de El Bronco, pues estas incluso pueden incitar a las personas a resolver sus problemas “a balazos”.

“Yo sí creo que este tipo de propuestas, que van en términos de la falta de respeto a un país democrático, no deben estar”, enfatizó.

A pesar de las críticas que recibió su propuesta, Rodríguez Calderón no se amilanó, ante la prensa reiteró su postura: “¿Qué prefiere? Un corrupto en la cárcel, un corrupto en la calle con un amparo o un corrupto sin mano. En la cárcel le cuesta a los mexicanos y siempre evaden regresar el patrimonio a los mexicanos (sic)”.

¿Regresar al Código de Hammurabi?

Históricamente, las penas de mutilación nos remiten a la “Ley del Talión”, identificada con la frase “ojo por ojo, diente por diente”. Esa norma está contenida en el Código de Hammurabi, un texto jurídico creado por un rey de Babilonia, en la antigua Mesopotamia, en el año 1750 Antes de Cristo.

En ese código, los castigos eran determinados de acuerdo con la calidad que tenían tanto la persona que cometía un delito, como la víctima. Por ejemplo, si un hombre libre le reventaba un ojo a otro hombre libre, la pena para el responsable era la pérdida del ojo, pero si ese mismo delito era cometido en contra de un esclavo, el agresor solo tenía que pagar la mitad del precio del esclavo.

En esa misma legislación, si un hijo golpeaba a su padre, el castigo era cortarle las manos al vástago rebelde.

¿Dónde se aplican estos castigos?

En el mundo de nuestros días, muy pocos países mantienen castigos y sanciones crueles e infamantes, entre las que se incluyen la pena de muerte, de acuerdo con los estándares de la legislación internacional.

En Arabia Saudita, los azotes, la decapitación e incluso la muerte por lapidación están vigentes, de acuerdo con las normas de la Sharía (ley islámica), cuyo origen es el Corán. En este país el robo puede ser castigado con la mutilación de la mano.

Otras naciones que aplican este tipo de legislación son Afganistán, Irán, Irak Brunei, Mauritania, Nigeria, Somalia, Siria, Sudán y Yemen. En Singapur, la pena de muerte es la sanción para los delitos de homicidio, secuestro y narcotráfico; en es ese país, los funcionarios responsables de corrupción también son condenados a muerte. Lo mismo sucede en Corea del Norte.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.