México y su futuro energético: ¿Autonomía o dependencia?
La reciente decisión de convertir a Pemex y CFE en empresas públicas del Estado representa un paso audaz de la presidenta Sheinbaum.
Por Yaya Arévalo*
La reciente decisión de convertir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en empresas públicas del Estado representa un paso audaz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma busca darle al país un mayor control sobre sus recursos energéticos, con la esperanza de que el Estado recupere el timón en sectores esenciales para el bienestar y el desarrollo de los mexicanos.
Hacia una energía para el país, no solo para el mercado
Una de las motivaciones principales de esta reforma es asegurar que las energías de México estén al servicio de sus ciudadanos y no únicamente de los beneficios económicos que puedan obtener inversionistas o empresas privadas. La presidenta Sheinbaum ha señalado que recuperar el control estatal de Pemex y la CFE permitirá una planificación más estratégica para asegurar la estabilidad energética en México, lo que, en teoría, significaría costos de energía más manejables y, sobre todo, garantizar el acceso a los sectores más vulnerables.
Este punto resuena con una preocupación fundamental: en un país donde la energía es una necesidad básica, el gobierno espera evitar que las decisiones sobre electricidad y petróleo queden solo en manos de capitales privados. La intención es devolver a Pemex y la CFE una función de servicio público, aunque esto también representa una gran responsabilidad, pues cualquier ineficiencia o corrupción en estas empresas puede traducirse en impactos reales en la economía de las familias.
Inversión privada: ¿compañera o rival?
La reforma no excluye del todo a la inversión privada, pero sí establece que las reglas para estas colaboraciones serán muy claras y controladas. La idea es que, aunque las empresas privadas puedan participar en ciertos proyectos o tecnologías, el Estado sea quien dirija las grandes decisiones. Esto no es fácil de lograr en la práctica; muchos temen que restringir el papel de la inversión privada complique la modernización que tanto necesitan Pemex y la CFE, especialmente en cuanto a tecnología y eficiencia.
Imaginemos, por ejemplo, una planta generadora que necesita tecnología de punta para reducir su consumo de recursos y su impacto ambiental. Si se limita la participación privada en el desarrollo de esa tecnología, Pemex y la CFE tendrían que asumir todos los costos e innovaciones. Esto podría llevar a retrasos y a una posible falta de competitividad si no se logra atraer el talento y las inversiones adecuadas.
Transparencia: el reto eterno
Históricamente, tanto Pemex como la CFE han enfrentado problemas graves de corrupción y sobrecostos. La reforma busca simplificar sus operaciones, lo cual podría ser positivo si, al mismo tiempo, se establece una administración eficiente, clara y transparente. En otras palabras, sin una estrategia real para mejorar la rendición de cuentas y eliminar prácticas de corrupción, existe el enorme riesgo de que estos recursos vitales sigan siendo gestionados de manera poco eficiente.
A pesar de las buenas intenciones, muchos mexicanos miran esta reforma con cierto escepticismo, ya que el mal manejo de los recursos públicos en el pasado hace temer que Pemex y la CFE, aun siendo controladas por el Estado, puedan terminar enfrentando peores problemas de eficiencia.
La dimensión ambiental: ¿nos quedamos en el pasado?
Un aspecto crucial es que la reforma parece estar más orientada hacia el fortalecimiento de recursos fósiles, como el petróleo, que hacia el desarrollo de energías limpias. En un momento en el que el mundo está avanzando hacia energías renovables para enfrentar el cambio climático, México parece apostar más al petróleo y al gas, lo que podría alejarnos de una transición energética responsable.
Las energías renovables no solo son una opción sostenible, sino también una inversión en el futuro, y cada vez más países avanzan hacia ellas. Si México no impulsa este cambio, podríamos enfrentar mayores desafíos ambientales y económicos, además de la pérdida de competitividad global.
Impacto en nuestras relaciones e imagen
A nivel internacional, esta reforma también tiene sus riesgos. Los socios comerciales de México, en particular Estados Unidos y Canadá, podrían ver en esta decisión una amenaza a sus intereses comerciales en el marco del T-MEC, el tratado de libre comercio. La reducción de oportunidades para sus empresas podría llevar a conflictos diplomáticos o incluso a sanciones comerciales, lo cual complicaría nuestras relaciones y afectaría de manera importante nuestra economía.
Conclusión: ¿avance o retroceso?
En conclusión, esta reforma parece tener buenas intenciones. Si Pemex y la CFE logran cumplir con su objetivo de servir mejor a la ciudadanía y ofrecer energía más accesible y confiable, los beneficios podrían ser enormes. Sin embargo, el éxito de esta reforma no depende solo de una declaración política, sino de una implementación transparente, efectiva y moderna.
¿Será posible lograr un equilibrio en el que México avance hacia una verdadera autonomía energética sin sacrificar eficiencia, tecnología y desarrollo sostenible? La respuesta dependerá de cómo se logren manejar estos retos en los próximos años. La expectativa de muchos mexicanos es que esta reforma efectivamente traiga un beneficio palpable a sus vidas, en lugar de convertirse en otra promesa atrapada en el complejo sistema energético del país. #OpiniónCoparmex
*Yaya Arévalo es Consejera Delegada de DICES de COPARMEX
Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja únicamente la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.
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