¿México puede solicitar la extradición del atacante de El Paso?

Por Surya Palacios @suryapalacios

Es factible que México pida la extradición de Patrick Crusius, identificado como el atacante que el sábado mató a 22 personas e hirió a otras 26, en un Walmart en la fronteriza ciudad de El Paso, en Texas, aunque para ello deben reunirse varios requisitos.

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, nuestro país también pretende promover medidas legales en contra de quien resulte responsable de la venta del arma de asalto que utilizó el homicida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores “apoyará a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una demanda por terrorismo en contra de mexicanos en Estados Unidos”, apuntó Ebrard.

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¿Homicidio o Terrorismo?

No obstante, aunque el Código Penal Federal admite que un extranjero sea juzgado en México por haber cometido un delito en contra de un mexicano en otro país, la acusación específica no puede ser terrorismo, como afirmó el canciller.

El terrorismo es un delito que en México se sanciona hasta con cuarenta años de cárcel a quien realice actos que atenten contra la seguridad nacional, en este caso, si bien los hechos ocurridos en El Paso pueden calificarse como terroristas, el Estado afectado no es el mexicano, sino el estadounidense.

La seguridad nacional que se puso en riesgo por el presunto acto terrorista no es la de México, sino la de Estados Unidos, por lo que nuestro país no puede pretender juzgar por terrorismo al atacante.

En su defecto, la Fiscalía General de la República sí puede solicitar la extradición del acusado para que se le juzgue por los delitos de homicidio y lesiones, siempre y cuando se satisfagan las disposiciones establecidas en el artículo 4 del Código Penal Federal.

Este numeral apunta que México puede juzgar en su territorio a los extranjeros que en otro país cometan algún delito contra mexicanos, si se reúnen los siguientes requisitos: Que el acusado se encuentre en la República Mexicana; que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en el que delinquió; y que la infracción tenga el carácter de delito en México y en el país en que se ejecutó la conducta.

Como el homicidio calificado y las lesiones son delitos en ambos lados de la frontera, la FGR puede solicitar la extradición antes de que Patrick Crusius sea juzgado por los tribunales de Estados Unidos. Para ello deberán implementarse los trámites específicos que se señalan en el Tratado de Extradición que desde 1978 mantienen los dos países.

A pesar de que exista esta posibilidad en el Código Penal Federal, México debe tomar en cuenta que, si se inicia en Estados Unidos la acusación y el proceso en contra del atacante, aunque pida su extradición a nuestro territorio esta podría negársele.

Bajo el principio de non bis in idem, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, si Crusius es llevado a los tribunales estadounidenses por los homicidios cometidos en El Paso, solo podrá pedirse la extradición antes de que cuente con una sentencia definitiva.

¿Y el arma homicida?

En lo que se refiere a promover acciones jurídicas en contra del establecimiento responsable de la venta del arma que Crusius habría utilizado en el ataque, solo podría hacerse a través de un juicio de carácter civil en territorio estadounidense, con muy pocas posibilidades de éxito, pues en ese país no es delito vender armas, aunque estas sean de alto poder.

Ni el gobierno mexicano ni los familiares de las víctimas pueden acusar penalmente al comercio en donde el atacante adquirió el arma, quizá, podrían explorar la posibilidad de una demanda por daño moral, siempre y cuando existieran casos similares que hayan funcionado con ese argumento.

Este tipo de procedimientos son largos y costosos, además de que normalmente no los llevan a cabo los países que tienen embajadas y consulados en Estados Unidos, sino personas en lo particular que presumen tener derecho a una indemnización.

Otro obstáculo para lograr la extradición del acusado se ubica en el tipo de sanciones que México aplica para el delito de homicidio calificado. En Texas la severidad es mayor, pues el responsable del ataque puede ser condenado a muerte, mientras que en nuestro país la sanción máxima es de sesenta años de prisión.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.