México admite ante CIDH que reforma judicial se hizo sin ningún diagnóstico
El representante de México dijo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no existe un diagnóstico con el que se haya hecho la reforma judicial.
El Estado mexicano reconoció este martes en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma judicial fue propuesta y aprobada sin contar con algún diagnóstico sobre el Poder Judicial de la Federación, aunque el representante de nuestro país en la sesión del organismo internacional, José Antonio Montero Solano, le restó importancia a esta omisión.
“No existe un diagnóstico, sin embargo, desde el 2017 hay análisis” y artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial, apuntó Montero Solano, director general de consulta y estudios constitucionales de la Consejería jurídica del Poder Ejecutivo federal, quien participó en la audiencia de la CIDH como representante del Estado mexicano.
El encuentro, celebrado en la sede de la Comisión en Washington, Estados Unidos, forma parte del procedimiento que desarrolla ese organismo interamericano tras recibir una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos en los países de la región.
En este caso, desde el pasado mes de agosto, más de 1,000 juzgadores adscritos a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), y otras 28 organizaciones de jueces, juezas, abogados y defensores de derechos humanos, solicitaron que la Comisión interviniera ante las repercusiones negativas de la reforma judicial.
En esta primera audiencia, los comisionados de la CIDH escucharon a todas las partes: Por un lado, los representantes del gobierno mexicano tuvieron oportunidad de explicar por qué, desde su perspectiva, las modificaciones constitucionales que transforman al Poder Judicial no violan los derechos de los trabajadores, ni trasgreden la independencia judicial.
Por el otro, las organizaciones quejosas también expusieron sus argumentos sobre el retroceso democrático que implica la reforma, en tanto que los comisionados hicieron preguntas al representante del Estado mexicano, y manifestaron algunas de sus preocupaciones en torno a la reforma.
Abuso del derecho constitucional
En ese tenor, el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, apuntó que la reforma judicial es un abuso con el que se intenta acabar con los contrapesos democráticos.
“Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo, cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo, se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, y yo creo que el caso de México es de libro”, enfatizó el jurista de origen colombiano.
Bernal Pulido, quien llegó a la CIDH en 2021, tras haber sido magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, resaltó lo dicho en la audiencia por los representantes de los jueces del Poder Judicial en cuanto a que los legisladores se negaron a escuchar a los trabajadores que resultan afectados con la reforma.
“Vi que por lo menos que a los presentes no los invitaron a la deliberación de las reformas, yo tengo escrito por ahí que cuanto más se delibere una reforma constitucional, menos debe ser la intensidad del control judicial, y justo todo lo contrario, cuando es una reforma pasada en cuestión de horas, pues el control que tiene que haber por parte del (Poder) judicial y por parte de los órganos independientes debe ser muy intenso”, comentó.
El comisionado Carlos Bernal Pulido concluyó su intervención en la audiencia con una pregunta: “Un gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República, que arrasan las urnas para todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces?
Independencia amenazada
A su vez, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, les dijo a los comisionados de la CIDH que la reforma judicial atenta en contra de la independencia del sistema de administración de justicia.
“Me preocupa que las reformas adoptadas afecten directamente el funcionamiento del Poder Judicial, al someter a los candidatos judiciales a un proceso en el que las consideraciones políticas pueden prevalecer fácilmente sobre los méritos objetivos”, dijo la relatora.
Satterthwaite agregó que la reforma “carece de un mecanismo transparente, independiente y accesible para que los candidatos en pugna cumplan con los requisitos de capacidad, de formación e integridad”.
La elección popular de los jueces, consideró, “puede aumentar el riesgo de que los candidatos judiciales busquen complacer a los votantes o a los líderes políticos para mejorar sus posibilidades de elección o reelección, en lugar de tomar decisiones basadas únicamente en principios legales”.
Esta última dinámica, que se dará a partir de que los juzgadores sean votados por los ciudadanos, “plantea riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales, y podría socavar aún más la confianza pública”, alertó Margaret Satterthwaite.
Otra preocupación de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados es la destitución anticipada de todos los juzgadores que no se postularon para contender en las elecciones que se celebrarán en 2025,
“La seguridad de la permanencia en el cargo de los jueces está garantizada por las normas internacionales que prohíben su destitución arbitraria o sin causa justa, la seguridad de la permanencia en el cargo es crucial para proteger la independencia judicial, ya que permite a los jueces ejercer sus funciones libres de la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no agradaron a otras ramas del Estado”, dijo.
Margaret Satterthwaite enfatizó que la remoción de todos los jueces en funciones que se negaron a presentarse a las elecciones “viola claramente la seguridad de la permanencia judicial”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.