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Los taxis del Aeropuerto, ¿intocables o perderán la concesión?

El momento definitivo para las empresas de taxis del Aeropuerto se acerca, luego de ser señalados por actos fraudulentos y afectar económicamente a sus usuarios.

04-10-2017, 2:18:21 PM
aeropuerto taxis de sitio

En el periodo comprendido entre el mes de agosto de 2011 y diciembre de 2015, los usuarios del transporte público concesionado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagaron un sobreprecio de 771 millones 713 mil pesos por las supuestas prácticas monopólicas cometidas por las empresas operadoras de taxis.

El tema, investigado y sancionado ya por la Comisión Federal de Competencia Económica de Alejandra Palacios, derivó en sendas multas para cinco compañías que en conjunto suman 23.6 millones de pesos; nada proporcional para el tamaño del daño ocasionado a los usuarios, pero suficiente para poner en riesgo la continuidad de la concesión con el AICM de Alejandro Argudín, manteniendo en vilo un negocio de alrededor de 336 millones de pesos anuales, si tomamos en cuenta que se realizan más de 4 mil servicios diarios a un precio ticket promedio de 230 pesos.

El camino que queda para las empresas operadoras del transporte es la consecución de un amparo ante el Poder Judicial, mismo que, aunque viable desde el punto de vista jurídico, resulta complicado de sustentar, pues las infracciones en las que habrían incurrido los sancionados han sido demostradas con acuerdos firmados de puño y letra, tal y como lo establece la legislación en la materia.

El acuerdo ilícito

Corría el 2011, específicamente el 11 de abril de mencionado año, cuando las empresas Confort, Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab y Nueva Imagen, operadores de Taxis en el AICM, firmaron un contrato conjunto con Santaló Estudios y Proyectos (SEPSA) de Javier Manzanera, empresa que debía elaborar un estudio de ese sector de transporte federal para determinar las tarifas que en el futuro debían cobrar estas compañías, las cuales serían registradas ante la SCT de Gerardo Ruiz Esparza.

El objetivo del acuerdo fue mejorar los ingresos de las empresas que, en teoría, se habían visto castigados por los gasolinazos iniciados en el sexenio de Felipe Calderón; por lo que entregaron a la consultora información estratégica como costos de operación, tarifas, ganancias, número de unidades y estadísticas de ventas; es decir, datos que en condiciones normales de competencia son plenamente confidenciales.

Según se lee en el expediente DE-009-2014 de la Cofece, una vez concluido el análisis, SEPSA proporcionó a cada una de las operadoras de taxi el estudio de mercado, en el que sugirió un esquema para determinar las “tarifas competitivas” que se cobrarían hasta el año 2021. Como era de esperarse, las recomendaciones fueron puestas en práctica, los precios sugeridos para incrementar las ganancias fueron registrados ante Comunicaciones y Transportes y se materializó finalmente el correspondiente aumento en tarifas.

Hablamos de que los agentes económicos sancionados firmaron, mediante representantes legales acreditados, un acuerdo cuyo objetivo fue fijar, elevar, concertar o manipular el precio al que ofertaban sus servicios, conducta que en la fracción I del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica se define claramente como violatoria.

Daños al usuario

La investigación de Cofece detalla que las prácticas anticompetitivas afectaron, en los casi cuatro años y medio que corresponden a la investigación, a alrededor de 12 millones de personas, mismas que según los cálculos estadísticos tuvieron que pagar un sobrecosto de hasta 28% en el precio de su boleto de taxi, lo que representa un promedio de 64 pesos adicionales al valor real del servicio según las distintas opciones del mercado.

La infracción se comete sobre un grupo de consumidores prácticamente cautivo, pues los propios conductores de las más de 1,700 unidades, que poseen de manera individual una concesión para operar en el aeropuerto, se encargan de impedir la presencia en los alrededores de los taxis urbanos y de las compañías proveedoras de choferes particulares, tales como Uber de Federico Ranero y Cabify de Alejandro Sisniega.

Por supuesto que es entendible la férrea defensa que estos operadores hacen de su mercado, ya que, por los supuestos ilícitos remarcados por las huestes de Alejandra Palacios, cada conductor de taxi obtuvo una ganancia extra cercana al medio millón de pesos durante el periodo al que corresponde la indagación; es decir, más de 8 mil pesos mensuales de ingresos adicionales o, lo que es lo mismo, alrededor de 300 pesos más al día.

Sin embargo, la apuesta de estos microempresarios se convierte en un riesgo si se toma en cuenta que entre las consecuencias de la investigación se encuentra la posibilidad de que la directiva del Aeropuerto decida prescindir de sus servicios, toda vez que el contrato de concesión establece a la comisión de prácticas anticompetitivas como una de las causales consideradas para la recisión.

Defensa ambigua

Si bien, la afectación directa del tema recae sobre los propietarios y conductores de las unidades, por ser ellos mismo los dueños de la concesión, las cinco empresas administradoras del servicio (Confort, Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab y Nueva Imagen) vienen preparando ya una defensa que, a la luz de los hechos, se observa endeble y ambigua, pero necesaria para mantener a raya el fantasma de la cancelación de los contratos.

Se espera que en la primera semana del mes de octubre exista una resolución judicial respecto al amparo anunciado por el representante legal de la compañía Nueva Imagen, Miguel Téllez, coincidentemente también asesor de Porto Taxi y Yellow Car, quien tenía como fecha límite para acudir a este recurso de defensa el pasado viernes 29 de septiembre.

No obstante, dentro de los argumentos empleados para la obtención del amparo no se rechaza en momento alguno la firma del ya famoso acuerdo y, por el contrario, se reivindica el análisis de mercado de Sepsa como una herramienta necesaria para establecer “costos reales” en los servicios de transporte.

Por si fuera poco, se detalla que las recomendaciones de la empresa Sepsa se entregaron por separado y de manera confidencial a cada una de las empresas, pero que la decisión de las cinco involucradas de contratar exactamente al mismo consultor correspondió básicamente a un tema de precio, pues contratarlo en paquete a ellos sí les generó un ahorro económico.

Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.

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