Los peligros del proyecto de Constitución de la CDMX
De la cuna a la tumba, el gobierno de CDMX estará obligado a dar a sus habitantes comida, salud, vivienda, sueldo suficiente y estabilidad laboral. Será también la ciudad de los ambulantes y la que reparta una riqueza que no se preocupará por generar y menos por proteger.
Plataforma electoral, documento de vanguardia, francamente comunista, obra de avanzada, farragosa, populista, invasora de las esferas federales, demagoga, decepcionante, buenos deseos, horizonte utópico, son algunos de los calificativos que los expertos en leyes, economía y políticas públicas consultados por Alto Nivel han tomado para calificar al Proyecto de Constitución que para la CDMX presentó el gobierno de la entidad federativa (que no estado) número 32 del país.
La polémica desatada por el texto entregado el 15 de septiembre pasado radica en que se rompe con un modelo basado en la garantía de libertades para, ahora, hacer al Estado responsable de garantizar una larga lista de derechos, basada en la agenda internacional de derechos humanos. El diagnóstico, tanto de quienes están a favor como de quienes están en contra, es que todo lo que promete este documento no podrá hacerse realidad ni en años.
Solo que algunos piensan que esta debe ser la base para construir un enorme entramado de leyes, reglamentos, instituciones y políticas públicas (y mucho presupuesto, claro) que permitan la llegada del Estado proveedor de todo. Otros piensan que ya se excedieron los límites de lo individual y es preciso dar marcha atrás, para no caer en errores que ya pagaron caro los viejos estados socialistas.
Es el viejo conflicto entre izquierdas y derechas, disfrazado de agenda de derechos humanos. Detrás de esta feria de regalos, algunos artículos plantean, ¿por qué no colocar los derechos y el “interés” social por encima de los del individuo? No dedican ni media frase a proteger la propiedad privada, ni la inversión, ni las empresas, pero sí plantean que la economía debe redistribuir la riqueza.
El documento se propone repartir lo que no se molesta en proteger ni en generar. Para colmo, es sobre este documento base que la Asamblea Constituyente deberá discutir a marchas forzadas, pues tiene la obligación de aprobarlo el 31 de enero. ¿Alcanzará consensos para ello?
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La ciudad de la felicidad
El habitante de la CDMX, pero también todo aquel que pase por ella, tendrá derecho a una alimentación “sana, suficiente culturalmente aceptable”, salud física y mental en el más alto grado, vivienda “digna” según el tamaño de su familia, sueldo “suficiente”, empleo estable, que no le suban la renta “desproporcionadamente”, que no lo desalojen si no paga el crédito “accesible” o el alquiler, a la vida sexual plena, a trabajar en la calle si así lo desea, con toda la protección del gobierno y, si ni así la hace, podrá recibir una renta mensual mínima, a la que tienen derecho todos los capitalinos, se entiende, pero los pobres como prioridad.
Todos y cada uno de estos derechos están incluidos en el proyecto de Constitución escrito por 29 notables, por encargo del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El documento no deja espacio para ninguna interpretación errónea: no es que garantice la libertad de, por ejemplo, trabajar para alimentarse o para vivir donde se te antoje. Más bien, especifica el derecho a estar alimentado. En todo caso, señala en su “Carta de Derechos”, que estos son irrenunciables y exigibles; pero, para más claridad, dice que “las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias para garantizar progresivamente la plena realización de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan”.
Así, un Estado que ni siquiera puede cumplir las funciones básicas que generan la necesidad de un contrato social, como garantizar la seguridad y la justicia, ahora quedaría obligado a dar un sueldo, comida y salud a los habitantes de la CDMX. Viéndolo desde este punto de vista, incluso las antieconómicas reglas sobre un salario “suficiente” resultarían innecesarias: el incentivo para trabajar formalmente sería muy bajo.
“No es un proyecto de Constitución, es una plataforma electoral”, dice Ignacio Marván Laborde, economista, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En su opinión, se trata de un documento colectivo que dista mucho de ser jurídico. Su principal error: no considerar que debía apegarse a la Constitución del país, muy en especial al artículo 122, que describe el estatus jurídico de la ciudad.
En particular, apunta que el documento invade atribuciones federales en materia de comercio, defensa del consumidor, competencia y todo el ámbito de lo laboral. Entonces, cualquier acto de autoridad que se efectúe en estos campos pudiera ser sujeto de controversia constitucional o de amparo. Respecto de ello, Valeria Moy, directora de México Cómo Vamos, externa que el documento “no tiene sentido es una lista de buenos deseos que nos puede llevar como ciudad a enormes costos y problemas políticos”. Economista e investigadora de la Escuela de Negocios de Harvard, apunta que si una Constitución garantiza un derecho, es posible reclamarlo. “Si no tienes o consideras que no tienes una buena alimentación aceptable, ¿dónde vas a reclamarlo? Necesitas una infraestructura para proveerlos, por tanto incurriríamos en enormes costos”.
Quien también critica la propuesta de es Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para la CDMX. “Se encuentra lejos del interés común y está atrapada en el interés político”.
Más conciliadora, Marcela Trujillo, coordinadora de la Comisión para la CDMX de la Barra Mexicana de Abogados, considera que se trata de un proyecto vanguardista, en el que solo algunos escépticos piensan que hay temas que no deben ser incluidos. Lo importante, explica, es que resulta muy claro que el proceso no se detendrá con la promulgación de la Constitución, sino que se tiene que escribir el entramado de leyes y reglamentos y formar las estructuras que hagan que las autoridades cumplan con ese mandato legal.
Pero ¿qué es el más alto nivel de salud, la sexualidad plena y dónde podrán reclamarse? Por ejemplo, a Ignacio Marván le parece bien que se tome el tema del derecho al Cuidado, ante el creciente número de adultos mayores. Pero sobre eso apunta: “No es lo mismo que, por ejemplo, una persona de la tercera edad pueda reclamarle a su familia y demandarla por falta de cuidados, a que el gobierno deba abrir todos los asilos necesarios”.
Más allá de todo lo que regalará, resulta más delicado el hecho de que el proyecto aborde el tema económico con absoluto desprecio por los generadores de riqueza.
Economía social
El proyecto de Constitución señala que “toda persona tiene derecho a participar de una economía que tenga por objeto el bienestar, la distribución de la riqueza y la sostenibilidad social y ambiental. También, que toda persona tiene derecho a “una economía social y solidaria”. Tales conceptos no existen en teoría económica, coinciden los expertos. Dice Valeria Moy: “Esto está sujeto a todas las interpretaciones posibles. ¿Quién decide qué es esto? Resulta gravísimo.”
Realmente, el documento ignora deliberadamente todo lo relacionado con la iniciativa privada, las empresas y el emprendimiento, desde el punto de vista de búsqueda de la ganancia individual y por ende la creación de riqueza para la sociedad. Es decir, toma una postura deliberada en cuestión de teoría económica a favor de un modelo alternativo, que va en dirección contraria al resto del país y de buena parte del mundo, de paso.
El problema es que estos conceptos novedosos dan pie a muy viejas recetas económicas que, efectivamente, probaron ya su fracaso. Como bien lo menciona en su artículo 22, “reconoce a la actividad económica como un bien de interés público que debe ser tutelado”, por supuesto, por el Estado. El concepto de tutela ha sido clave por décadas, en el debate entre un Estado social y uno liberal.
Pero no basta con esto; en el mismo artículo, el proyecto habla de que la ciudad deberá fomentar la existencia de cooperativas, sociedades mutuales, ejidos, comunidades agrarias, empresas de solidaridad social. Sin embargo, de proteger o, de perdida, respetar la propiedad privada y los derechos de las empresas, por supuesto nada, ni una palabra.
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Esta actitud se aprecia, nuevamente, en la famosa Carta de Derechos, en donde el proyecto invade las mencionadas atribuciones federales, al prometer que la ciudad también defenderá al consumidor y, de alguna forma, buscará que los trabajadores ganen una “remuneración adecuada”, pero también tengan un “empleo estable”. Al respecto, dice Coparmex de la CDMX que “esperamos que los derechos económicos, la libertad de emprender y los mecanismos de rendición de cuentas y de combate a la corrupción queden garantizados en la Constitución”.
Por su parte, Ignacio Marván apunta a una de las escasas obligaciones que asienta el proyecto: aquella de que el individuo debe promover el interés público por encima del particular. ¿Quién va a definir qué es interés público?”, se pregunta. Pero no es todo. Dos apartados que tienen que ver con la vida económica de la ciudad podrían, estos sí, precipitar una tragedia en materia de inversión y desarrollo.
Una de las contradicciones más evidentes en el proyecto de Constitución es la afirmación de que la ciudad buscará estimular empleo formal, a la vez que su Carta de Derechos incluye todo un apartado sobre los nuevos privilegios y concesiones a los vendedores ambulantes en donde, básicamente, se legaliza su actividad y se les dota de todo tipo de servicios sociales.
La Constitución de la CDMX debe quedar lista el último día de enero de 2017. Al respecto, no se aprecia cómo el proyecto podrá modificarse o arreglarse de forma suficiente. “Lo primero que deberían hacer los constituyentes es rechazar el documento”, comenta Ignacio Marván. “Partieron la discusión en ocho comisiones; no va a haber un dictamen general sobre el proyecto. Con esa dinámica se aprobará por partes y eso no garantiza que salga algo más coherente”. Coincide Valeria Moy: “No basta con cambiar algunos artículos; hay que volverla a hacer. Tiene problemas serios, puede reventarnos en la cara en términos de recursos”. Por su parte, Marcela Trujillo piensa que el proyecto si puede cambiar, siempre y cuando se tome en cuenta que la Constitución no es la última parte del trabajo. “Pensar así sería dejar las cosas incompletas”.
Así va la historia de un documento que nadie necesitaba, pero que puede afectar duramente a la ciudad, si queda tan mal como se aprecia hasta ahora. Aunque, viendo los ánimos entre los constituyentes consultados, este documento no va a pasar sin una cirugía mayor.
Con información de Ana Lydia Valdés.
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