Los momentos clave de la primera audiencia de Emilio Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, fue vinculado a proceso la noche del martes por ser presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó que se le mantuviera en prisión, por lo que, cuando el exfuncionario sea dado de alta del hospital donde convalece, se mantendrá solo con vigilancia policíaca y portando un brazalete electrónico que él mismo pagará.

La modalidad del delito por el que se le vinculó a proceso a Lozoya es la de haber adquirido un bien inmueble, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, con conocimiento de que los recursos utilizados para ello procedían de una actividad ilícita. Específicamente se trata de tres millones cuatrocientos mil dólares que le habría transferido Alonso Ancira, dueño de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados de Altos Hornos de México.

El juez de control federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, le advirtió al extitular de Pemex que tiene prohibido salir del país, para lo cual le solicitó que entregara su pasaporte y visa. Además, el togado le impuso a Lozoya Austin la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte.

Estas medidas cautelares, que le evitan la prisión al exfuncionario, serán por todo el tiempo que dure el proceso, mismo que podría llegar a su fin hasta 2021, pues el juez le otorgó a la Fiscalía seis meses más para que pueda realizar la investigación complementaria del caso.

Cambio de favores

Según los datos de prueba expresados por el Ministerio Público Federal en la audiencia de imputación, Lozoya habría recibido el equivalente a 34 millones de pesos del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien luego se benefició con la venta que este le hizo a Pemex de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

A pesar de que el mismo Lozoya Austin argumentó no ser culpable de los hechos delictivos que se le imputan, su defensa decidió no combatir la petición de la Fiscalía en cuanto a la vinculación a proceso, y de igual forma, los abogados del exfuncionario, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, dijeron estar de acuerdo con las medidas cautelares que se le impusieron a su cliente.

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La cuenta suiza

El Ministerio Público Federal detalló en la audiencia que Emilio Lozoya Austin fue beneficiario de la empresa Tochos Holding Limited desde el 1 de julio de 2003, hasta el 28 febrero 2012, en esta última fecha el hoy exfuncionario cedió los activos de la firma a su hermana Gilda Susana, quedando esta como única beneficiaria del consorcio, y de la cuenta bancaria abierta a nombre de esa persona moral en un banco en Ginebra, Suiza.

Entre los meses de junio y noviembre de 2012, Alonso Ancira, quien se encuentra en arresto domiciliario en España, transfirió tres millones cuatrocientos mil dólares de Altos Hornos a la cuenta suiza de Tochos Holding Limited, a pesar de que la compañía mexicana no tenía ninguna relación comercial con el consorcio del que había formado parte Emilio Lozoya.

Ancira, a través de Altos Hornos, habría utilizado al sistema financiero mexicano para enviar los recursos desde una sucursal en Monclova, Coahuila. Las transferencias presuntamente se hicieron en varias parcialidades, totalizando el equivalente a 34 millones 234,000 pesos que, posteriormente, le sirvieron al exdirector de Pemex para comprar una casa-habitación en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Ese inmueble era propiedad de una mujer que recibió el pago de la transacción a través de transferencias que le realizó la hermana de Emilio Lozoya. La FGR asegura que el exfuncionario adquirió ese bien para ocultar el verdadero origen de los recursos recibidos de Ancira, a cambio de beneficiar al empresario a través de Pemex.

Posteriormente, en 2013, ya siendo director de la petrolera mexicana, Lozoya alentó al Consejo de Administración de la paraestatal para que autorizara la compra de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que se ubica en Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

La petrolera adquirió ese complejo por 655 millones de dólares, de los cuales 455 millones fueron para cubrir los activos de la planta, y otros 200 millones de dólares para su rehabilitación y modernización.

Al revisar la adquisición, dijo el Ministerio Público, se determinó que 60% de los activos de Agro Nitrogenados debían ser reemplazados. De hecho, una empresa nueva habría tenido un costo de entre 200 a 300 millones de dólares.

Con esto, la FGR concluyó que el extitular de Pemex “adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito”, porque en fechas anteriores, presuntamente hubo un acuerdo entre Lozoya y Alonso Ancira, para que el primero, ya siendo director de la petrolera, “promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva”, con un precio muy superior a su valor real.

Presiones e instrumentalización

La defensa de Emilio Lozoya reiteró ante el juez que su cliente no es responsable de los delitos que se le imputan, aunque aclaró que han solicitado al Ministerio Público la aplicación de un criterio de oportunidad, el cual aún se está “edificando” con la Fiscalía.

“En el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder, que se alejó del derecho, de cara a la comisión de hechos como los referidos” por la Fiscalía, apuntó la defensa de Lozoya.

En ese tenor, el mismo exdirector de Pemex le dijo al juez que ha sido “sistemáticamente intimidado, presionado (e) instrumentalizado”, por lo que en su momento denunciará y señalará “a los autores de estos hechos”. Emilio Lozoya reiteró ante el juzgador su “compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.

El objetivo del criterio de oportunidad en favor del exdirector de Pemex, le permitiría liberarse de alguno o de todos los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República, a cambio de proporcionar información al Ministerio Público, aunque esto primero debe ser aceptado por la FGR, y luego contar con la autorización del juez de la causa.

De igual forma, para obtener ese beneficio, Lozoya debe aceptar su responsabilidad en los delitos, y garantizar el pago de los daños que estos ocasionaron.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.