Los enredos de las investigaciones de la Cofece
La nueva Comisión Federal de Competencia Económica enfrenta diversas vicisitudes que podrían ser resultado de una curva de aprendizaje respecto a los alcances de sus facultades.
Las reformas en materia constitucional del año 2013 dieron vida, entre otros entes de la administración pública, a la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, la cual sustituyó a la combativa pero poco efectiva Cofeco que, si bien marcó las pautas del combate contra las prácticas antimonopolios, tan sólo pudo hacer efectivas para el Estado, según las estadísticas del propio organismo, el 30% de las multas que impuso a los entes económicos.
Los nombres de destacados personajes de la economía y del comercio internacional, como Fernando Sánchez Ugarte y Eduardo Pérez Motta, dieron movilidad y prestigio a una figura antimonopolios sin la capacidad jurídica y estructural para hacer frente a los grandes actores preponderantes del mercado, materializados estos en marcas como Telmex de Daniel Hajj o Coca Cola de Manuel Arroyo, quienes llegaron a convertirse en los principales enemigos de la Comisión.
Aunado a lo anterior, la composición y funcionamiento de la extinta Comisión Federal de Competencia la colocaba en los procesos de investigación como “juez y parte” en cada uno de los casos, pues correspondía a la misma estructura de la dependencia tanto los procedimientos de análisis y evaluación de los mercados como la calificación final del escenario y la declaración de prácticas violatorias de la Ley.
Es por todo lo anterior que la reestructuración del organismo, además de fortalecer con herramientas y “dientes” al ente encargado de regular los mercados, tuvo en realidad dos objetivos prioritarios: 1) dotar a la naciente Comisión de Federal de Competencia Económica (Cofece) de la Unidad Investigadora independiente al pleno de Comisionados y 2) librar a la nueva dependencia del mayor peso pesado que se encontraba en el ring, pues se transfirió la regulación del mercado de las telecomunicaciones al Ifetel de Gabriel Contreras, instituto que es ahora el encargado de lidiar con las empresas de Carlos Slim.
Organismo en desarrollo
A casi cuatro años de operar bajo sus nuevas circunstancias, la Cofece, que hoy preside Alejandra Palacios, enfrenta diversas vicisitudes que podrían ser resultado de una curva de aprendizaje respecto a los alcances de sus facultades, por lo que los actores económicos y diversos representantes de la propia administración pública consideran a la figura antimonopolios como un organismo en desarrollo.
Por ejemplo, las investigaciones que la Comisión ha realizado en los últimos meses en los mercados relacionados con logística y transporte han levantado sospechas entre los personajes involucrados en el sector, quienes señalan que la entidad, enfundada en sus nuevos “dientes” y atribuciones, se ha extralimitado en sus funciones hasta el grado de auto asumirse como regulador de actividades que corresponden a la SCT de Gerardo Ruiz Esparza.
Tal es caso de las indagatorias realizadas en torno al transporte marítimo y ferroviario, donde se señala, de entrada, que las presunciones de prácticas anticompetitivas realizadas por el anterior titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena, quien renunció en el mes de junio al mencionado cargo, fueron presentadas a la opinión pública como dictámenes concluyentes, cuando el proceso de dictaminación es una facultad exclusiva del pleno de la Cofece.
Hablamos específicamente de la investigación por presunta ausencia de competencia efectiva en los servicios ferroviarios de interconexión, derechos de paso y de arrastre, la cual se inició el 2 de septiembre de 2016 a petición de la Línea Coahuila Durango S.A. de C.V., empresa concesionaria de una vía corta cuyos propietarios son, a partes iguales, Alberto Bailleres de Grupo Peñoles y Alonso Ancira de AHMSA.
Cabe destacar que en este caso Kansas City Southern de José Zozaya denunció conflicto de interés en los procedimientos, toda vez que se detectó que uno de los integrantes del Consejo de Administración de Grupo Peñoles, Roberto Palacios Prieto, es hermano de la presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, quien a pesar de excusarse y desmarcarse de la investigación ferroviaria no pudo evitar la suspensión de la misma.
Más decisiones impugnadas
En el tema del transporte marítimo de pasajeros, destaca el caso de las compañías Ultramar Aquaword de Germán Orozco, México Waterjets y Transcaribe de Enrique Molina, las cuales brindan el servicio de transporte en la ruta Cozumel-Cancún e impulsan actualmente, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, el juicio de amparo 201/2016, a fin de demostrar la ilegalidad de una multa por 50 millones de pesos impuesta por el organismo antimonopolios.
El reclamo en este caso es que, para establecer en la indagatoria los precios del pasaje y la diversidad de las rutas, la Cofece tomó como parámetro el ingreso al mercado de Barcos Caribe; es decir, la naviera que ha sido asegurada comercialmente por la PGR, de Raúl Cervantes, a petición de la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, por sospecha de haber sido constituida con dinero público por amigos, ex empleados y parientes del ex Gobernador de Quintana Roo y hoy convicto Roberto Borge.
El caso anterior representa un ejemplo claro de que la unidad que encabezara Carlos Mena, y que actualmente dirige Sergio López Rodríguez, enfrentó la indagatoria con superficialidad, pues no tomó en cuenta dentro de sus análisis variables como los subsidios indirectos que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo aportaba a esta empresa y, mucho menos, que los costos en combustible y nómina eran artificialmente bajos.
Por último, se encuentra el caso de los puertos marítimos donde, tras la cancelación del concurso APIVER/TERMULTIPROP-2/5/16 de una terminal de carga general, de contenedores y de automóviles en API Veracruz, que dirige Juan Ignacio Fernández Carbajal, los operadores denunciaron también una excesiva intervención de la autoridad de Competencia Económica. La acusación se centraba en que, para el relanzamiento de la mencionada licitación a principios de junio 2017, la propia Cofece, contra todas las prácticas internacionales, eliminó el rubro de automóviles del contrato final, para colocarse con ello como la responsable de la planeación portuaria nacional.
Más allá de las deficiencias que investigó Cofece sobre el método de licitación de la terminal portuaria en Veracruz, dicen los operadores que la indagación debería enfocarse hacia el exceso de competencia y capacidad instalada en el puerto, pues una baja rentabilidad para las empresas podría poner en riesgo una inversión que alcanza los 70 mil millones de dólares.
El autor es periodista con 20 años de experiencia en los medios de comunicación y especializado en finanzas.
Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.
Julio Pilotzi Periodista con 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Colabora actualmente en ADN 40 de Televisión Azteca. Su columna Split Financiero ha sido publicada en la Sección de Finanzas del periódico, Capital de México, El Sol de México, actualmente en Diario 24 Horas y El Economista.