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Los 5 ‘misterios sin resolver’ tras la destitución de Santiago Nieto

El Senado tiene la facultad de objetar el cese del funcionario y restituirlo en el cargo, sin embargo, hay varias dudas en torno a este caso.

23-10-2017, 4:48:27 PM
santiago nieto

La remoción de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no solo es un problema de ética, como lo señaló la Procuraduría General de la República en el comunicado que dio cuenta de la destitución, en realidad el conflicto rebasa incluso el ámbito jurídico y se revela como un complejo intríngulis político, cuya resolución estará a cargo del Senado.

A continuación enumeramos los factores que deberán considerar los legisladores en la Cámara alta, en caso de que voten a favor de la permanencia de Nieto Castillo en la Fepade.

1. ¿Santiago Nieto violó el Código de Conducta de la PGR?

El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, detalló en un comunicado que la remoción del titular de la Fepade se debió a que este “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta” de esa dependencia. Sin embargo, el documento no señala de manera específica cuál fue el apartado de ese código que se habría violentado, aunque todo indica que es el que se refiere a la confidencialidad de la información.

De acuerdo con la Base 12 del Código de Conducta de la PGR, quienes laboran en esa dependencia tienen el deber de mantener la confidencialidad de toda la información de la que tengan conocimiento por razón de su empleo. Aunque el mismo numeral señala que esa obligación tiene excepciones, y una de estas es el interés público que debe privilegiarse de acuerdo con la legislación en materia de transparencia.

En ese tenor, estamos ante la colisión de dos principios: la secrecía y la transparencia. La primera debe observarse para guardar la intimidad y seguridad de las personas, en tanto que la segunda privilegia el derecho de la sociedad a conocer la actuación de las autoridades. En ambos casos se trata de principios que están objetivados en nuestra Constitución, aunque si estos entran en conflicto, como es el caso, toca realizar un “juicio de ponderación” que interprete cuál es el derecho que debe prevalecer.

2. ¿Hay un límite para declarar ante la prensa?

Desde el punto de vista del encargado del despacho de la PGR, las declaraciones que Santiago Nieto ofreció al periódico Reforma, sobre las presiones que el fiscal habría recibido de parte del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, transgreden el deber de confidencialidad señalado en el Código de Conducta referido. Sin embargo, lo dicho por Santiago Nieto no pone en riesgo ni la seguridad ni la intimidad del exfuncionario, toda vez que el mismo Lozoya ha declarado públicamente sobre su defensa en torno al caso Odebrecht.

Es decir, la entrevista otorgada por Nieto Castillo privilegia el principio de máxima transparencia, debido al interés público del tema, justo la excepción a la regla de la Base 12 del Código de Conducta de la PGR.

Como jurista el hoy extitular de la Fepade sabe que al acogerse a este principio no sólo defiende el derecho de la sociedad a estar informada, sino que al mismo tiempo obliga al Senado a pronunciarse de manera inédita en torno a un derecho colectivo que se debe privilegiar, tópico que hasta ahora solo ha sido tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. ¿Transparencia u opacidad?

A juzgar por las reacciones que generó el anunció de la destitución del titular de la Fepade, entre la transparencia gubernamental y la opacidad no hay duda que preferimos la transparencia.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que el cese de Santiago Nieto es “un atentado al Estado de Derecho, la justicia y la democracia en México”. Ese organismo exhortó además al Senado para que, ejerciendo sus facultades, dé marcha atrás a la decisión.

En esa misma línea argumentativa se pronunció Mexicanos contra la Corrupción, colectivo que considera que la salida de Nieto Castillo “se suma a una lista de acciones que han venido vulnerando a las instituciones de procuración e impartición de justicia”. Una posición similar fue expresada por México Evalúa, además de otras organizaciones de la sociedad civil.

De su lado, legisladores del PAN, PRD, PT y Morena, respaldaron a Santiago Nieto, de hecho, el coordinador de Acción Nacional en la Cámara alta, Fernando Herrera, apuntó que esa instancia no esperará el vencimiento de plazos constitucionales para objetar la remoción.

4. ¿El Senado ejercerá su contrapeso?

De acuerdo con el artículo decimo octavo transitorio de la reforma a la Constitución en materia político electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, el titular de la Fepade, nombrado por el Senado después de esa reforma, debía durar en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2018.

Ese mismo numeral establece que el Fiscal para la Atención de Delitos Electorales puede ser removido libremente por el procurador general de la República, aunque el Senado tiene la facultad de objetar esa decisión con “el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores”.

La objeción de la Cámara alta debe realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes al cese del titular de la Fepade, por lo que -si se alcanza la mayoría simple que mandata el artículo transitorio mencionado- Santiago Nieto deberá ser restituido en el ejercicio de sus funciones.

Se trata de un contrapeso legislativo sobre una determinación de un órgano del Poder Ejecutivo, como lo es la PGR. Es una facultad que contemplan nuestras leyes, aunque hasta ahora no ha sido ejercida por los senadores en ningún otro caso, de ahí la importancia de la decisión, y las implicaciones políticas que sin duda se presentarán si Santiago Nieto retoma su labor como fiscal.

5. ¿En qué queda el caso contra Emilio Lozoya?

La Fepade investigaba a Emilio Lozoya porque, de acuerdo con información periodística, este presuntamente recibió recursos de la empresa brasileña Odebrecht, los cuales habrían sido desviados a la campaña presidencial de 2012.

La semana pasada, Santiago Nieto dijo al diario Reforma que el extitular de Pemex lo había presionado para que lo exonerara del caso. “Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia”, apuntó el entonces titular de la Fepade.

Al respecto, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, enfatizó que no existen esas presiones. “Es falso, en ningún momento se pide impunidad, se pide aclaración”, dijo el letrado en una entrevista radiofónica.

Si el Senado restituye en su puesto a Santiago Nieto, este deberá concluir la investigación que llevaba a cabo, y para ello hay dos escenarios: La Fepade puede ejercer acción penal en contra de Lozoya, si comprueba que este transfirió recursos a la campaña presidencial, o en su defecto, cerrar el caso por falta de elementos. Cualquiera de estas alternativas será una polémica jurídica y política.

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