¿Llegó el fin de los (eternos) líderes sindicales?
Lo que surgió como una propuesta para reducir el rezago en materia de justicia, podría hacer que el fin de los líderes sindicales esté cerca. Te contamos de qué se trata.
Hace ocho años tomaron la determinación de no solo ser la disidencia, sino convertirse en un movimiento interno que fuera tomando fuerza y representatividad. Actualmente se denominan “Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo” y tienen claro que pueden ser la opción que requieren los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y destituir a Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con más de 23 años en el poder.
“Antes era imposible pensarlo; hoy, con la reforma a la justicia laboral (por ser aprobada en los Congresos locales), que incluye el voto libre y secreto en las organizaciones sindicales, existe la posibilidad de disputar la dirigencia y poner fin al cacicazgo de quienes buscan eternizarse y dañan el patrimonio de los trabajadores”, dice Miguel Arturo Flores Contreras, líder del movimiento.
Lo que en principio surgió como una propuesta encaminada a reducir el rezago en materia de justicia, tomó un nivel de mayor transcendencia: transparentar la contratación colectiva que se da entre patrones y sindicatos, así como la manera como se eligen las dirigencias y se pelean los Contratos Colectivos Trabajo (CCT) de las nuevas inversiones nacionales o extranjeras en el país.
Para abogados, trabajadores, líderes sindicales, académicos y legisladores, esta reforma tuvo su origen en el extranjero: fue requisito para que México fuera incluido en la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), lo que obligó al gobierno mexicano a impulsar cambios a la Constitución referentes a la contratación colectiva.
Así, el Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores una propuesta de Reforma constitucional para sustituir las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que hasta la fecha son las encargadas de resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, por tribunales laborales dependientes del poder judicial, tanto federal como local, de acuerdo con sus respectivas competencias.
Habrá competencia sindical
“Con estos cambios únicamente sobrevivirán los que realmente representen a los trabajadores”, dice Alfonso Bouzas, académico de la UAM.
Y es que ahora serán los trabajadores quienes decidan si quieren o no pertenecer a un sindicato, pero también si quieren a ese líder sindical como su representante para llevar a cabo las gestiones de negociación con la empresa.
Los expertos coinciden en que el mayor logro de la reforma está en la eliminación de las prácticas de extorsión a través de emplazamientos a huelga injustificados por firma de contratos colectivos de trabajo y de los “contratos de protección”, lo que dará oportunidad a una mayor libertad sindical y de contratación colectiva.
La gran incógnita: los recursos presupuestales
Lo que aprobó el Congreso de la Unión es un mundo laboral ideal: sindicatos con verdadera representación, trabajadores que votan libremente por sus dirigentes; juicios laborales que, en principio, buscan como regla de oro la conciliación para que rápidamente sea resuelva el conflicto; además de una autonomía a la hora de impartir justicia, dejando atrás el tripartismo y dotando al Poder Judicial de todas las atribuciones.
Sin embargo, a este modelo aún le falta mucho por recorrer. Se estima que el cambio constitucional conforme a su segundo transitorio se fija el término de un año para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados realicen las adecuaciones correspondientes y, terminado ese tiempo, todos los asuntos sean atendidos por los nuevos tribunales y las juntas desaparezcan.
Además, en la legislación reglamentaria se deberán diseñar nuevas normas sobre contratación colectiva, institución fundamental para lograr conciliar un modelo laboral justo, con el uso racional de los recursos humanos.
Otro asunto de importancia es que se reglamente de manera adecuada la participación de los trabajadores mediante votación secreta en la firma de los contratos colectivos, con emplazamiento a huelga o sin él, y “deberá definirse un procedimiento apropiado para impedir la extorsión a empresas, pero también para propiciar que los trabajadores puedan gozar de este derecho”, añade Arturo Alcalde Justiniani. Asesor en materia jurídica laboral.
El tema presupuestal es un factor determinante. A escala federal, en el presupuesto de 2017 están considerados 779.8 millones de pesos (mdp) para 35 juzgados de distrito de proceso en materia laboral, pero aún falta determinar el costo de esta transición.
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Darlene Rojas, dice que para implementar este modelo se requerirían al menos 1,200 mdp, dinero que no se tiene.
Por otra parte, Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, dijo que hay un interés del sector empresarial por que en los Centros de Conciliación, se contemple una estructura tripartita en sus órganos de gobierno.
Y pese a la negativa de sindicatos corporativos, con el mayor número de contratos en el país, afiliados a la CTM, a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y al Congreso del Trabajo, viene en camino la transformación del sindicalismo y de las relaciones laborales que, bajo la figura de contratación colectiva, han impedido que los trabajadores decidan plenamente sobre sus derechos laborales.
Este es un extracto del texto que la autora escribió para Alto Nivel y que podrás consultar completo en la edición impresa de diciembre. Busca tu revista en los principales puntos de venta, suscríbete en línea o descarga la revista digital. Sigue nuestra conversación en Twitter y Facebook.
