¿Cómo afectará a las tienditas la prohibición de comida chatarra a menores?
Sin soslayar el problema de salud pública asociado con los alimentos de alto contenido calórico, ¿qué impacto tendrán económicamente las restricciones de la venta de estos productos a menores de edad?
Durante agosto ha ocurrido un evento que será un parteaguas en materia de salud pública y en la industria de alimentos. el pasado 5 de agosto, la LXIV Legislatura del estado de Oaxaca, el estado con mayor número de menores de edad con sobrepeso y obesidad, según datos de la entidad, aprobó una adhesión a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta directa de los llamados “alimentos chatarra” a menores de edad.
Como era de esperarse, la aprobación del dictamen generó el rechazo público de las partes integrantes de la cadena de producción y distribución de este tipo de productos que argumentaron en un comunicado que “la prohibición a la venta de alimentos y bebidas votada por el Congreso local afecta a la economía y bienestar de las familias oaxaqueñas”.
Dos semanas después, le siguió Tabasco y, además del veto a menores en la venta de comida chatarra, la reforma también plantea un aumento del 25 por ciento de las tarifas de publicad para los productos e impedir la apertura de restaurantes de comida rápida a menos de 300 metros de centros educativos.
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Al parecer, las iniciativas contra la comida chatarra continuarán a lo largo del país, dado el largo historial de casos de diabetes y obesidad en México y sus efectos, que se han recrudecido con la pandemia de COVID-19.
Sin soslayar el problema de salud pública asociado con los alimentos de alto contenido calórico, ¿qué impacto tendrá económicamente las restricciones de la venta de estos productos a menores de edad?
“Lo que se prohíbe, se promueve”
Entrevistamos a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que aglutina a 100 mil negocios de venta al menudeo de todo el país y que representa el último eslabón de la cadena de distribución de frituras, pastelitos, refrescos, así como bebidas embotelladas.
El representante de los pequeños comercios considera que la prohibición “es una iniciativa que se votó de espaldas a los intereses y a los actores que animan la economía local” y que, en su experiencia, “este tipo de legislaciones nacen muertas, porque están alejadas de la realidad”.
Alertó que, a pesar del escaso margen de ganancia que los llamados “alimentos chatarra” generan a los comerciantes minoristas (tienditas y misceláneas), éstos son “motores de venta” que elevan el ingreso mensual de los negocios. Añadió que la afectación en el estado de Oaxaca es directa e indirecta para casi 70 mil agremiados de la ANPEC, ya que la comercialización de dichos artículos constituye “el 50 por ciento de cada ticket o venta realizada”. Ante un panorama económico de por sí deprimido por el tema de la pandemia, muchos de estos pequeños negocios se verán “más estresados y se les orillará a cerrar”.
Ante las recomendaciones de organismos de salud internacionales sobre evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, Rivera señaló que “el mercado manda” y recomendó a los grandes fabricantes evitar que sus productos sean denominados “alimentos chatarra.”
Lo que nosotros entendemos es que vendemos productos legales que están autorizados por Salubridad, Cofepris, que tienen marca registrada, que pagan impuestos y, por lo tanto, son legales. Si estos productos hacen daño o no, nosotros no somos doctores; lo que sí entendemos es que el exceso es el que hace daño”.
A falta de una alternativa para sustituir los productos vetados con otros de mejor calidad nutritiva que se ajusten al nuevo marco legal, el representante expresó: “nosotros estamos enfocados en el veto a la ley”, con base en la premisa de que “todo lo que se prohíbe, se promueve”.
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Derecho a la salud y ganancias económicas
Al participar en un foro convocado por la organización El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria, la Dra. Gabriela Rodríguez Huerta, del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que en el Derecho internacional “siempre es posible hacer una ponderación” que favorezca a los derechos humanos en general y el interés superior de la niñez en lo particular, por encima de los derechos de propiedad industrial. Lo anterior sin faltar al marco legal vigente ni a los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Añadió que México, como país firmante de éstos últimos, está obligado a establecer medidas de política pública que protejan los derechos de la infancia, entre éstos el acceso a la salud y una vida sana.
En un escenario en el que los argumentos de las partes involucradas son tan distantes, la conciliación de los intereses parece inalcanzable. Por ello, la actuación y firmeza de las autoridades es de suma importancia para lograr el mejoramiento y respeto a la ley, particularmente a lo que mandata el Artículo 4 de nuestra Constitución: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos… Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
La discusión sobre la regulación de la comida chatarra se ha convertido en un juego de suma cero (lo que pierde una parte, lo gana la otra y viceversa), pues polariza a los defensores de los derechos de los consumidores y a quienes velan por la conservación de fuentes de empleo y ganancias asociadas.
Rene Gonzalo Hernández Comunicador y analista. Se ha desempeñado como creador de contenidos para medios tradicionales y online de la IP e instituciones públicas.