EPN, tibio ante implementación de reformas judiciales

Lo que está sucediendo en materia de seguridad y justicia en la administración de Enrique Peña Nieto es una inercia de los sexenios anteriores, cuando se concretaron compromisos y reformas, así que la tarea pendiente del Ejecutivo federal es trabajar en una pronta y eficaz implementación del Sistema Penal Acusatorio y reformas similares, consideraron analistas entrevistados por Alto Nivel.

“A Peña Nieto le toca la implementación de las reformas y debe hacerlo con más dinamismo y liderazgo” dijo Gabriel Regino García, titular del despacho jurídico Regino Abogados, especializado en temas penales.

“Tener una ley sólo es el primer paso, lo importante radica en su implementación, que se hagan las adecuaciones en las instituciones y se se generen los incentivos” agregó Égdar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.

Un ejemplo de esta situación es la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo de acción gubernamental de emergencia que tiene como objetivo enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

“En 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual incorporó la Alerta de Violencia de Género, pero tuvieron que pasaron varios años para su implementación” explicó Cortés.

En julio de 2015 el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, solicitó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios mexiquenses. En esta entidad de 2005 a 2010 se registraron 922 casos de homicidios con características feminicidas.

Édgar Cortés dijo que otros cuatro estados están en proceso de declarar esta alerta, así que esta ley puede considerarse un avance en el combate a la impunidad en delitos contra mujeres, sobre todo si se toma en cuenta que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México se resistió a que esa alerta entrara en vigor.

“Las leyes existen pero avanzan lento por oposición y resistencia de los gobiernos estatales, así que se necesita presión para que se apliquen de manera eficaz y expedita”.

La misma situación se vive en la implementación del Sistema Penal Acusatorio (o Juicios Orales) y en la profesionalización de la policía.

El investigador recordó que una de las promesas de campaña de EPN fue la creación de una policía profesional y confiable, la cual no existe. “No tenemos esa nueva policía y estamos a la mitad del sexenio”. Cortés mencionó que apenas se está aplicando la primera vuelta de los exámenes de confianza, que es sólo una de las tantas piezas necesarias para la creación de una policía profesional.

Los gobiernos estatales, precisó el analista Gabriel Regino, no han contribuido con la implementación eficaz del Sistema Penal Acusatorio o Juicios Orales. “Existe un rezago importante en la mayoría de los estados, pero en algunos como Sonora, donde los recursos federales posiblemente fueron desviados, la situación es preocupante”.

Recordó que la implementación del Sistema Penal Acusatorio empezó hace 10 años, la reforma constitucional que lo vuelve obligatorio a nivel federal data de 2008 y el plazo improrrogable para que funcione es el 16 de junio de 2016.

Los gobiernos estatales han fallado en la correcta aplicación de los recursos, los cuales tienen tres finalidades: capacitación de ministerios públicos, peritos y policías; infraestructura, o sea, la construcción de las salas donde se van a llevarán a cabo los Juicios Orales y la adquisición de tecnología adecuada (cámaras de videograbación y micrófonos ambientales).

“Algunos estados están implementando planes de emergencia para capacitar en 40 horas a más de 300 mil policías en todo el país, lo que es prácticamente imposible y va a resultar contraproducente”, dijo Regino.

Cortés opinó igual. “A la policía se la ha capacitado poco y superficialmente, lo que representa un gran problema, sobre todo ahora que con la reforma están más vinculados al Sistema Penal Acusatorio, sobre todo la policía preventiva, pues regularmente son los primeros en llegar al lugar de los hechos y los encargados de preservar la escena.

“La policía preventiva es la encargada de que no se altere nada, toman datos de posibles testigo, usan cadena de custodia y custodian elementos que puedan ser pruebas, y si esas tareas no se realizan bien se puede caer todo un caso” alertó Cortés.

Competencia recurrente, un futuro dolor de cabeza

Regino García mostró preocupación por los cambios en la ‘competencia concurrente’, término que hacía referencia a la coordinación de los tres niveles de gobierno, pero que ahora significará nuevas tareas para los estados.

“Cuando se convierta en ley, los estados se enfrentarán a delitos que no conocían porque eran del ámbito federal; lo que se busca con esta medida es utilizar de manera más efectiva los recursos que tienen los gobiernos estatales en el combate a la criminalidad, lo que implica que habrá una mayor carga de trabajo para los estados en la investigación y en la judicialización de delitos”.

A Guerrero, ejemplificó, que tiene cierta carga de trabajo por homicidios y desapariciones, se le sumarán los delitos federales como portación de armas y narcotráfico.

“Esa solución no es la adecuada, pues con ella el gobierno federal deja escurrir hacia los estados una gran cantidad de actividades no atendidas en un afán de corresponsabilizarlos, por lo que creo que este tema de la competencia concurrente es algo que va a representar muchas cargas de trabajo en los siguientes años”.

Castigar a políticos corruptos, la clave contra el narco

Sobre el combate a la criminalidad, el también profesor de la UNAM dijo que es un fenómeno que debe atenderse bajo esquemas diferenciados porque la delincuencia organizada y la delincuencia urbana son distintas.

“Una preocupación que hemos compartido analistas y distintos sectores sociales es que la Subsecretaría de Prevención del Delito, que depende de la Secretaría de Gobernación, no ha realizado un trabajo constante en prevención delictiva, porque no es lo mismo prevenir el narco que el robo a transeúntes”.

Gabriel Regino lamentó que el combate al crimen organizado sirva de pretexto para justificar despliegues militares en determinadas entidades, para perseguir a opositores políticos e inclusive para exigir más recursos. También destacó que la única clave para atacar al narcotráfico es empezando por la clase política que está vinculada a esos grupos delictivos, pues eso es lo que permite que la delincuencia organizada tenga poder y relevancia. “Mientras no se sacuda a la base política con investigaciones sólidas, autónomas y debidamente judicializadas el crimen organizado no se va a resolver con más soldado, ni con tanquetas en las calles, ni más ceferesos ni reformas judiciales, pues los factores que inciden en el crimen organizado es el empoderamiento económico de quienes desempeñan un servicio público u ostentan un cargo político. Eso es innegable” dijo el analista.

En cuanto a la criminalidad urbana (robo a negocios, asaltos en la vía pública) opinó que deben generarse esquemas de planeación de intervención policial más eficaces, así como más apoyos educativos, culturales y deportivos para que sea una estrategia integral. “El trabajo que le queda a esta administración tanto en el tema de justicia penal como en el de seguridad es enorme”.

Sobre la justicia cotidiana, Gabriel Regino consideró que paulatinamente se transitará a un esquema de oralidad con la finalidad de acceder no sólo a procesos más rápidos sino a soluciones más eficaces. “Esa modalidad ya está operando en el ámbito mercantil y quizá al término de la administración de Enrique Peña Nieto la justicia cotidiana se dirima con acuerdos, negociaciones, conciliaciones y procesos exprés, lo que será muy beneficioso para la sociedad e, inclusive, para la economía del Estado”.

Ley General de Víctimas, una vieja deuda

Sobre la Ley General de Víctimas, el abogado dijo que la víctima siempre había estado olvidada en el drama penal y poco a poco se han generado instrumentos y herramientas que están buscando que se le dé la protección que se le había negado desde hace tiempo.

“Pertenecemos a una sociedad que considera la cárcel como la solución a todos los males, incluso las propias víctimas interpretan el encarcelamiento del delincuente como la verdadera justicia y no es así porque el delito deja secuelas que van desde la emocional, la física y la patrimonial” explicó.

La Ley General de Víctimas en conjunto con el Sistema Penal Acusatorio están privilegiando que la persona que cometió cierto delito como robo, fraude o abuso de confianza evite el juicio tras la reparación del daño.

Otros delitos permiten que haya acuerdo entre las partes para evitar una profundización del problema y unos más, como homicidio, secuestro y narcotráfico, requerirán prisión, pero para los dos primeros la Ley General de Víctimas establece herramientas para que los ofendidos puedan recibir por parte del culpable o del Estado una compensación por el daño sufrido.

Los avances

Para Édgar Cortés, la implementación del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que arrancó en los últimos meses del gobierno calderonista pero ha sido desarrollada en esta administración, es un avance relativo. “El asunto progresa con lentitud, sobre todo por el tema de la impunidad, tarea que cae en manos de las procuradurías y tribunales”.

Para Édgar Cortes el desempeño de Enrique Peña Nieto es muy similar al de sus antecesores panistas, así que no cree que se vean los resultados que la sociedad demanda. El especialista destacó que este gobierno ha aplicado las mismas estrategias que los gobiernos anteriores, como el uso de fuerzas armadas para combatir la criminalidad, dejando atrás la profesionalización de la policía y tolerando la impunidad.

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