¿Por qué le dimos millones de pesos a los partidos políticos?

Lo que vamos a ver en los próximos días es cómo se discute sobre en un pedido que nos ahorraría 6,700 millones de pesos para el próximo periodo electoral 2017-2018. Si se le pregunta a los mexicanos, es muy posible que la mayoría estaría en favor de dejar de financiar a los partidos políticos, más si se trata de destinar ese dinero a ayudar a los damnificados por el sismo y otras necesidades de reconstrucción urgente para el país.

Esta idea es muy buena… ¿o no?

Sin embargo, no podemos olvidar el largo camino en la búsqueda de equidad en la competencia entre partidos políticos para tener una mejor democracia, lo que desencadenó este proceso que culminó en un Instituto Nacional Electoral (INE) gigantesco y un financiamiento millonario a los partidos.

El objetivo, para ponértelo en corto: combatir la enorme ventaja en recursos financieros, materiales y humanos que el partido dominante gozaba desde fines de la Revolución Mexicana. Con su extendido poder corporativo, que abarca centrales obreras y campesinas, infinidad de asociaciones civiles y profesionales y estudiantiles, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo como partido, era el gigante que se interponía entre la democracia plena y los mexicanos. A ello, sin embargo, había que agregar el enorme poder que tiene por ser al mismo tiempo gobierno en la mayor parte del país. Gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, magistrados y jueces engrosaban (y aún lo hacen) las filas y, en la mayoría de los casos, las arcas del Revolucionario Institucional.

Los métodos para acarrear dinero desde el gobierno hacia el partido o sus campañas pueden ser desde la simple contribución (voluntaria o no tanto) de los militantes, hasta diversos esquemas de corrupción o franco asalto a las finanzas públicas.

Si queríamos una democracia multipartidista había que minar esta montaña de poder y dinero, pedazo a pedazo, hasta debilitarla definitivamente. Este camino lleva 50 años y todavía no culmina.

Según recoge en un artículo sobre el tema el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernal Moreno, las primeras prerrogativas a partidos políticos se remontan a 1962-1963, cuando se le concedió la exención de impuestos.

De ahí pasamos a 1973, cuando el presidente Echeverría les concedió franquicias postales y telegráficas así como acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, los partidos eran muy pocos: hablamos del Partido Acción Nacional (PAN), pero también del PPS y PARM, que eran más bien satélites del PRI.

El gran colmo vino en las elecciones de 1976, cuando ni siquiera el PAN presentó candidato en contra del ungido José López Portillo. Pero fue entonces que, con Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, se dio en 1977 la primera gran apertura del sistema político mexicano. En aquel año se concedió el registro a partidos que antes sólo podían vivir en la clandestinidad, como el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano, y también se dispuso que recibieran por primera vez financiamiento por parte del Estado.

Pasarían 10 años, hasta 1987, antes de que se establecieran métodos formales de cálculo para asignar dinero a los partidos y para, por cierto, pedirles a través de la ley que rindieran cuentas por ello. Pero las reformas seguirían dándose: en 1990 (ya con Carlos Salinas) se crearon el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y en 1993 se terminó de formar un sistema en donde el dinero privado sería siempre minoría, y abundarían las restricciones a empresas y cualquier otra entidad gubernamental para hacer donativos a los partidos, incluyendo por supuesto las donaciones de incógnito, que fueron prohibidas.

¿Qué se buscaba con todo esto?

1. “Nivelar la cancha” para la contienda política, de manera que aún las facciones más pequeñas tuvieran forma de promover su propuesta a los mexicanos. El principio es que los partidos son de interés público, y que por ello debe darse financiamiento a aquellos que vayan creciendo en el ánimo de la ciudadanía.

2. Evitar que las empresas y personas físicas con más recursos ejercieran más influencia sobre los candidatos y partidos que la gente sin dinero, algo notoriamente importante en un país tan desigual.

3. Prevenir que a los partidos llegara dinero del crimen organizado, gobiernos extranjeros o alguna asociación perniciosa para la sociedad.

Razones, como se puede ver, existían. Sin embargo, este sistema tiene problemas, que hoy son evidentes:

1. Al ser una entidad pública, el partido pierde su esencia como una asociación de particulares y se aleja de la militancia, casi sin remedio.

2. En México esto llegó al extremo de que diversos partidos se convirtieron en negocios familiares, con “dueños” y beneficiarios de los fondos públicos, con el único objetivo de obtener la votación mínima para seguir funcionando.

3. En la carrera por el dinero público, se perdió cualquier proporción, de manera que pareció natural que los partidos manejaran fondos siempre crecientes, que pronto ascendieron a miles de millones de pesos.

4. Se organizó una verdadera “industria” de firmantes y militantes, en la cual sindicatos o asociaciones comenzaron a cobrar por la firma de sus afiliados para lograr el registro de nuevos partidos y asociaciones políticas. Una inversión que bien valía la pena para quien quisiera depender del presupuesto por los siglos de los siglos.

5. Y, muy importante para formar un juicio, no se evitaron, de todas maneras, el tráfico de influencias y el financiamiento de dinero mal habido, si bien estos “donativos” tienen que permanecer cuidadosamente escondidos y lavados mediante complicados esquemas, que limitan su eficacia.

Todos estos problemas podrían desaparecer de un plumazo si, como prometen algunos partidos, se logra cancelar el 100% del financiamiento público. Sin embargo, y lo advertimos, esto marcaría el regreso del escenario previo 1987.

1. Es evidente que el PRI y su estructura militante, así como sus funcionarios públicos en ejercicio, podrá no sólo sobrevivir, sino aún prosperar en un ambiente sin financiamiento público formal.

2. El dinero tendrá que venir de algún lado, así que entenderíamos que los donantes privados volverían a ser predominantes en el financiamiento a partidos. ¿A qué intereses responderán los políticos entonces? A quien les pague más, sin duda.

3. Dentro de esa nueva corriente de dinero, se volverá aún más difícil evitar la llegada de dinero sucio, proveniente del crimen organizado o cosas peores (y las hay).

En resumen, estamos escogiendo entre dos males. La tercera vía, la propuesta de López Obrador y Morena, tampoco es muy afortunada. El famoso fideicomiso con 20 o 50% (dependiendo de a quién le pregunten) de las prerrogativas de Morena se traduciría peligrosamente en un acto de campaña, cada vez que de aquí salgan fondos para apoyar a damnificados. Ojo, lo que propone este modelo es que el partido no perdería el control sobre el dinero, por más que participen “independientes” en la administración.

¿Qué alternativas pueden darse a estos escenarios? Hoy que hablamos tanto de innovación, aquí hay todo un paquete para los mexicanos.

 P.D.: Ni modo, los spots deben seguir

Una manera de mitigar esto, muy importante, es que se mantengan las prerrogativas en radio y televisión para partidos políticos. Es decir su acceso gratis a la “spotiza”, como le hemos llamado con burla y un tanto de desesperación al bombardeo en medios de comunicación.

¿Porqué? Aunque es sabido que aún con tantos fondos los partidos no dejan de buscar formas de allegarse más dinero, puede establecerse que los anuncios en radio y TV bastan y sobran para hacer una campaña política. También, se daría cierto “piso parejo” a los partidos pequeños o en ciernes, sin costo adicional para el Estado. Las televisoras y radiodifusoras pagan con su tiempo.

https://www.altonivel.com.mx/esta-es-la-ruta-de-los-politicos-para-devolver-recursos-por-el-sismo/

Jorge A. Monjarás Periodista