Violencia en 2019 superó récords. ¿Se repetirá la historia en 2020?
No nos podemos acostumbrar a que la seguridad pública se descomponga cada vez más rápido, a que sucedan cada vez más tragedias provocadas por la violencia.
2019 fue el año más violento en toda la historia del país desde que se tiene registro. Hace algunos meses los datos sugerían que, de continuar la tendencia, eso sucedería y el 2019 sería catalogado como un año desastroso en materia de inseguridad, criminalidad y violencia. Así pues, iniciamos un 2020 y una nueva década con el trago amargo de haber presenciado el cumplimiento de ese desalentador pronóstico.
En términos empresariales, en los primeros ocho meses del 2019, según cifras del SESNSP, se contabilizaron 75,460 carpetas de investigación por robo a negocio. Esta cifra tuvo un aumento de 8% con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se abrieron 69,858 carpetas de investigación por el mismo delito y es ya conocido que 2019 terminó peor que como comenzó.
Otra manera de ejemplificar esto es a través de uno de los sucesos que más han lastimado a nuestra sociedad, pues hay que señalar que se contabilizaron 29,574 homicidios tan solo de enero a octubre de 2019, cifra que en 10 meses superó las 28,868 víctimas que se registraron en todo el 2018.
Las estadísticas también muestran que junio de 2019 fue el mes con más homicidios (3,000 víctimas) y los estados que más violencia sufrieron en los primeros 10 meses del año fueron Guanajuato con 2,877; Estado de México con 2,453; Baja California con 2,488; Chihuahua con 2,182; Jalisco con 2,274; y Guerrero con 1,555. Con estos datos alcanzamos los 100 homicidios al día, por lo que México necesita un cambio de rumbo urgente en materia de seguridad.
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El tema sensible de los homicidios es solo uno de los muchos sucesos negativos que están ocurriendo en nuestro país en materia de inseguridad, ya que también se están registrando incrementos importantes en los índices de secuestro, abuso sexual, robos, fraude y extorsiones.
Al mismo tiempo que crece la vulnerabilidad de la ciudadanía ante la inseguridad, hay que insistir en que se está relajando la capacidad de asombro de las personas, percibiéndose como algo cotidiano donde gobierna la injusticia. No nos podemos acostumbrar a que la seguridad pública se descomponga cada vez más rápido, a que sucedan cada vez más seguido tragedias, como la ocurrida a la familia LeBarón, por mencionar un caso reciente.
Los mandos policiacos estatales y municipales deben egresar de un Colegio Nacional de Policía y se debe establecer un proceso de profesionalización para que dichos mandos pertenezcan a la Guardia Nacional, de tal manera que sea una carrera de largo plazo y no meramente política, mientras duren en el cargo los presidentes municipales o gobernadores.
La problemática más crítica es el claro contubernio del crimen organizado con las policías estatales y municipales, que en el mejor de los casos son ineptos y, en la mayor parte, corruptos, los cuales generan con su corrupción un clima caótico donde prevalece el derecho de piso y la impunidad. Ya no es posible continuar así y que sigamos pensando que la Guardia Nacional va a resolverlo todo. Mientras no se insista en que todos los mandos policiacos del país dependan de la Guardia Nacional, egresen de un Colegio Nacional de Policías, como lo mencioné anteriormente y estén certificados, no va a haber resultados.
México necesita institucionalizar el protocolo de seguridad pública a nivel nacional con un solo cuerpo, pero que funcione y sea eficiente, debido a que llevamos 35 años sin resultados en la lucha contra el crimen organizado; problema que no es solo de este gobierno ni se originó exclusivamente en la época de Calderón, como algunos suponen.
El número de elementos actuales y proyectados son insuficientes para atacar el problema tan grave que tenemos en todo el país. En términos empresariales y mientras el gobierno federal se reorganiza para desarrollar una mejor y más amplia estrategia en el combate al crimen organizado, es necesario que la seguridad privada, que coadyuva desde su área de acción con la seguridad pública, continúe desarrollando su función sustantiva de salvaguardar el buen funcionamiento de las empresas, sus bienes, su logística y distribución, sus empleados y su patrimonio.
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