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Estos son los cambios fiscales para las empresas en 2020

03-01-2020, 6:00:14 AM Por:
Fiscal
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En términos generales, en 2020 no habrá nuevos impuestos para las empresas ni aumento en sus tasas. Lo que sí veremos es mayor rigurosidad al observar la actividad de las empresas, con una óptica meramente recaudatoria, y fuertes castigos para los evasores fiscales.

No habrá nuevos impuestos para las empresas ni aumento en sus tasas. Lo que sí veremos es mayor rigurosidad al observar la actividad de las empresas, con una óptica meramente recaudatoria, y fuertes castigos para los evasores fiscales.

Los problemas de fiscalización internacional nunca habían ocupado un lugar tan prioritario en las agendas políticas como hoy. El sistema fiscal internacional, diseñado hace más de un siglo, ha dejado al descubierto una serie de debilidades que generan oportunidades para la erosión de las bases tributarias y el traslado de beneficios (BEPS, por las siglas en inglés de Base Erosion and Profit Shifting), lo que exige decisiones drásticas y determinación por parte de los gobiernos, con el propósito de restablecer la confianza en el sistema tributario internacional y asegurarse de que los beneficios tributen allí donde se desarrollan las actividades económicas y se genere valor.

En septiembre de 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G-20 acordaron dar respuesta a los problemas BEPS, a través de medidas fiscales más rigurosas. Jorge Sánchez Hernández, socio director de Impuestos y Servicios Legales para México-Centroamérica de Deloitte, nos explica este tema y nos habla sobre la dinámica de las leyes fiscales en México.

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AN Jorge, ¿Cuáles han sido los principales cambios fiscales que se han dado en los últimos meses?

En términos generales, no se han propuesto ni aprobado impuestos ni aumento en las tasas de los actuales para el 2020. Se ha comentado mucho acerca del gravamen a las plataformas digitales, las cuales siempre tuvieron que estar gravadas. No hay razón para que estuvieran exentas del pago de impuestos. Había indefiniciones de cómo hacerlo, y en eso se está trabajando ahora.

A nivel global, las leyes fiscales no se han actualizado tan rápido como lo ha hecho el mundo digital. México no es el único país que ha tenido problemas para gravar esta actividad. Ahora se están adoptando las recomendaciones de la OCDE y por eso se están gravando las transacciones de las plataformas digitales, pero en general, como comenté, no hay nuevos impuestos.    

También hay algunas restricciones para que las empresas deduzcan intereses. La propuesta limita a 30% la deducción sobre la utilidad fiscal con algunos ajustes. Esto le llevará a algunas empresas a pagar más impuestos.

Lo que sí es un cambio muy relevante son las herramientas con las que contará la autoridad para castigar a los evasores. Muchos países ricos que conforman la OCDE tienen paraísos fiscales, los cuales sirven para ocultar dinero, lícito o no, y para evadir impuestos. En general, se han usado y abusado de estos paraísos fiscales y ahora todos estos países tienen problemas de recaudación importantes para fondear sus gastos; no es un problema exclusivo de México.

Para tratar de solucionar esta situación, la OCDE creó el proyecto BEPS para regular y limitar el traspaso de utilidades de un país caro fiscalmente a uno barato. Siguiendo la recomendación de la OCDE, los contribuyentes y asesores fiscales tienen que reportar esas prácticas a la autoridad fiscal de manera obligatoria, porque erosionan la base fiscal de un país. Muchos países ya han adoptado estas recomendaciones y otros lo harán a partir de 2020.

El problema que existe en México es que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) quiere que las empresas reporten muchas de sus operaciones, que considera que tienen un beneficio fiscal, no solo por sus transacciones internacionales, sino también por operaciones domésticas. Así, ahora hay que reportar no únicamente las operaciones de un país caro a uno barato, sino todas las que se realizan, incluso entre mexicanos en México, y que a los ojos de la autoridad parecieran mermar la recaudación.

Por ejemplo, cuando una empresa con pérdidas fiscales sea vendida a otro contribuyente, la operación tendrá que reportarse de manera detallada. Las empresas que aprovechan las ventajas que otorgan los tratados fiscales, para evitar la doble tributación, también tendrán que ser reportadas. Seguramente, el SAT revisará con mucho detalle estas operaciones y podría objetar muchas de estas transacciones. 

AN De la mano del BEPS se están dando cambios paralelos importantes en algunas legislaciones.

Efectivamente. Hay cambios en el Código Fiscal que le dan herramientas a la autoridad para recaracterizar una transacción. La autoridad podría considerar que, por ejemplo, una fusión de empresas no se trató de la unión de dos compañías, sino de una venta; por tanto, las obligaciones tributarias serían totalmente diferentes.

También se está llevando la defraudación fiscal a nivel de crimen organizado y para ello se modificó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional. Los cambios buscan que los castigos para los contribuyentes sean más graves y expeditos.   

Yo estoy de acuerdo con esta medida si se castiga a quienes han abusado con facturas “fantasma” o con servicios de outsourcing ilegales y que no pagan impuestos correctamente. Sin embargo, la ley está modificándose de tal forma que queda muy ambigua y muy amplia en definiciones, por lo que se corre el riesgo de que un contribuyente sea castigado con prisión oficiosa (podría ser detenido y sus bienes, incautados) por una diferencia de criterio con la autoridad en la interpretación de la ley.

En lo personal, creo que no se necesitaba cambiar la ley. En el caso de la emisión de facturas falsas, ya existían elementos suficientes para castigar este tipo de prácticas. Lo que realmente se necesita es voluntad para hacerlo.

La ley considera como delito grave la afectación al fisco, cuando el daño al erario sea mayor a 7.8 millones de pesos, pero la práctica debería ser castigada desde el primer peso. Cualquier venta de facturas por servicios inexistentes debería ser castigada; no tendríamos que poner un límite. No se mete en la cárcel a quien mata a más de tres personas, sino a quien mata a una. ¿Por qué hay un grado de tolerancia? ¿Los grandes montos no pueden pulverizarse en facturas pequeñas?

AN En general, ¿Crees que las recomendaciones que ha hecho la OCDE para aumentar la recaudación son las adecuadas para nuestro país?

La OCDE es un organismo integrado por países ricos que tienen una cultura de exportación de capitales. México es de los países más pobres en este “club de ricos” y nuestra naturaleza es ser una economía importadora de capitales; por tanto, el tratamiento no debería ser igual.

AN Ante este panorama fiscal, las empresas tendrán muy poco interés de seguir invirtiendo en el país.

Los inversionistas serios consideran muchos otros factores, además del fiscal. La mala noticia es que esos factores también se están deteriorando. En la manufactura a gran escala (automotriz, aeronáutica y petrolera) tampoco hay incentivos ni inversión en infraestructura, y muchas industrias están muy preocupadas por el suministro eléctrico. Y aunque todavía competimos con mano de obra barata, hay muchas presiones externas para incrementar los sueldos. Cada vez estamos perdiendo más elementos de competitividad.

AN ¿Qué tienen que hacer las empresas el próximo año de cara a esta realidad?

Las empresas que actúan con prácticas fiscales lícitas y transparentes tendrán que ser más cuidadosas y documentar mejor sus operaciones para tener buen soporte y argumentos suficientes de sus transacciones. Es decir, que esas operaciones estén sustentadas en razones de negocio y no por tomar ventajas del fisco.

Todas las operaciones van a ser observadas más rápido y con una óptica meramente recaudatoria por parte de las autoridades. Además, aunque las modificaciones a la ley no son retroactivas, las empresas tienen que considerar que aquellas operaciones que se hayan realizado antes de 2020 y que sigan teniendo consecuencias a partir de ese año y en años posteriores, también tienen que ser reportadas.

Se tendrá que hacer un buen trabajo de “arqueología fiscal” y de memoria, y asesorarse bien sobre cómo se van a documentar estas transacciones. Por su parte, las empresas que adquieren facturas por servicios y bienes inexistentes o las que no pagan correctamente sus impuestos serán susceptibles de ser castigadas de manera muy rigurosa por la autoridad.

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