Acceso ilegal a las armas y falta de control aduanal: los grandes retos del gobierno
Es muy difícil mover cualquier tipo de mercancías de México hacia Estados Unidos, pero es sumamente fácil pasar armas de Estados Unidos a México
El acceso ilegal a las armas en México y la falta de control aduanal, en general, es uno de los retos que debe enfrentar el Gobierno Federal para este 2020, ya que dicha problemática ha superado los protocolos de acción del Estado y agudizado los niveles de inseguridad en el país.
El problema en el control de armas es que es muy difícil mover cualquier tipo de mercancías de México hacia Estados Unidos, pero es sumamente fácil pasar armas de Estados Unidos a México. No hay controles eficaces en el acceso a las mismas.
De igual forma, la Guardia Nacional debe sellar por completo cualquier fisura para el traslado de mercancías ilegales en la frontera con el país del norte, pues el crecimiento del tráfico de armas en México es un problema mayúsculo, con dos millones de armas ingresadas a nuestro país de manera ilegal en las últimas dos décadas, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La situación es apremiante. Basta recordar el tiroteo de hace unas semanas en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, donde un niño con acceso a armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mató a su profesora e hirió a varios de sus compañeros. Más allá de las inquietudes que pueden generar políticas como la de Mochila Segura, los directivos y padres de familia deben ponderar que la seguridad de sus alumnos e hijos es lo más importante.
La introducción ilegal de armas al país, al igual que otros delitos cometidos por el crimen organizado, deben ser abordados por cuerpos de seguridad nacional que establezcan protocolos de acción eficaces, que permitan labores coordinadas y den como resultado un avance efectivo en la lucha contra la violencia y la inseguridad por parte del Gobierno Federal.
La creación sexenal de nuevos cuerpos policiacos es inservible en tanto no se depuren y desaparezcan las corporaciones municipales y estatales, pues son los eslabones más débiles de la seguridad en el país. De nada sirve que generemos una Policía Federal, una Gendarmería o una AFI, creadas en su momento, o ahora la Guardia Nacional, cuando la problemática real son más de 400,000 elementos de las policías estatales y municipales que están en su mayoría coludidos con el crimen organizado o inclusive operando para ellos.
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El haber dejado la seguridad en manos del Ejército fue la mejor decisión, sin embargo, aún no le hemos dado las herramientas necesarias, ni la fuerza jurídica suficiente, ni la capacidad de operación requerida para maniobrar de una manera más rápida.
2019 fue el año más violento registrado en el país, con 34,582 homicidios dolosos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que mientras el gobierno federal no diseñe instituciones de seguridad consolidadas con objetivos a largo plazo, será muy difícil que los niveles de inseguridad y violencia se reduzcan en el país.
Es deber del Poder Legislativo, con mayoría de Morena, proponer un esquema federal de seguridad en el que la Guardia Nacional tome el control en los estados y municipios, absorbiendo las corporaciones policíacas de esas entidades federativas y que, a través de un programa de costo-beneficio, se genere una verdadera reducción en el índice criminal.
Con dicho modelo, cada jefe de la Guardia Nacional que logre objetivos de reducción de la criminalidad en el área que tiene asignada debería tener derecho a un ascenso, implantar en otro municipio el esquema y acceso a un mejor salario.
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