Desaparecer las policías estatales y municipales, clave para reducir violencia
Debe existir voluntad política en el Congreso para depurar y desaparecer de una vez por todas a las policías estatales y municipales, que son ineficientes y corruptas.
Es natural que, ante la incapacidad del Gobierno Federal para combatir la violencia actual y justo después del mes más convulso de los últimos tres sexenios, se haya reformulado el papel de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública. Sin embargo, es prioridad que “se termine de hacer bien la tarea” y, considerando que existe mayoría de Morena en el Congreso, se tenga la voluntad política para depurar y desaparecer de una vez por todas a las policías estatales y municipales, que son ineficientes y corruptas, o nos quedaremos sentados esperando que haya un verdadero cambio en seguridad en el país.
Se van a incorporar aproximadamente 140,000 elementos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a labores de Seguridad Pública, que se suman a los 80,000 elementos de la Guardia Nacional. Por otro lado, existen 400,000 delincuentes, más 200,000 halcones y taxistas irregulares, que se suman a otros 400,000 policías estatales y municipales ineficientes y corruptos en su mayoría que no están funcionando. Un millón de malos contra 220,000 buenos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. La matemática no va a dar y los resultados tampoco.
Es el momento oportuno de hacer que la operación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se haga a través de un protocolo de costo- beneficio con base en resultados en el combate a los delitos para que verdaderamente haya una reducción en el índice criminal. Cada jefe de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que logre resultados a través de este modelo, tendría derecho a un ascenso, bonos, acceso a un mejor salario e implantar en otra zona el esquema.
La Guardia Nacional debe institucionalizarse y tener una visión de largo plazo a través de una figura transexenal, para que así también la profesión sea considerada de manera más seria y profesional, manteniendo a los mandos fuera de los caprichos de los gobernadores y presidentes municipales.
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La falta de institucionalidad y de continuidad de la policía de la CDMX, por ejemplo, con los muchos cambios que ha sufrido desde la época de Miguel de la Madrid hasta la fecha, como las modificaciones de uniformes y hasta de nombre en la administración anterior; así como la misma falta de institucionalidad a nivel federal con la creación y desaparición de instituciones de seguridad pública en cada nuevo periodo presidencial. No hay continuidad, porque en cada sexenio estrenamos nuevas instituciones que luego son borradas de un plumazo por el siguiente presidente para repetir el proceso.
Por otro lado, de acuerdo al Índice de Paz México de 2019, la violencia y la inseguridad impactaron hasta en un 21.3% del PIB. Delitos como el homicidio doloso se han incrementado de forma exponencial, con 34,579 casos en el primer año del actual gobierno, superando en el mismo periodo a administraciones anteriores, pues con Felipe Calderón se registraron 10,427 casos y con Enrique Peña Nieto 21,567, según datos del SESNSP.
El informe también arrojó que el impacto económico de la violencia en el país ha sido casi ocho veces mayor a la inversión pública en materia de salud, que hoy cobra mayor relevancia por la pandemia del Covid-19. A pesar del “Quédate en casa” que se aplica desde marzo, se incrementaron 3.6% los homicidios en el primer trimestre del año; por eso se requiere de un cambio de estrategia y de una mayor inversión que además sea mejor aplicada.
No todo es negro. Es de resaltar, por ejemplo, el bono adicional de un 40% que recibe todo el personal militar y de la Guardia Nacional que está haciendo labores vitales para la población en esta fase de aislamiento, pues es un trabajo de contención doble derivado de un par de problemas “monstruosos” a los que nos enfrentamos.
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