Comienza la guerra contra la Ley de Seguridad Interior
La Ley de Seguridad Interior, que recién entró en vigor, ya tiene la guerra declarada al menos por dos frentes ante la Suprema Corte: por un lado el INAI y por otro los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano.
Diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Morena, y Movimiento Ciudadano, promovieron este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), vigente desde el 22 de diciembre de 2017.
Otra instancia que también impugnará la ley será el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), según un acuerdo tomado por el pleno de esa institución.
En su demanda, que tiene una extensión de 145 páginas, los legisladores señalaron 21 conceptos de invalidez de la norma, con los que se estarían violando al menos 23 artículos de la Constitución mexicana, y nueve de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En específico, los 188 diputados de oposición que demandan la invalidez de la Ley de Seguridad Interior detallan en el ocurso que esta transgrede los numerales 1, 6, 7, 8, 16, 21, 22, 29, 31, 35, 36, 41, 49, 73, 76, 78, 80, 89, 90, 99, 119, 124, y 133 de nuestra carta magna.
De igual forma, se argumenta que esta ley violenta los artículos 1, 2, 5, 13, 14, 16, 23, 27 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese tenor, los diputados consideran que la Ley de Seguridad Interior viola –entre otros- el derecho humano a la integridad física, psíquica y moral de los mexicanos, así como el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, garantizados tanto en la Constitución como en la Convención citada.
En su cuenta de Twitter, el diputado del PRD Jesús Zambrano explicó que la demanda se promueve “en defensa de las libertades y los derechos humanos”. De su lado, el legislador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, apuntó que “cuando el PRI aprobó la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados les advertimos que no cantaran victoria, que la lucha continuaba y que la íbamos a tumbar”.
“Hoy acudimos a la SCJN para presentar la Acción de Inconstitucionalidad y detener la visión autoritaria del PRI”, enfatizó Álvarez Máynez.
En cuanto a la demanda que interpondrá el INAI, ese instituto informó que impugnará los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, debido a que estos vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, previstos en la carta magna.
El artículo 9 de la LSI establece que la información que se genere con motivo de la aplicación de esa norma “será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. A su vez, el numeral 31 mandata a los órganos autónomos, como el INAI, a “proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan” en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.
Por qué cuestionan la Ley de Seguridad Interior
La Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo normar las atribuciones del Ejército en acciones de seguridad, actividades que desde hace 10 años ya vienen realizando las Fuerzas Armadas, a pesar de que no existía una reglamentación específica en la materia.
Sin embargo, la forma en la que se redactaron algunos de sus artículos generó diversas expresiones de protesta por parte de Organismos No Gubernamentales y de legisladores de la oposición.
Incluso el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, advirtió en diciembre pasado de los riesgos que generaría la ley.
Jarab pidió entonces a los legisladores que no se aprobara la norma porque esta utiliza “conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria” de la fuerza del Estado.
Así mismo, agregó, “la legislación permite que las fuerzas armadas actúen de manera autónoma en esta materia”, y no necesariamente bajo la subordinación de los civiles. La ley tampoco establece controles de temporalidad para la actuación del Ejército; no incluye políticas de fortalecimiento de las policías locales; hay una indebida regulación del uso de la fuerza, además de afectaciones a la protesta social.
Requisitos superados
La fracción II del artículo 105 de la Constitución mexicana establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de resolver las Acciones de Inconstitucionalidad, que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general y la carta magna.
Este medio de control constitucional, como se le conoce en términos jurídicos, puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la ley impugnada. En el caso de la LSI el plazo vence el próximo sábado 20 de enero.
Las instancias facultadas para incoar esta acción ante la Corte son el presidente de la República, la Fiscalía General (hoy todavía PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI.
De igual forma, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, o esa misma proporción de senadores, pueden promover ante la Corte una Acción de Inconstitucionalidad en contra de cualquier ley federal que consideren contradice a la Constitución.
La Acción de Inconstitucionalidad presentada este jueves en contra de la Ley de Seguridad Interior cuenta con el respaldo de 188 diputados federales, de 167 que se requerían como mínimo.
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