Javier Duarte, el periodismo de denuncia, ¿y la autoridad?

La gubernatura del priísta Javier Duarte en Veracruz se caracterizó por estar plagada de denuncias en contra del mandatario. Diversas investigaciones periodísticas lo acusaban  -desde el inicio de su mandato- de corrupción, enriquecimiento ilícito, uso electoral de programas sociales y asesinatos de periodistas, hechos por los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió suspenderle sus derechos como militante de dicho organismo político. ¿Es esto un castigo suficiente?

Cuando se hace el recuento de todo el tiempo que tuvo que pasar para que la PGR iniciara las investigaciones en contra de Duarte de Ochoa y para que el PRI suspendiera sus derechos; cuando se cae en la cuenta de cuántas vidas de periodistas tuvieron que sacrificarse (al menos 17 de acuerdo con la organización civil Artículo 19) cabe preguntarse ¿De qué sirve entonces el periodismo de denuncia en México?

En múltiples ocasiones hemos celebrado la democratización de la palabra y la denuncia que se ha ganado gracias a las redes sociales, pero este panorama se ensombrece cuando pese a la denuncia ciudadana y periodística, las autoridades competentes no actúan de acuerdo con sus responsabilidades. Tenemos entonces una sociedad frustrada ante la impunidad del viejo y corrupto sistema priísta.

Ante una secuencia de hechos que parecieran haber estado diseñados para permitir la fuga de uno de los priístas peor posicionados en la actualidad, queda la ensombrecida esperanza que el gobierno federal demuestre capacidad de acción y determinación apartidista para lograr que Javier Duarte no evada los juicios políticos y el castigo a todos los delitos que se le imputan.

Queda también la remota ilusión que los casos de corrupción denunciados entre los propios entes políticos no sólo sean intrigas partidistas ni cacería de brujas para deslindarse previo a algún proceso electoral, como en el caso priísta que busca prevenir un castigo en las urnas para el 2018.

Como ciudadanos nos queda también la memoria de una gestión señalada por atentar con violencia contra la libertad de expresión, hecho que fue muy “fácil” disfrazar de casos de periodistas relacionados con el crimen organizado. “Pórtense bien” dijo el mandatario en su momento a los comunicadores a manera de una advertencia disfrazada.

Para dar seguimiento y actuar ante el caso están no sólo las acusaciones contra el exmandatario, quedan aún cinco periodistas desaparecidos, una entidad con altos índices de delincuencia y una población sumida en la pobreza extrema.

Hoy en día las voces ciudadanas coinciden en clamar una actuación urgente que no se quede en una declaración del secretario de Gobernación para negar acusaciones y prometer una justicia que cada vez parece menos creíble.

Haber dejado huellas dolorosas en un estado, que a la fecha presenta una de las mayores deudas a nivel nacional y que se convirtió durante un sexenio en la entidad más peligrosa para el libre ejercicio del periodismo, es un hecho que de ninguna manera debe olvidarse como tantos otros del pasado reciente en nuestro país.

Es alarmante el nivel de desprestigio e incredibilidad que tiene actualmente el gobierno federal, situación que obliga a preguntarse de qué forma actuaremos en adelante como ciudadanos y como periodistas. Ojalá los hechos recientes no sólo sean uno más que se sume a los múltiples casos de políticos tricolores que fueron presentados como “la nueva generación de priístas”.

*La autora es apasionada de la comunicación y los temas sostenibles. Directora General y fundadora de Comunicación Spread. Publirrelacionista y experta en manejo de crisis.  

Fernanda Ramírez Directora General y fundadora de Comunicación Spread. Publirrelacionista y experta en manejo de crisis.