Ineficiencia y sobrecarga de trabajo debilitan a la justicia penal en México
Las excesivas cargas laborales en fiscalías, juzgados y defensorías públicas aumentan los errores procesales y las investigaciones apresuradas.
La falta de presupuesto, de personal, y la sobrecarga de trabajo en las instituciones de procuración y administración de justicia, son los principales problemas que impiden disminuir la impunidad generalizada que se padece en México, afectándose con ello los derechos de los ciudadanos y de las víctimas, revela un estudio de la organización civil México Evalúa.
Aunque los promotores de la reforma al Poder Judicial de la Federación “aseguraron que esta contribuirá a la reducción de la impunidad, en realidad se ignoraron sus causas y condiciones”, ya que -actualmente- sólo 3.6% de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales llegan ante un juez, precisa el análisis.
Las fiscalías, juzgados y defensorías públicas en los estados enfrentan importantes sobrecargas de trabajo, lo que aumenta las posibilidades de que se generen errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo así el debido proceso.
Por ejemplo, en 2023 cada fiscal o agente del Ministerio Público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, “un aumento notable frente a las 181 reportadas en 2022”; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas al año.
Disparidades estatales
Las fiscalías de algunos estados, como Campeche y Guanajuato, tienen cargas de trabajo excepcionalmente altas, de más de 1,500 carpetas por fiscal.
En cuanto a los jueces penales en las entidades federativas, México Evalúa destaca que -a nivel nacional- en promedio cada juzgador atiende 356 causas al año, aunque en estados como Puebla, Tabasco y Baja California, los jueces llevan anualmente 1,096, 818 y 739 procesos, respectivamente.
“Estas disparidades y aumentos en las cargas de trabajo pueden resultar en un acceso desigual a la justicia, donde la calidad y eficiencia del servicio dependa más de la ubicación geográfica que de las necesidades reales de la ciudadanía”, considera el reporte.
Los retrasos y la posible baja calidad en los servicios debido a la sobrecarga laboral “pueden contribuir a la percepción de impunidad y erosionar la confianza pública en el sistema de justicia”, mientras que el aumento general en las cargas de trabajo de un año a otro sugiere que el problema se está agravando, apunta México Evalúa.
No se combate la impunidad
La impunidad en México inicia por la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades: El 92.4% de los delitos cometidos en el país no se denuncia, mientras que, de los ilícitos denunciados ante el Ministerio Público, aunque este los investigue, en el 93.6% de los casos los responsables no son castigados.
Esto quiere decir que, de todos los delitos cometidos, menos de uno logra resolverse de manera adecuada, con la sanción correspondiente a sus autores.
Según México Evalúa, los ilícitos que menos se denuncian son:
- Extorsión, en el 97.4% de los casos
- Fraude (96.5%)
- Robo o asalto en la calle o en el transporte público (93.4%)
- Robo a casa habitación (90.1%)
- Amenazas verbales (85.9%)
- Robo total o parcial de vehículo (84.9%)
- Lesiones (80.4%)
En este tema, el estudio destaca que no existe ninguna estrategia por parte de las fiscalías, y de las instancias de seguridad pública, para prevenir y contener las conductas delictivas que no se denuncian.
“La desarticulación de estructuras y mercados criminales puede contribuir de forma significativa a su contención”, dice el documento.
Asimismo, las fiscalías de los estados deben implementar mecanismos de simplificación para que los ciudadanos denuncien los delitos, lo que incluye brindar atención efectiva a las víctimas.
Poca efectividad
De los pocos delitos que sí se denuncian y son investigados por los Ministerios Públicos del país, el 93.6% quedan en la impunidad, aunque en los estados de Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%), la falta de castigo es mayor.
En cambio, en Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%) se reportan los menores índices de impunidad.
Es importante destacar que, en los delitos del fuero federal, que debe investigar la Fiscalía General de la República (FGR), la impunidad es del 95.5%.
Por tipo de ilícitos, el homicidio doloso tiene un índice de impunidad del 96.8% a nivel nacional; las desapariciones, forzadas o cometidas por particulares, quedan impunes en el 99.5% de los casos; lo mismo ocurre con el 87% de los secuestros, con el 94.9% de las violaciones, y con el 95.8% de los abusos sexuales.
Además, 97.2% de los fraudes no se castigan; 96 de cada 100 despojos no se sancionan; y 8 de cada 10 robos a casa habitación igualmente se mantienen en la impunidad.
Como conclusión, México Evalúa considera que el sistema de justicia penal en México debe contar con nuevas políticas públicas en las que se articulen la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, y la reinserción social de las personas que delinquen.
El fortalecimiento de la planeación, articulación y evaluación debe tomar lugar tanto a nivel federal como local, pues “se requiere una visión que armonice y sirva de ruta para que cada instancia operadora haga lo que le corresponde”.
De igual forma, el comportamiento del gasto entre niveles de gobierno, entre entidades, y entre instituciones, requiere un replanteamiento con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.