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Finanzas

Si avanza reforma a Banxico, el país entraría a esta lista negra

15-12-2020, 6:15:15 AM Por:
© Espeicial

México se adhirió a acuerdos globales para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y su credibilidad se vería socavada con esta reforma.

México está en riesgo de romper con protocolos y tratados internacionales en caso de que en la ruta legislativa prospere la Ley Monreal, relativa a la modificación de la ley del Banco de México (Banxico), para que este sea obligado a comprar al sistema bancario cualquier cantidad de dólares e integrarlos a las reservas internacionales del país, lo que sería el equivalente a ingresar montos de dudosa procedencia a los activos del banco central mexicano.

Mucho se ha escrito sobre las repercusiones internacionales para nuestro país, pero hay una de especial relevancia y es la que se refiere a su participación en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Uno de los acuerdos básicos para los miembros del GAFI, al que México se integró en 2006, consiste precisamente en la transparencia del origen de los flujos financieros que operan en las naciones que lo conforman, lo que no estaría garantizado si se modifican las reglas de operación de Banxico y se abre la puerta al ingreso de todo tipo de capitales en el sistema financiero mexicano.

Paralelamente, en el caso especial de México existen dos órganos que están directamente relacionadas con el GAFI, no tanto porque le rindan cuentas, sino porque su origen fue una sugerencia directa del organismo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF); la primera, como sabemos está en plena función y es utilizada como uno de los brazos de la administración en investigaciones contra actividades ilícitas, incluyendo la evasión Fiscal. La segunda prácticamente en el ostracismo, acéfala hasta donde se sabe, también durante esta administración.

Estas podrían ser algunas consecuencias

De prosperar la iniciativa del senador Monreal, México podría ser evaluado para integrarse en algún momento a una lista roja de naciones con actividades de fomento al blanqueo de capitales relacionadas con el narcotráfico o el fomento al terrorismo; este segundo punto es muy relevante y poco se ha señalado como una consecuencia de esta polémica iniciativa.

Nuestro país podría integrarse a una lista conformada por naciones como Venezuela, Irán, Afganistán, o cualquiera otro que conforma la lista de los llamados paraísos fiscales. Lo anterior no constituye en modo alguno un orgullo sino una afrenta para el prestigio del país y un claro retroceso a lo que había ganado hasta ahora en las tareas de combate al lavado de dinero.

Otra consecuencia, producto de lo anterior, sería la probabilidad de que se emitan alertas internacionales para los inversionistas, por contar con un sistema financiero vulnerable a actividades ilícitas o poco transparentes.

¿Con base en qué se asegura lo anterior?

Las 40 recomendaciones del GAFI

Este organismo emitió hace varios años 40 recomendaciones para todos sus países miembros, que deben ser consideradas como Obligaciones Legales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero. Como su nombre lo dice, son obligatorias para todos los estados miembros del GAFI, la modificación en las operaciones del Banco de México, son en los hechos violaciones a algunas de estas recomendaciones del GAFI, que podrían dar lugar a sanciones.

Por ejemplo:

– Recomendación 1: Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo, numeral 2 que se refiere a que las medidas para prevenir y mitigar el lavado y el Financiamiento al Terrorismo, deben de ser proporcionales a los riesgos identificados.

– Recomendación 3: Delito de lavado de activos, numeral 1, se debe de tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y a la

Convención de Palermo. Estas convenciones especifican los “blindajes” que deben tener los bancos centrales contra el lavado de activos financieros.

– Recomendación 4: Decomiso y medidas provisionales, numeral 1; los países deben de adoptar medidas que permitan congelar y decomisar, entre otras cosas, bienes lavados, productos o instrumentos de delitos determinantes, bienes que son producto o se pretendían utilizar para el financiamiento al terrorismo, etc.

– Recomendación 13: Banca corresponsal, se debe de reunir información suficiente sobre la institución representada, para permitir cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor. Evaluar los controles de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Prohibir establecer una relación con bancos pantalla.

– Recomendación 16: Transferencias electrónicas; los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan información sobre el originador, así como del beneficiario en las transferencias electrónicas y que la misma permanezca en toda la cadena de pago. Se debe de evitar mediante el monitoreo que las transferencias carezcan de la información. Es preciso que las instituciones se aseguren que toman medidas para congelar y prohibir transacciones con personas y entidades designadas.

– Recomendación 40: Otras formas de cooperación internacional; los países deben de asegurar que sus autoridades competentes puedan, rápida, constructiva y eficazmente prestar la cooperación internacional con relación al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Advertencias previas del GAFI

En su informe de evaluación mutua publicado en enero de 2018 y titulado “Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo, México“, la GAFI hace desde entonces una serie de advertencias:

México se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de activos proveniente principalmente de las actividades más generalmente asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

– El sector financiero demuestra una buena comprensión de las principales amenazas de lavado de activos provenientes de los grupos de delincuencia organizada y actividades delictivas asociadas, como así también de delitos fiscales. Pero su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual. Si bien reconocen la amenaza general de la delincuencia organizada que enfrenta México, la apreciación por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas, de los riesgos de lavado de activos parece limitada.

– Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera funciona bien y está produciendo buena inteligencia financiera, el volumen de inteligencia financiera comunicada a la (anteriormente llamada) Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad.

– Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de activos como una de sus prioridades clave. El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso, sin perjuicio del hecho de que recientemente se realizaron algunas investigaciones de alto perfil

– Una preocupación grave a lo largo todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada, influyendo sistemáticamente en la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

– Los bancos son los que están en mayor riesgo, pero otros sectores son vulnerables a las actividades de lavado de activos

El informe contiene varias recomendaciones más, casi todas relativas a la vulnerabilidad del sector financiero en actividades de lavado de dinero, o de activos como los denominan.

Visto así, desde la óptica de los acuerdos internacionales que México ha firmado en la materia, todas las obligaciones que adquirió por estos mismos acuerdos, y la posibilidad de que estos sean vulnerados y con ellos nuestro país enfrente sanciones, parece que esta polémica Ley Monreal es digna de un amplio análisis por parte de las instancias debidas, para conocer los riesgos adicionales y no desvirtuar el propósito de beneficio que en apariencia busca para todos aquellos que mandan sus recursos desde el exterior a sus familiares en México.

Por abrir una puerta, se corre el riesgo de que el país entero caiga en el desprestigio.

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