Los impuestos que pagas, pero nunca sabrás para qué se usan
Un porcentaje de los impuestos que pagan los mexicanos se van al Ramo 23, un instrumento presupuestario que no tiene un objetivo claro ni mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Parte de los impuestos que pagan los mexicanos se prestan a un uso discrecional para transferir a las entidades federativas.
Un porcentaje de los ingresos excedentes del gobierno se gastan a través de fondos y programas que contiene el Ramo 23 llamado también ‘Provisiones salariales y económicas’ del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), algunos de los cuales no cuentan con mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas.
Por medio de este ramo, la Secretaría de Hacienda también realiza adecuaciones por motivos de control presupuestario, como cuando hay excedentes de ingresos. El problema es que este Ramo no está asociado a alguna secretaría ni tampoco está regulado en alguna ley.
Te recomendamos leer: 10 cosas en las que el gobierno gastará el presupuesto de 2018
Uno de estos fondos procedentes de tus impuestos es el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que recientemente ha sido motivo de desencuentros entre Hacienda y el gobierno de Chihuahua. De acuerdo con el PEF 2018, este Fondo es “para atender las solicitudes de las entidades federativas en este concepto”.
“El Ramo 23 no tiene un objetivo claro y otro de los problemas es que hay diferentes fondos y programas que envían subsidios a los gobiernos locales sin reglas de operación, uno de ellos es el Fortafin, que no tiene reglas con base en las cuales se entregan los subsidios”, comentó en entrevista Liliana Ruiz, investigadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de la organización México Evalúa.
Las reglas de operación tienen como fin asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa, y transparente de los recursos públicos, además, sirven para saber quién es sujeto de recibir los apoyos, conocer los apoyos específicos que ofrecen los programas así como los requisitos para obtenerlos.
Tus impuestos y el caso Chihuahua
En el ejercicio fiscal del 2016, el Congreso aprobó un presupuesto de 146,000 millones de pesos al Ramo 23, pero realmente ejerció 255,000 millones de pesos, esto es 74.7% más de lo previsto. En tanto, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero tuvo un presupuesto aprobado por 1,560 millones de pesos pero ejerció 65,000 millones de pesos, es decir, tuvo un sobre ejercicio de 4,066%, de acuerdo con un análisis de México Evalúa.
Los recursos de este Fondo se pusieron en la mira en días pasados, cuando el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a Hacienda de no entregarle a su estado recursos federales por 700 millones que le correspondían en diciembre. Corral argumentó que esto se debía a las investigaciones sobre corrupción que su gobierno realiza a funcionarios priistas.
Esto generó una guerra de declaraciones entre el gobierno de Chihuahua y funcionarios de Hacienda, cuya última respuesta fue que transfirió a Chihuahua todos los recursos que por Ley le correspondían en el 2017 al recibir 43,056 millones de pesos por Participaciones y Aportaciones Federales.
Hacienda dijo que los recursos a los que Corral hacía referencia son recursos extraordinarios solicitados por el estado y a proyectos etiquetados en el PEF. Agregó que, de cuatro convenios firmados con el gobierno estatal sólo se hizo la transferencia de uno de ellos, por 20.4 millones de pesos.
Y explicó que los 700 millones de pesos que tenían como destino el saneamiento financiero de la entidad, esto es, pago a proveedores, de aguinaldos, y en general, gasto corriente, no se le entregaron por la falta de presupuesto.
“La coordinación fiscal funciona muy mal (…) Lo que estamos viendo es muy cuestionable, el Fortafin se asigna de manera muy discrecional. El espíritu no era malo, dijeron estos son estados que están muy endeudados les podemos dar la mano porque a lo mejor gastan sus participaciones en pagos de intereses (de deuda), pero las reglas de asignación no están claras”, comentó Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
“El ramo 23 no está regulado en ese sentido, incluso considerando el tema de Chihuahua si dijeras quiero ver los convenios del Ramo 23, no son públicos”, agregó Villarreal.
Por lo pronto, Hacienda dijo que mientras la controversia constitucional con Chihuahua no se resuelva, ya que Corral ha dicho que promoverá una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se analice el presunto uso del presupuesto como medio de control, no firmara ningún convenio para otorgarle apoyos de recursos extraordinarios.
“Estos recursos adicionales no pasan por la aprobación del Congreso. Es por la falta de criterios legales que se prestan a un mal uso de los impuestos y para el control político de los estados, que Hacienda le envíe más dinero o no a un estado, o decida castigar a otro si no está haciendo ciertas cosas que ella considera”, dijo Ruiz.
Los especialistas coincidieron en que se requiere de una revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas y municipios, así como hacer una revisión de los programas presupuestarios sin reglas de operación, y si lo son, ajustarlos a lineamientos de operación.
Tan solo por el concepto de las participaciones a los estados, este año Hacienda les transferirá 811,932 millones de pesos. Mientras que de enero a septiembre del 2017 envió por este concepto 607,342 millones de pesos, frente a los 572,397 millones de pesos presupuestados originalmente.
