El abismo que se tragó tu pensión y la seguridad de un retiro digno

Millones de mexicanos empiezan a ver en el horizonte la pensión, o más bien la falta de ella. Para muy pocos es algo promisorio. Para los jóvenes, y no tanto, es un abismo negro. México llega a la modernidad poblacional con ese faltante: un sólido sistema que permita un retiro sin apremios a decenas de millones de personas. Hace medio siglo no estaba siquiera en el radar: las familias tenían muchos hijos y los padres o abuelos no vivían por tanto tiempo. La red familiar era fuerte, aparte de los ahorros que uno había podido generar durante la vida laboral. El tener una pensión era algo relativamente inusual. Si existían esquemas, pero eran acotados a ciertos trabajadores.

La Ley del 73

La llamada Ley 1973 del IMSS fue por ello un parteaguas, permitiendo una generosa pensión a aquellos que contribuían a lo largo de un período significativo de tiempo y con salarios relativamente elevados, al menos con respecto al promedio nacional. Era un clásico sistema “solidario”, en que las generaciones que trabajaban estaban pagando con sus contribuciones las pensiones de los retirados. El detalle, claro, es que se suponía que la pirámide poblacional siempre se ensanchaba.

Ese supuesto resultó falso prácticamente de inmediato, aunque el desplome en el número de hijos por familia habría de llegar unos años más tarde. La paradoja es que fue el propio gobierno de Luis Echeverría, el que promovió la Ley 1973, el que inició el giro en política pública. En su larga campaña presidencial (1970), Echeverría todavía había citado al presidente argentino, Domingo Sarmiento, diciendo que “gobernar es poblar”. Ya en su administración, en cambio, estableció el Consejo Nacional de Población (1974). Uno de los lemas que surgió entonces fue, para el tiempo, revolucionario: “la familia pequeña vive mejor”. Impresiona pensar que en ese entonces una familia mexicana tenía un promedio de siete hijos. La planeación familiar era algo de escándalo para la creencia que muchos tenían entonces: tener los hijos “que Dios nos mande”.

La semilla de las pensiones sin sustento estaba sembrada. Más de 20 años más tarde el cambio se hizo urgente, y llevó a que en el gobierno de Ernesto Zedillo se modificara radicalmente la legislación. Ya no sería un sistema “solidario”, sino individualizado. Ya no habría montos garantizados, sino que la pensión sería el producto de lo ahorrado y los rendimientos logrados a lo largo del tiempo. La administración de los recursos no sería por burócratas, sino entidades privadas especializadas. Los trabajadores formales quedaron partidos en dos clases muy distintas: los privilegiados de una ley, y los que tendrán que atenerse a su esfuerzo.

¿Quién es el culpable?

Nunca debió existir el primer esquema, pues por décadas representará una carga para los actuales y futuros contribuyentes. Pero era la moda de los tiempos: prometer con generosidad para el futuro, al cabo que pagarían otros. No fue sólo el gobierno federal con los empleados privados formales, sino que fue además mucho más generoso en otros esquemas de pensiones para los propios, como los del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, Petróleos Mexicanos. Además, gobiernos locales, entidades varias (universidades públicas) y las fuerzas armadas. El conjunto es una bomba de tiempo, además de representar un grado de injusticia impresionante. En grado extremo, se puede tener a una persona gozando una pensión del IMSS (según el régimen anterior) después de 25 años de servicio… a los 43 años de edad. Con algo de suerte, esa persona cobrará el retiro por más de medio siglo.

Esa carga no es tan visible para los ciudadanos. De hecho, el gobierno lo presenta muchas veces como un “gasto social”. Lo es, aunque en ocasiones acabe en personas que se encuentran muy lejos de los niveles de pobreza. Pemex seguirá pagando las generosas pensiones prometidas (el régimen se modificó recientemente) hasta la década de 2080. El pico de pagos se registrará en el año 2038 (en el centenario de la expropiación petrolera) erogando más o menos 80 mil millones de pesos (a precios de 2017), cantidad que, para ese y todos los años anteriores y posteriores, se tendrá que sacar de alguna otra parte, puesto que nunca se constituyeron reservas.

Los menos protegidos: sin pensión

Aquellos que entraron al mercado laboral a partir de agosto de 1997 enfrentan un panorama poco agradable, dado que las bajas contribuciones aseguran, nada sorprendente, una igualmente baja pensión. Pero el menos tendrán ese ingreso asegurado por el resto de su vida. En cambio, hay un segmento enorme, el más grande, que simplemente no tiene nada, dado que se encuentra en la informalidad.

Las cifras que citaba recientemente el todavía gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, son para poner los pelos de punta: sólo el 27 por ciento de aquellos que están en edad de trabajar están contribuyendo al sistema de seguridad social. Prácticamente tres de cada cuatro personas, de mantenerse la tendencia, llegarían a la vejez sin ese colchón, y probablemente sin los hijos que antes ofrecían ayuda. En estos años se llega a la plenitud del llamado “bono demográfico”: el pico, en proporción, de personas trabajando. Lástima que ello ocurre en un México en que domina la informalidad.

El reto es integrar a más trabajadores a la economía formal. Ello no será fácil porque debería hacerse una reforma laboral que hiciera más sencillo contratar y despedir a un trabajador, al tiempo que redujera los costos de la formalización (por ejemplo, pagos al IMSS). Los legisladores mexicanos, la mayoría, sufre el complejo de Rey Mago: son generosos con el dinero ajeno, además de considerar que deben proteger “a la clase trabajadora”. Lo segundo no tiene nada de malo, excepto que en realidad la dañan.

Las pensiones, y la falta de ellas, darán de qué hablar por décadas. El problema es que todo indica que será mucha palabrería y poca acción. Las soluciones, aumentar las contribuciones de aquellos bajo la Ley 1997 y flexibilizar el mercado laboral, no son populares. Como las pensiones prometidas en décadas recientes, el costo habrá de caer sobre las generaciones de hoy y mañana.

Sergio Negrete Cárdenas Doctor en Economía (Essex), economista (ITAM) y comunicólogo (UNAM). Profesor, Escuela de Negocios del ITESO, Investigador Asociado CEEY. Trabajó en el FMI.