Estas son las consecuencias del paro de trabajadores del Poder Judicial
La suspensión de labores podría incluir desde este miércoles a los jueces y magistrados, afectando gravemente los derechos de los ciudadanos.
Todos los Juicios de Amparo, y los procedimientos penales, civiles, laborales y mercantiles, entre otros, que se estén sustanciando actualmente en el Poder Judicial de la Federación (PJF), tendrán importantes retrasos debido a la suspensión indefinida de labores que realizan desde el lunes miles de trabajadores de Juzgados y Tribunales de todo el país.
Este paro nacional, convocado en oposición a la reforma del Poder Judicial que el Congreso intenta aprobar en septiembre próximo, podría profundizarse si desde este miércoles los jueces y magistrados también detienen sus funciones, lo que afectará los derechos de miles de ciudadanos.
Si bien se ha dicho que el PJF trabajará con turnos para atender los asuntos urgentes, el escenario de inmovilidad que se vislumbra podría ser similar, o incluso más grave, que el que se vivió en 2020 por el confinamiento ordenado por la pandemia de Covid-19.
Esto significa que en las próximas semanas los mexicanos estaremos en la más completa indefensión, y a merced de cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas, tal y como ocurrió hace cuatro años, cuando la mayoría de los juicios dejaron de considerarse urgentes, a pesar de que estos implicaran la violación de derechos humanos.
En ese tenor, un abogado litigante entrevistado por ALTO NIVEL comenta que “el paro, y sobre todo la indefinición de la duración del mismo, nos afecta directamente en la tramitación de Juicios de Amparo, suspensiones, y cumplimiento de sentencias, sea de amparo o de suspensión”.
El letrado, quien prefiere omitir su identidad, añade que a pesar de que “se ha manifestado que se continuará trabajando sobre asuntos urgentes, la cantidad de los casos que caen en los supuestos de urgencia son mínimos”.
Quejas sin respuesta
Por ejemplo, un negocio clausurado por una autoridad municipal no es un asunto urgente para la tramitación de un Juicio de Amparo, a pesar de que -con el cierre del consorcio- se pone en riesgo el sustento económico de varias familias.
Lo que normalmente ocurre en estos casos es que inmediatamente después de admitida la demanda de amparo, el juez de Distrito concede una suspensión provisional, por lo que la clausura debe ser levantada por la autoridad municipal, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Al respecto, la abogada Sofía Torres apunta que lo más grave del paro de labores en el PJF será la imposibilidad de contar al menos con una suspensión provisional, ya que no solo se afecta el trabajo de los abogados postulantes, en realidad el daño inmediato es para los quejosos, ellos “son los gravemente afectados sobre todo por la naturaleza de los derechos que se buscan proteger vía amparo”.
Obviamente, el objetivo de los empleados del Poder Judicial no es afectar el acceso a la justicia de los mexicanos, sino manifestar que la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende someter al “único contrapeso entre los Poderes de la Unión”, detallaron los trabajadores en un comunicado.
El PJF, además de ser “el garante de los derechos de todo el pueblo de México, contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades”, es una institución en la que miles de profesionistas han invertido años de preparación dentro de la carrera judicial, sistema que se pretende eliminar con la reforma.
Votos en vez de méritos
En este último punto los empleados del Poder Judicial tienen razón: Los primeros afectados por los cambios serán aquellos que hacen funcionar a los Juzgados y Tribunales en todo el país, es decir, la base trabajadora que suma alrededor de 55,000 personas.
Pensar que solo los jueces y magistrados serán los que pierdan su empleo si no resultan electos por el voto popular que propone la reforma, es desconocer el funcionamiento del Poder Judicial en general, y la carrera para acceder a sus cargos en particular.
Los profesionales jurídicos que laboran en este poder no son empleados estáticos, están ahí para ascender paulatinamente mediante los exámenes de oposición que se aplican en la carrera judicial.
Son varias decenas de miles los trabajadores que iniciaron su trabajo cuando apenas habían egresado de la Universidad, y que han invertido una o varias décadas de su vida creciendo profesionalmente dentro de la carrera judicial, con miras a ser juez o magistrado.
El mérito y el trabajo realizado a lo largo de varios lustros concluirá con la reforma, porque estos factores ya no serán los que determinen los ascensos, sino el favor de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que primero harán las postulaciones que posteriormente se someterán a la votación ciudadana.
Así, aunque por el momento destaque que el paro de labores afectará gravemente a los a los justiciables, en la balanza del análisis también deben incluirse los proyectos de vida y profesión que quedarán inconclusos con la reforma, cuyo énfasis es someter a votación popular a todos los que aspiren a ser jueces o magistrados.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.