Estas son las consecuencias de la militarización de la seguridad en México
Amnistía Internacional considera que la militarización de la seguridad pública es una estrategia fallida con la que creció la violencia, sin reducir el crimen.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México ha generado mayor violencia y graves violaciones a los derechos humanos, destacándose entre estos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, y torturas, de acuerdo con Amnistía Internacional, organización que pide al gobierno de nuestro país un cambio de estrategia.
Debido a que entre 2007 y 2024 se han cometido 452,254 homicidios, de los cuales 140 corresponden a periodistas, y 221 a personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente, Amnistía Internacional (AI) considera que la militarización de la seguridad pública “ha sido fallida, ya que no solo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia”.
La participación de militares en labores de combate a la delincuencia en realidad ha generado un ambiente propicio “para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”, enfatiza el colectivo.
De hecho, añade AI, esta estrategia “se ha traducido en constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional por parte de las instituciones de seguridad y defensa”.
Prueba de ello es que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió -entre 2019 y hasta agosto 2024- 1,893 quejas en contra de la Guardia Nacional, y otras 2,279 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En esos recursos, destaca la organización, se denunciaron actos de privación de la vida; tratos crueles, inhumanos o degradantes; actos de tortura, y detenciones arbitrarias.
Además, en 2022, el grupo de hackers Guacamaya filtró información de diversos servidores pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en los que presuntamente se “revelaba el seguimiento realizado a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.
De igual forma, “en 2023 se dieron a conocer casos de espionaje realizados probablemente desde la Secretaría de la Defensa Nacional a organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en el país”.
Desacato a sentencias interamericanas
La decisión de los gobiernos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica abordar la problemática delincuencial bajo una lógica similar a un conflicto armado, “en lugar de buscar soluciones duraderas” con una óptica de respecto a los derechos humanos.
Otro problema de la militarización de la seguridad es que se ha reducido el compromiso de las instituciones civiles para profesionalizarse, pues utilizar toda la fuerza del Estado para intentar reducir el crimen y la violencia es una medida que tiene limitados impactos positivos, los cuales solo son momentáneos y a corto plazo.
Adicionalmente, las autoridades mexicanas no están cumpliendo lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia en el caso Alvarado Espinoza y otros contra México, toda vez que -en materia de seguridad pública- no es extraordinaria la actuación del Ejército, de la Marina, y de la Guardia Nacional.
“No se trata de un uso extraordinario y subordinado de militares para la ejecución de funciones policiales”, a pesar de que la Corte IDH estableció que el mantenimiento del orden público debe estar primariamente reservado a cuerpos policiales civiles.
La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica un riesgo para los derechos humanos, y aunque es posible “desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados”, dicho empleo debe limitarse al máximo.
Propuesta a la presidencia y al Congreso
Con estas y otras preocupaciones en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional ya entregó un documento al Poder Ejecutivo federal y al Congreso, con cuatro puntos esenciales en los que expone los principios que deben seguirse para modificar la estrategia de seguridad.
Principio Uno:
Diseñar estrategias de seguridad enfocadas en la protección y respeto de los derechos humanos.
Principio Dos:
Encaminar una reforma policial comprometida para que las funciones de cumplimiento de la ley, y las labores de seguridad, sean llevadas a cabo por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil, con un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos.
Principio Tres:
Modificar de forma inmediata el funcionamiento de la Guardia Nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones.
Principio Cuatro:
Llevar a cabo una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas, bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.