Esta ley definirá el futuro del Ejército en la guerra contra el narco

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, instó ayer al Congreso a aprobar una ley que busca regular el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en el combate a grupos criminales, pese a las críticas de organismos como Naciones Unidas que abogan por el regreso del Ejército a los cuarteles tras la lucha contra el narco.

A fines de 2006, el expresidente Felipe Calderón comenzó a enviar militares a los puntos más violentos del país para combatir a los violentos cárteles de la droga ante la debilidad de los cuerpos policíacos, pero muchos grupos lejos de contenerse se fragmentaron e incursionaron en otros delitos.

El Congreso se apresta a discutir la próxima semana la Ley de Seguridad Interior, que definirá las tareas de decenas de miles de soldados, militares y marinos que han sido desplegados en la llamada lucha contra el narco, que ha dejado cerca de 200,000 muertos.

Se requiere de un marco jurídico que “defina los medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las Fuerzas Armadas en diversos estados y municipios”, dijo Peña Nieto durante un acto con militares en el norteño estado Coahuila.

El Ejército mexicano ha dicho que una ley como esta obligaría a las autoridades civiles a retomar sus responsabilidades para encargarse de la seguridad, una tarea para la cual la milicia no fue creada.

Distintas instancias de Naciones Unidas han dicho que México que debe fijar una fecha para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, pero analistas de seguridad piensan que los cuerpos policíacos aún no están lo suficientemente limpios como para retomar el combate al narco.

“La falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno, las ha relegado a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las Fuerzas Armadas. La omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías, han hecho evidente el abandono por parte del Estado de las mismas”, dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado difundido ayer.

La CNDH consideró que la propuesta de ley puede caer en ambigüedades que contribuyan a confundir la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior, y que podría considerar cualquier conducta como un riesgo, lo cual entra en un terreno sin criterios objetivos sino una “facultad discrecional directa” y podría poner en peligro la transparencia.

“La propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución”, dijo la CNDH.

Organizaciones mexicanas consideran que mantener a las Fuerzas Armadas en las calles solamente perpetuaría la violencia y las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, quienes en algunos casos han sido acusados de ejecuciones arbitrarias y uso excesivo de fuerza.

“Esta ley profundizará y perpetuará la militarización del país porque el presidente podrá disponer de las fuerzas federales, incluyendo al Ejército y la Marina, para actuar en conjunto en cualquier parte del país donde considere existe una amenaza”, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

México reportó en octubre el mes con más homicidios desde que el Gobierno lleva registro de este tipo de delitos hace casi dos décadas, lo que pone al 2017 camino a convertirse en el año más sangriento desde que el Gobierno tiene registros en enero de 1997.

Otras propuestas

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otras organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el peligro de partir de la prensa de que no existen las capacidades policiales para hacer frente a la inseguridad, ya que algunas de las iniciativas en el Congreso otorgan a las fuerzas armadas atribuciones que corresponden a las instituciones de la sociedad civil.

“Si hoy los gobiernos federal y estatal no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar”, dijo en un documento distribuido este jueves.

La propuesta civil es centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública, para resolver la crisis de violencia, inseguridad y violaciones a derechos humanos en el país.

“La aprobación de una ‘Ley de Seguridad Interior’ o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado”, dijo MCCI.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han recomendado al país definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

“Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país”, dijo la organización en el desplegado.

Con información de Reuters.

https://www.altonivel.com.mx/la-culpa-la-violencia-en-mexico/

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