¿Es posible que los estados salgan del pacto fiscal en nuestro país?
Al tratarse de un convenio entre los estados y el gobierno federal es factible rescindirlo, aunque la entidad sufriría graves consecuencias económicas.
La adhesión de las entidades federativas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que se conoce como pacto fiscal, es un convenio con el que, desde 1978, los estados del país renunciaron a su facultad para recaudar impuestos federales, dejando que sea el gobierno federal el que realice esta labor a cambio de la entrega de un porcentaje de esos ingresos tributarios.
Al tratarse de un convenio establecido entre los estados y el gobierno federal es factible darlo por concluido, lo que implica que la entidad deje de formar parte de la SNCF.
Así, “salirse” del pacto fiscal sería un acto jurídicamente válido, toda vez que no es obligatorio signar estos instrumentos, pues se trata de acuerdos voluntarios que pueden rescindirse en cualquier momento.
Sin embargo, no es jurídico, sino económico, el problema que tendrían las entidades si estas deciden abandonar el SNCF, tal y como lo propuso la semana pasada el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien está a punto de concluir su gestión en el Ejecutivo de esa entidad.
En este supuesto, un estado fuera del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tendría que cobrar los impuestos que se generan en su territorio, aunque primero debe contar con una Ley de Ingresos específica, y con un organismo recaudador similar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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La consecuencia inmediata de abandonar el pacto fiscal sería la disminución de recursos públicos disponibles para el estado, lo que derivaría en posibles problemas para cubrir los gastos de dicha entidad.
Funciones del pacto
El objetivo del pacto fiscal es que el gobierno federal distribuya entre las entidades una parte de los recursos obtenidos por el cobro de impuestos. Esa fracción de los ingresos tributarios se denomina Fondo General de Participaciones, el cual se constituye con el 20%, de la recaudación federal, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La recaudación federal participable, que es lo que se distribuye a los estados, es la que el gobierno federal obtiene por todos sus impuestos, entre estos el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), y el Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros.
En términos prácticos, el pacto fiscal es una bolsa de dinero que llega al gobierno federal por el pago de impuestos de las personas físicas y las empresas, pero solo una parte de lo reunido es lo que se reparte anualmente a las entidades.
Distribución inequitativa
Los gobiernos de los estados de Jalisco y Nuevo León, principalmente, llevan al menos un lustro pidiendo la reformulación del pacto fiscal, pues consideran que las “participaciones federales” que reciben son inequitativas.
Este argumento se sustenta en los mismos cálculos que se hacen cada año para la entrega de esos recursos: De la bolsa que se llena con todos los impuestos, el 20% se distribuye mediante una fórmula entre las 32 entidades.
Se supone que, bajo el principio de subsidiariedad, las participaciones federales que les tocan a los estados que generan más impuestos por su desarrollo económico, sirven para apoyar a las entidades que producen menos.
Por eso, en términos generales, la idea del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es positiva. Sin embargo, con el paso de los años, el gobierno federal cada vez les entrega más recursos a las entidades más pobres, reduciendo con ello las cantidades que reciben estados como Jalisco y Nuevo León.
Es decir, hay una distribución inequitativa de las participaciones federales, aun respetando el principio de subsidiariedad. Por eso Jalisco lleva al menos cinco años pidiendo una modificación del pacto fiscal.
Como el gobernador Enrique Alfaro no ha recibido una respuesta satisfactoria a sus propuestas de reforma del SNCF, la alternativa por la que ha optado es iniciar la ruta jurídica y administrativa para abandonar el pacto fiscal.
Para lograr lo anterior, Alfaro presentó casi de manera simbólica una iniciativa al Congreso jalisciense, la cual -previsiblemente- no será tomada en cuenta por los legisladores locales, debido a que el nuevo gobernador, Pablo Lemus, tomará posesión de su cargo el próximo 6 de diciembre.
En ese tenor, Lemus apuntó que en su administración buscará “una negociación para obtener un mejor presupuesto de parte de la federación”. De hecho, a diferencia de su antecesor en el Poder Ejecutivo de Jalisco, el próximo gobernador de ese estado dijo que no se ha “enfocado en el tema de salir o no del pacto fiscal”, sino en lograr una negociación política con la presidencia de la República.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.