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La iniciativa del Ejecutivo para regular la subcontratación aún es evaluada por el Congreso y posiblemente sea votada después de las elecciones federales del 6 de junio. Básicamente esta iniciativa busca disminuir la subcontratación. Esto significa que una empresa solamente podría subcontratar servicios especializados que no estén relacionados directamente con su objeto social por su actividad, por ejemplo, servicios de limpieza.
Como parte de la iniciativa de la reforma, se establece que las consecuencias de contratar a una empresa que de outsourcing que no esté registrada podrían llegar a:
Otro de los puntos más importantes de esta iniciativa de reforma es que las empresas que prestan servicios especializados requerirán de un registro antela Secretaría del Trabajo que tendrán que renovar cada 3 años con el objetivo de que la autoridad pueda revisar que si están cumpliendo con sus obligaciones laborales de Seguridad Social y fiscales.
Por una parte, la ley busca regular las malas prácticas de la relación laboral que muchas veces los patrones aprovechan de la necesidad laboral de sus empleados y de su corta experiencia, aludiendo que es un proceso por el que ellos también pasaron. Por otro lado, esta ley genera mayor burocracia porque el gobierno busca que las empresas paguen más impuestos y haya un registro directo en la Secretaría del Trabajo de los prestadores de servicios de outsourcing, regulado por la misma Secretaría. Algunos ejemplos de malas práticas que esta reforma intenta suprimir son:
Para Luis Heredia, director comercial de PTC, “el debate respecto al outsourcing ha olvidado dos bases: no puede existir empleador si no hay empleado y viceversa. Si se evalúa quién pierde al limitar este formato de administración eficiente, serán las empresas y después el empleo, pues disminuirán las plantillas. Si por el contrario, se evalúa quién gana con esta limitación, no es ni uno ni otro. El único ganador será la recaudación, la cuál tampoco logrará la expectativa, pues dañará una fuente principal de ingresos al desincentivar el crecimiento empresarial. Desde hace tiempo, el ahorro y el plan para el retiro, es responsabilidad del empleado. Desde hace una generación y las que siguen, no tienen horizonte de pensión, entonces, ¿qué se discute entonces?”
En México, existen 4.2 millones de PyMES, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 70% del empleo formal. En este tipo de empresas está el mayor dilema de la relación laboral con los empleados que cada uno, buscan sus propios intereses.
En este sentido, debemos aludir a la ética profesional, entendiendo que los tiempos son muy distintos a los de hace 25 años, donde sí había un plan de retiro y los salarios no parecían tan bajos. Tampoco se trata de aludir que el trabajo duro o constante determinará el crecimiento de una persona o de una empresa porque hay que considerar que la competitividad y los requisitos fiscales, administrativos y laborales, se han convertido en un tropiezo para los mexicanos. Evitemos las malas prácticas y aprovechemos más el recurso humano.
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