1 de cada 3 actores económicos participa en sobornos
Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, señaló que se está trabajando en incentivos constitucionales (castigos) que inhiban la corrupción.
En México, una de cada tres agentes económicos (familias, empresas y Estado) ha sabido o participado en un soborno, reveló Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, durante su participación en el panel ¿Cómo alcanzar el México posible?, realizado por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, con motivo de su Asamblea Nacional Ordinaria.
En el evento, el funcionario señaló también que solamente se denuncia uno de cada 200 casos de sobornos en el país. “Entonces el gran reto es preguntarnos no solamente las razones, que las podemos saber, sino de qué manera voltear, vamos a decirlo así, el incentivo de utilidad (el castigo) y entonces en lugar de solamente estarlo comentando también proceder a denunciarlo”.
Andrade sostuvo que en este momento lo más importante es trabajar en incentivos que la inhiban (la corrupción) y los incentivos institucionales estructurales que la pretenden inhibir se están trabajando en este momento con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción.
“¿Cuáles son los incentivos básicos? Primero, castigos, es evidente que en un régimen no únicamente deben haber estímulos, sino que en este caso particular de la corrupción, de acuerdo a sus niveles, el castigo es un incentivo importantísimo; por eso resulta interesante que la Constitución haya abierto incentivos para que los expedientes de todos los servidores públicos estén abiertos siete años posteriores al dejar el cargo o hasta 19 años si se trata de enriquecimiento ilícito; que se les vayan a quitar las propiedades en caso de enriquecimiento ilícito, que se vayan también a quitar los activos a aquellas empresas que entren en actos de carácter ilegal, y finalmente que todo esto, también hablamos de un incentivo racional, quede en manos de un par de autoridades imparciales”, subrayó.
La primera de ellas, dijo Andrade, es un Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que va a señalar cuáles son los actos de corrupción y por lo tanto aplicará las sanciones; y la segunda una Fiscalía Anticorrupción, que hoy no la vemos aflorar tanto, pero debemos recordar que en el año 2018, hablando de principios de imparcialidad, estará dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), que pasará a ser órgano constitucional autónomo, será la Fiscalía General de la República.
“Con estos elementos estructurales tenemos condiciones para tener un lugar distinto en el combate a la corrupción desde el punto de vista institucional”, añadió.
