Reforma agraria, la deuda de EPN con el campo
La pobreza, desigualdad y atraso que padece la población rural en el país continuará, ante la falta de una política agrícola que ataque los problemas de raíz.
No podía haber mejor escenario para emprender la transformación del campo mexicano que la asamblea de la representación del Consejo Nacional Agropecuario (cúpula empresarial) y la concerniente a la Confederación Nacional Campesina (sector social), en donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció en 2014 el compromiso del Estado mexicano para promover la reforma al campo.
Sus palabras fueron entonces encaminadas a impulsar una reforma profunda “que lo ponga al día y que lo haga más competitivo”; entonces instruyó al secretario de Agricultura, Enrique Martínez, para que, a través de esa reforma, estableciera la nueva política pública agroalimentaria con sus cimientos jurídicos, administrativos y de organización.
Nada de eso ocurrió. En esos mismos escenarios, pero ya en 2015, el Ejecutivo federal dejó fuera de su discurso el tema de la reforma y en su lugar se anunció “el mayor presupuesto para beneficio de los campesinos y sus familias. Así, todos juntos, seguiremos trabajando para que el campo de México sea más justo, productivo, rentable y sustentable”.
De último momento, el gobierno federal decidió poner un alto a la reforma. Primero, la discusión presupuestaria para 2015 mandó a la congeladora la intención de promover otra reforma de gran calado y ya en este año, con un presupuesto definido, el año electoral impedirá que la reforma llegue nuevamente a la agenda legislativa, afirma Rubén Escajeda Jiménez, líder del Sector Campesino del PRI en la Cámara de Diputados.
Ni las tres organizaciones privadas de mayor representatividad; las cinco organizaciones sociales; el Poder Legislativo, cuatro secretarías de Estado, además de académicos y gobiernos estatales, fueron suficientes para empujar la reforma de más de 60 leyes, unos 200 reglamentos, 200 Normas Oficiales Mexicanas y un sinnúmero de reglas de operación, considerando además el artículo 27 Constitucional, relacionado con la propiedad y tenencia de la tierra.
Pese a que nuestra realidad demanda una competencia en un mercado abierto, cuya influencia está ligada directamente a los precios internacionales y que, a la par, tiene frente a sí el reto de garantizar un ingreso justo para el productor y ofrecer el mejor precio disponible para el consumidor, se detuvieron las iniciativas que, al menos en este año, no llegarán al Congreso de la Unión.
En el limbo quedaron los llamados para atender los problemas estructurales, a simplificar la normativa, establecer la posibilidad de contar con un presupuesto multianual, tal cual ocurre en países como Estados Unidos o la Unión Europea con sus programas a cinco años.
Los principales actores buscaban, en esta oportunidad de reforma del campo, evitar el desgaste político que, año con año, se vive por la autorización presupuestal y dar paso a favorecer la inversión en el sector, determinar reglas de operación claras y sencillas que simplificaran la tramitología, mejorando los tiempos de respuesta y el pago de apoyos.
El freno para lograr una política agrícola que fomente la productividad en el campo pone en riesgo incrementar la dependencia agroalimentaria del país, refiere José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“En 1992 se dio la última reforma constitucional en el sector agrícola. Desconozco las razones políticas para que esa reforma no pasara en la cascada de reformas estructurales, pero independientemente de qué intereses haya o factores de freno, en realidad se necesita revisar exhaustivamente el campo porque vivimos una verdadera crisis. Es una crisis crónica que ya tiene décadas y cada vez se agudiza más”, asegura Abel Pérez, director de la División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma de Chapingo.
Lo mismo piensa Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, quien señala que “actualmente no hay certezas. Nadie en el sector ve las condiciones para que se realice (la reforma del campo).”
“Haber metido el freno a la reforma del campo representa falta de credibilidad y de confianza, lo que lleva a que sigamos en la incertidumbre, sin avanzar en inversión de bienes públicos y privados, para proyectos que aumenten la productividad y competitividad del sector. Otra vez, buenas intenciones y nada”, lamenta Anaya Castellanos.
El directivo recordó que Estados Unidos no tiene una sola ley, sino se han ido creado tantas como lo demanda cada una de las actividades o sectores. A ello se suma el Farm Bill, que tiene como objetivo ser multianual para los programas de apoyo y fomento en el sector.
Apenas en febrero de este año se presentó una nueva metodología sofisticada que aumenta la protección del productor americano (combina riesgo agrícola, más riesgo de mercado y asegura cierto margen de ganancia) y representa la mayor reforma al sistema de apoyos estadounidense a dicho sector desde 1940 (hace 74 años).
Así, estas recientes modificaciones trajeron un incremento en recursos presupuestales del 49% contra 2008, impactando a los países latinoamericanos, como México, Argentina y Brasil, toda vez que limita su competitividad.
“La Farm Bill nos está asustando porque es una inyección impresionante de recursos al campo. Ahí está el punto, pero ¿hacia dónde va? Fundamentalmente, al sistema de seguro al ingreso, al que aquí ni siquiera le hemos entrado”, enfatiza Héctor Padilla Gutiérrez, presidente del Consejo Directivo la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA).
A ello se le debe sumar que “la comercialización sigue siendo el talón de Aquiles de la agricultura, sobre todo de granos”, expresa Gonzalo Beltrán Collantes, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.
Negro panorama
El sector agrícola en México contribuye al 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero incluyendo al sector agroindustrial llega al 8.4% del PIB.
El comercio internacional agroalimentario es de alrededor de 50,000 millones de dólares (mdd), de los cuales 22,000 mdd provienen de las exportaciones y 27,000 mdd de las importaciones. Los productos que exportamos en mayor cantidad son hortalizas, sobre todo tomate, al que se han sumado el pimiento y el aguacate.
Existe una enorme preocupación, dado que tanto productores como autoridades coinciden en que México se ha convertido en un gran importador. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) publicó el Índice global de seguridad alimentaria, donde México figura en el número 30 de un total de 105 países. La seguridad se evaluó con base en términos de accesibilidad, disponibilidad y utilización de alimentos.
El puntaje de México se colocó en 67.7 en escala del 1 al 100, donde 100 sería la seguridad alimentaria absoluta, que ningún país alcanzó (EU tuvo el puntaje más alto, con 89.5). Dentro del bloque de los países con nivel medio-alto de ingresos, México ocupó el tercer lugar después de Chile y Rusia, y superando a Brasil solo por una décima (67.6).
Resulta importante mencionar que uno de los elementos evaluados para México con menor puntaje fue la infraestructura agrícola.
Para el presente año se estima que se produzcan alrededor de 981 millones de toneladas de maíz en el mundo, de los cuales EU produce 352 millones, figurando así como el principal productor de este cereal, seguido por China con 222 millones y en tercer lugar Brasil con 74 millones de toneladas.
México produce alrededor de 20 millones de toneladas de maíz blanco y 2 millones de maíz amarillo, con lo que se coloca como el sexto productor a nivel mundial. Hasta hace tres años, el país poseía la cuarta posición; sin embargo, ha sido desplazado por Ucrania e India. Entre los países importadores, México compra anualmente 9.5 millones de toneladas de maíz (el primer importador de este grano es Japón, con 16 millones de toneladas).
Los análisis de la FAO refieren que si nuestro país no cambia su política alimentaria, para el 2030 estará importando el 80% de sus alimentos, convirtiéndose en el segundo país importador a nivel mundial.
El organismo recomienda que los países produzcan internamente el 75% de sus alimentos, lo cual parece tarea imposible, toda vez que el 61% de la población rural se encuentra en estado de pobreza, y de este nivel el 21% padece pobreza extrema. Además, la productividad del campo es baja y solo representa el 23% de la productividad nacional.
Beneficios, de pasadita
Los cambios constitucionales al sector energético y fiscal salpicaron de “bondades” al campo mexicano, lo que para el gobierno federal es “suficente”.
El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, José Antonio Rojo García, afirma que el Ejecutivo “ya puso en marcha la reforma al campo. Se nos presentó el modelo agroalimentario para el país, que refuerza dos vertientes: por un lado, políticas públicas y, por el otro, modificaciones al marco jurídico. Estas últimas sin fecha aún para su modificación”.
Un elemento fue que en el Artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos se establece la posibilidad de explotar la tierra para extracción de petróleo, a cambio de otorgar un valor comercial a la misma, sin que haya pérdida de la propiedad.
Bajo ese esquema se pretende lograr la obtención de 600,000 barriles diarios más de petróleo para el país, cuya explotación con fines energéticos se enfoca a los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, parte de Chiapas, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, Abel Pérez comenta que, “indiscutiblemente, la alimentación debe ser prioridad para la economía. México debe asegurar el alimento de su gente y la agricultura ha sido sacrificada frente a otros sectores económicos que traen más apoyos. Considera que es necesario revalorar el papel del sector agrícola. Ninguna economía puede ser próspera, si no tiene un sector agrícola sólido”.
Existe en México el precedente de la empresa minera Altos Hornos de México (AHMSA), que logró una suspensión definitiva en contra de la reforma energética, de tal manera que no podrán asignar o contratar la explotación de gas natural en terrenos asignados a la minera. Hecho que alerta a los productores agrícolas.
Por otra parte, Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que para entrar en una transformación real y profunda del campo es indispensable reformar la Ley Agraria, que data de 1915, pues la no prescripción de los asuntos agrarios impide darle a la tierra el valor como único activo que permita mejores créditos y desarrollo de los productores.
Tras hacer un recuento de las acciones que deberán considerarse en la modernización del campo, Molano explica: “En México, en la mayoría de los casos no puede venderse la tierra, pues se da validez a los títulos de propiedad que existen desde la época del Porfiriato o de la Colonia; y eso, además de conflictos, ha generado dificultades para crear un mercado efectivo de la tierra”.
De ahí que, agrega, no haya inversión ni privada de particulares nacionales o extranjeros en el campo nacional.
“Estamos atrayendo menos del 10% de lo que podríamos atraer potencialmente, y esto se podría cambiar si se tuviera un sistema de derecho de propiedad. ¿Qué pasa con un inversionista mexicano o extranjero que quiere entrarle a la inversión al campo? No puede, porque no hay ningún activo que comprar y los poquitos valen poco.”
Nuevos nombres, no programas
El empuje de la reforma al campo se desplazó a la modificación de las reglas de operación de los programas para transitar a un nuevo enfoque y privilegiar la productividad.
En este sentido, se presentaron los nuevos nombres (que no programas) de apoyos para los productores. El primero es Proagro Productivo, Progan Productivo y el Propesca, que suman recursos por más de 17,600 millones de pesos (mdp), mismos que pretenden dejar atrás los subsidios asistenciales, para convertirse en incentivos a la productividad.
Los productores beneficiados por Proagro Productivo (antes Procampo) están comprometidos a justificar el destino del recurso aplicado en mejoras productivas, como fertilizantes, semillas mejoradas, implementos agrícolas o esquemas de asociatividad, entre otros.
En los primeros siete meses del 2014, Proagro ha entregado más de 11,300 mdp de pesos a 2 millones de productores, lo que les ha permitido contar con el dinero necesario para adquirir semillas, fertilizantes, equipo y otros insumos.
Con el Progan Productivo, los incentivos se canalizan para mejoras en genética, en coeficiente de agostadero, en capacitación, servicios técnicos e identificación de ganado para la trazabilidad; mientras que el Propesca busca otorgar incentivos a la productividad del sector social de la pesca.
En estos “avances”, explica el legislador José Antonio Rojo García, se encuentra la nueva Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, institución que pretende otorgar créditos por 44,000 mdp a una tasa de interés de un solo dígito; con créditos hasta por 230,000 pesos y que tendrá una tasa preferencial de 7% anual, y para las mujeres una tasa menor de 6.5% anual.
Al respecto, Juan Carlos Cortés, titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, explica que “la reforma financiera permite a las entidades de banca de desarrollo tomar más riesgo, aumentar su capitalización, ser más agresivas en el tema de financiamiento al sector… ( ) Entonces, tendremos un sistema financiero profundo, porque de esa manera habrá un instrumento poderoso para combatir la pobreza, para igualar las oportunidades”.
A los grandes anuncios del campo, se suma el llamado Tablero de Control para el monitoreo de productos agroalimentarios estratégicos, cuyo fin es identificar con anticipación situaciones anormales de oferta y demanda, y facilitar la toma de decisiones en forma oportuna para evitar o reducir el impacto de desbalances en el abasto y los precios.
Actualmente se está llevando a cabo el seguimiento de al menos 10 productos sensibles: maíz, frijol, trigo, sorgo, azúcar, huevo, leche, pollo, carne de res y carne de cerdo.
No menos importante resulta el hecho de que se pretenda empujar el desarrollo de la tierra a partir de la reforma energética. Los propietarios o los titulares de los terrenos podrán tener una fuente de ingresos adicionales a la siembra y cosecha, pues en caso de que se extraiga gas o petróleo de sus tierras, recibirán una contraprestación.
Por otro lado, se busca ayudar a los campesinos a tener acceso a los fertilizantes, ya que estos se producirán en el país y serán más baratos.
Pese a esos avances, asevera Rojo García, “la reforma para transformar el campo mexicano no se debe abandonar, pues es indispensable cumplir con la propuesta de la FAO de producir al menos el 75% de los alimentos, y no el 52 o 62% que actualmente producimos, porque corremos el riesgo de convertirnos en los segundos importadores de alimentos del mundo, después de Japón, lo que encarecería los precios de manera importante”.
Aún no se han atacado los problemas de raíz. Quedamos a la espera de la verdadera reforma al campo, concluye Abel Pérez, director de la División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma de Chapingo.
