La política pone en riesgo la economía

Asomo de populismo, rompimiento de los equilibrios fiscales y toma de peligrosos riesgos en la política económica nacional son motivo de preocupación en un entorno en el que las amenazas económicas del exterior evocan los malos resultados que se vivieron en los años 80. Aquí el análisis…

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2012, lo hizo sacudiendo las viejas estructuras del entramado político del país y convenciendo a los dos grandes partidos opositores (PAN y PRD) a firmar un acuerdo sin precedentes. Fue el histórico Pacto por México, que hizo rememorar a algunos a los Pactos de la Moncloa de la transición española de 1977.

Aquel fue el cimiento desde donde se construiría el edificio de las reformas económicas que había planteado durante su campaña presidencial y que tanta simpatía generó en el mundo desarrollado. Peña Nieto fue el mandatario favorito de la prensa internacional.

En momentos en que los países desarrollados se debatían entre la recesión y la deflación, el nuevo gobierno mexicano impulsaba modernas reformas constitucionales para abrir el monopolio estatal del mercado petrolero a la inversión extranjera y desconcentrar el mercado de las telecomunicaciones dominado por unos cuantos.

Como destacó la revista Time en su portada del 24 de febrero de 2014, por fin México seguía el camino de la transformación económica al que se había negado por décadas, alejándose de la figura del narco-Estado incubada en los últimos años. Aquella portada de Time, con la imagen de un Peña Nieto triunfador bajo el título de ‘Saving Mexico’, era el mejor reflejo de la política reformadora del gobierno priista que regresaba al poder.

Sin embargo, aquel espíritu reformador que exhala el Presidente de la República, no parece haber llegado al interior de su gobierno.

Incluso –y contradictoriamente a las reformas estructurales emprendidas– en el primer tercio del gobierno se han extendido las sombras del proteccionismo en algunos sectores de la economía.

Un gobierno reformador que no se ha reformado a sí mismo es la principal crítica que subyace entre sus detractores, que ganan cada vez más adeptos.

Mientras que las encuestas ciudadanas muestran el descontento por los malos resultados económicos en este primer año de gobierno, los gremios empresariales –afectados por algunas de las reformas legales, como la reforma fiscal– no han dejado de señalar su descontento por el manejo de la economía desde la Secretaría de Hacienda.

Política intervencionista

Una de las primeras señales de inquietud la dio el propio Presidente al incumplir –a 10 meses de su gobierno– la promesa hecha en su discurso de toma de posesión de mantener finanzas públicas sólidas, basadas en un déficit cero para 2013. La promesa de equilibrio presupuestal no se cumplió, como tampoco ocurrió recientemente al presentar su paquete económico para 2015 al Congreso y constatar que las promesas económicas se siguen quebrando con cierta facilidad.

Hay un asomo de populismo, de manejo político y de férreo control desde el Ejecutivo a través de Hacienda sobre las decisiones económicas, que preocupan a analistas y empresarios del sector privado.

La economía mexicana se desaceleró de una tasa de 4% en 2012, a un crecimiento de 1.1% en 2013, para mejorar ligeramente y expandirse a una tasa de 1.7% durante la primera mitad de 2014.

La desaceleración de la economía se explica tanto por factores internos, como el derrumbe del sector de construcción por el cambio de política de la vivienda, el rezago en la obra pública, el efecto negativo que ha tenido la Ley antilavado, el aumento del ISR al 35% en las operaciones de bienes y raíces; como factores externos, entre los que destaca el menor dinamismo de la actividad manufacturera en Estados Unidos.

Ante esa situación, y con el fin de reactivar el crecimiento, el gobierno solicitó al Congreso autorización para romper, de manera excepcional y con carácter transitorio, la Ley de “déficit cero” establecida en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y alcanzar un déficit público de 1.5% del PIB en 2014, para reducirlo a 1.0% en 2015, y regresar al equilibrio presupuestario en 2017.

Esa política, en sí misma, es un principio loable que, bien ejecutada, puede rendir buenos frutos: lo hizo EU durante la crisis y le va bien; se resistió a hacerlo Europa y corre la suerte contraria. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial han aplaudido en diversas ocasiones la estrategia fiscal de México, siempre y cuando sea temporal y no comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Y es que recurrir a políticas fiscales contracíclicas como una estrategia de política pública es deseable. Lo importante de la disciplina fiscal es preservarla a lo largo del tiempo, a lo largo de los ciclos expansivos y contractivos de la economía. Según los expertos, una adecuada política fiscal contracíclica es elemental para mantener la disciplina económica y suavizar los ciclos económicos.

El objetivo es que durante la época de auge, el gobierno ahorre y registre superávits fiscales gracias a los mayores ingresos tributarios que genera la mayor actividad. En esas etapas, la demanda de consumo e inversión privada es suficiente para cargar con el peso del crecimiento y lo recomendable es ahorrar, en vez de incurrir en déficits y políticas de estímulo, que lo único que logran es sobrecalentar la economía y provocar, a la larga, desequilibrios y recesiones más profundas.

Por el contrario, en las fases de recesión, el gobierno debe recurrir a déficits públicos para contrarrestar la caída de la demanda privada y salir de forma rápida y poco dramática, con bajos costos sociales, de la fase de contracción económica. Por tanto, una política fiscal discrecional y responsable, preservando la disciplina fiscal de mediano plazo, es aconsejable.

Pero lo que debe ser examinado es cómo esa política fiscal contracíclica, de corte keynesiano, se está articulando con la calidad del gasto. Y allí sorprende la propuesta del gobierno actual.

Una política fiscal expansiva se puede articular, en esencia, a través de una reducción de impuestos que libere recursos a los agentes privados para estimular el gasto de consumo e inversión privada. También a través de un incremento del gasto público que compense la debilidad de la demanda privada. O, ambas políticas, como lo hizo EU durante la llamada Gran Recesión.

Sin embargo, la administración de Peña Nieto realizó una política fiscal contradictoria: por un lado, y a través de la reforma hacendaria, subió impuestos, que es una medida de carácter restrictivo, menguando el ingreso disponible de las familias y generando inflación. Así que, en vez de alentar el consumo y la inversión privada, la reprimió; si bien, en contrapartida, incrementó los ingresos tributarios no petroleros.

Por otro lado, y con el objetivo de cumplir el déficit fiscal de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), ha conducido un colosal programa de gasto público en el que ha empleado tanto el aumento de la recaudación derivado de la reforma hacendaria, más los recursos establecidos para alcanzar la meta de déficit.

Así que todo el esfuerzo fiscal para reanimar la actividad quedó en manos del gasto público. Visto así, el gobierno de Peña Nieto recurrió a la política fiscal más intervencionista posible: extrajo recursos del sector privado para hacer uso de ellos a través del consumo de gobierno. Es decir, en vez de alentar el consumo privado mediante una reducción de impuestos, primero lo reprimió con un alza en los tributos, con el propósito de más que compensarlo, ampliando el gasto público.

Ese comportamiento se observa en los números de las finanzas públicas: el gasto público durante el periodo enero-agosto de 2014 se incrementó 15.2% nominal, a 2.911 billones de pesos respecto al mismo periodo del año pasado. Un aumento que sobrepasó por mucho al de los ingresos, que crecieron a un ritmo de menos de la mitad, de 6.6%, para situarse en 2.545 billones de pesos. El resultado es un déficit público acumulado hasta agosto de 353,441 millones de pesos, más del triple de lo registrado durante el mismo periodo de 2013.

La estrategia en sí no ha traído muy buenos resultados durante la primera mitad del año. Un caso es el consumo privado, que representa en torno a 68% del PIB y que había crecido a una tasa de 2.5% en 2013, pero que apenas se expandió 1.4% durante la primera mitad de 2014, como resultado, en gran medida, del impacto negativo del alza de impuestos de la reforma hacendaria.

Esa decisión restó en torno a 0.8 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB. El efecto contrario se produjo en el consumo de gobierno: pasó de crecer, en promedio, 1.2% en 2013, a aumentar 2.5% en la primera mitad de este año. Sin embargo, el consumo de gobierno representa solo algo más del 10% del PIB. Pero esa mejora en el gasto público únicamente aportó 0.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Tampoco se observa un efecto multiplicador por el lado del gasto público: la inversión privada, medida por la formación bruta de capital fijo, permanece deprimida: se contrajo 1.8% durante 2013 y durante la primera mitad de 2014 se redujo 0.6%.

Así que, si bien la orientación de la política fiscal era aceptable, la manera de articularla no ha sido la más propicia para estimular el crecimiento, debido al elevado costo infligido al sector privado. Pero además, tampoco la calidad del gasto parece haber sido la mejor, pues hay indicios que apuntan a que los recursos públicos no se están destinado a los sectores productivos, sino a actividades que generan algún tipo de retribución política, tendencia que se puede acentuar conforme se acercan los comicios del próximo año en los que se renovará la Cámara de Diputados federal (500 legisladores, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) y los gobiernos de 18 de las 32 entidades del país. 

Los riesgos que asoman

Para el economista en jefe de Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño, la política económica que se ha venido aplicando en estos dos últimos años incumple el objetivo de la llamada Regla Fiscal Estructural, con la cual se buscaba garantizar la disciplina económica; contratando deuda solo cuando sea necesario y reduciendo el gasto corriente. “Eso no está sucediendo”, lamenta el experto en macroeconomía.

Para 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto estaría frente a una camisa de fuerza que no solo le impediría, mediante una revisión de la política fiscal incrementar ingresos, sino incumplir disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –bajo estos escenarios– corre el riesgo de frenar la economía, lejos de estimularla. 

Así, la promesa realizada por el primer mandatario de extracción priista de no impulsar nuevos impuestos, ni elevar los vigentes, también generaría un incremento en el nivel de endeudamiento, contraviniendo las responsabilidades establecidas en el artículo 17 de la LFPRH, en la cual se dispone la obligación de revisar todas las condiciones posibles para reducir el déficit público y, por lo tanto, el endeudamiento del país.

Pero de no crearse nuevos impuestos, ni subir los existentes, se coloca al fisco ante una rigidez recaudatoria que podría poner en graves aprietos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio, si los efectos de las reformas estructurales no se dejan sentir en el corto plazo, advierte el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector público (CEESP), Luis Foncerrada.

El escenario anterior puede complicarse aún más ante el deterioro reciente en el balance de riesgos externos, como: la fuerte caída en los precios petroleros, la agudización del estancamiento económico europeo y el previsible aumento de las tasas de interés en EU, que han potenciado los riesgos para la economía ante una política fiscal errática y politizada.

Ante este escenario de altos riesgos potenciales, el gobierno federal debe incentivar el crecimiento del mercado interno a través de una verdadera reforma fiscal que disminuya la carga tributaria, a fin de liberar recursos a los agentes privados y no depender solo de las aún no probadas inversiones externas.

Pero además, y en aras de la construcción de confianza en la conducción económica, es imperativo que se retome la disciplina fiscal ejercida en los últimos 20 años y que sentó las bases de la estabilidad económica.

De no ser así, México estará a un paso de revivir los episodios de las crisis cíclicas que caracterizaron la economía y a las que, seguramente, ningún mexicano estaría dispuesto a regresar. Allí está el reto que enfrenta el gobierno para el crecimiento sustentable prometido.

Obligados a reducir el déficit: SHCP

“México tiene una deuda que es baja y de un nivel manejable sin ningún problema”, afirma contundentemente el titular de la Unidad de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Revilla.

“No solamente por el nivel que tiene [la deuda], que es bajo, sino por cómo está colocada: con una madurez promedio de ocho años –que es una de las más altas en el mundo– y por su composición de monedas. Hemos logrado que el 80% de la deuda esté colocado en moneda local”, explica Revilla.

Al cuestionársele sobre el acelerado crecimiento que ha experimentado la deuda pública en los últimos dos o tres años, el economista de Hacienda responde: “La deuda ha crecido más en los últimos 14 años, y particularmente de 2006 a 2012 la deuda creció 15.5% del PIB. El crecimiento de la deuda no es un fenómeno de esta administración”. Y agrega: “Una deuda creciente puede ser positiva para una economía. El asunto es que se mantenga en niveles manejables”.

La autoridad hacendaria no es ajena a las críticas que se han planteado desde el sector privado en torno a un mayor déficit público, en especial en una coyuntura en la que los riesgos externos se acrecientan.

“El déficit es bajo, transitorio y hemos anunciado una trayectoria decreciente, además de que, por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ahora estamos obligados a reducir ese déficit”, responde rápidamente Revilla.

“Un déficit puede ser un instrumento muy valioso de política económica, que se puede usar de manera efectiva para apoyar  la economía y el empleo. Eso está haciendo México. Con el bajo nivel de deuda que tiene y el suficiente espacio fiscal podemos dar este impulso contracíclico, siempre y cuando [el déficit] sea transitorio y decreciente”, explica.
Ernesto Revilla no deja de manifestar su sorpresa por el debate reciente acerca del déficit, porque –puntualiza– este no es nuevo, si se toma en cuenta la medida más amplia del déficit:

“No es mucho más alto de lo que hayamos tenido en el pasado”, recuerda, ofreciendo cifras.

“Habrá volatilidad, sin lugar a dudas”, asegura y advierte de los riesgos externos que se han acrecentado recientemente, “pero México tiene fundamentos sólidos,” responde el economista del gobierno a sus críticos.

También puedes leer la columna del columnista Samuel García sobre este texto: El gobierno juega con fuego

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