En defensa de las calificadoras

Un acusado es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Éste, uno de los postulados más importante del Derecho, se ha vuelto casi imposible de cumplir en el mundo actual, el de Twitter, el de Facebook, el de los blogs y del bombardeo de información.

La triste realidad es que los medios de comunicación han tomado el lugar de la justicia y, en mi opinión, ese hecho es de una gravedad impresionante para la estabilidad de los negocios. Sé perfectamente que no haré ningún amigo con esta columna, pero la verdad no es necesariamente aliada de la amistad.

Considero que el ataque visceral que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos  en contra de la calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) y el eco que ha recibido ese ataque en la prensa es desafortunado al extremo. Obviamente entiendo la reacción del pueblo: al fin y al cabo somos humanos y el humano siempre quiere “pan y circo”.

Después de lo que pasó en 2008 en el mundo era lógico esperar que la mayoría de la gente piense que los trabajadores de las calificadoras de riesgo son unos inmorales.

Además, es relevante argumentar algo: el proceso que se está llevando a cabo es civil y no uno criminal, lo cual probablemente tiene que ver con lo débil que parece ser el caso jurídico del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de S&P.

A la calificadora se la acusa de haber defraudado en forma sistemática a los inversionistas institucionales, antes y durante la crisis financiera de 2008-2009. Mejor dicho, se le acusa de haberles mentido a los inversionistas para favorecer los intereses de los emisores de los productos de inversión.

Como parte del acervo probatorio existen correos electrónicos muy desafortunados de empleados de Standard and Poor’s que cuestionan la validez de las recomendaciones hechas y las notas de riesgo aplicadas. Pero una cosa es que existan dichos e-mails y otra muy distinta que haya existido una “decisión de compañía” de defraudar a los inversionistas.

Por ejemplo, si la decisión de S&P era estafar a los inversionistas, ¿por qué razón sus calificaciones eran muy similares a las adjudicadas por Moody’s y Fitch en esos mismos productos? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no está denunciando penalmente a las otras dos agencias de riesgo, si también se equivocaron en su visión sobre el valor y la calidad de os famosos CDO?

¿Cómo es la cosa entonces? ¿Solo S&P es culpable de los hechos, a pesar de que los errors de calificación de entidades como Fitch y Moody’s fueron igual de significativos, si no es que peores?

Todo, diríase, indica que el gobierno estadounidense pretende buscar culpables de la crisis financiera de la forma que sea, algo que obviamente me parece muy poco apropiado. Y pareciera que ya se enfrascó en la idea de “empapelar” a S&P por el hecho de que ésta es la única agencia que se ha atrevido a bajarle la calificación crediticia.

Insisto: si una agencia de riesgo tiene que pagar una multa de miles de millones de dólares por no haber tenido la clarividencia para poder predecir la crisis financiera, ¿qué nos queda?

Allá por 2007, en CNN me preguntaron si estaba de acuerdo con las apreciaciones hechas por el director de la Fed, Ben Bernanke, y dije que no pensaba que el mundo fuera a colapsar. ¿Qué sigue entonces? ¿Multa y cárcel para Alberto Bernal y Ben Bernanke por no haber podido predecir el futuro?

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* EL COLUMNISTA es director de Investigación de Bulltick Capital Markets,
banco de inversión especializado en Latinoamérica, con sede en Estados
Unidos. Síguelo en Twitter: @AlbertoBernalLe.

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