Litigios, costos históricos y desprestigio global, consecuencias para México si se aprueba reforma eléctrica: ICC
El organismo representa de más de 45 millones de empresas en todo el mundo advierte retroceso de al menos 4 décadas.
La iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, así como el 9 transitorio, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, es una transformación muy amplia de las leyes porque involucra a los sectores eléctrico, de hidrocarburos, el litio y de recursos naturales del país.
En este sentido, la reforma propuesta regresará a México al menos 4 décadas atrás en la generación de energía eléctrica, con los consiguientes costos económicos y sociales para México.
El panorama que se espera no es favorable para nuestro país. La posibilidad de litigios internacionales por incumplimiento de contratos, costos históricos que rondarían como mínimo los 44 mil millones de dólares (valor estimado de los proyectos actuales en riesgo), o hasta 10 veces más, junto con el desprestigio del país por incumplimiento de contratos y violación al estado de derecho, serían algunas de las consecuencias.
Así lo expuso en conferencia de prensa ante medios la International Chamber of Commerce (ICC) capítulo México. La ICC es una organización global de empresas con sede en París, Francia, representa a más de 45 millones de compañías en todo el mundo en más de 130 países.
Altos riesgos para la economía mexicana
El organismo señaló que la propuesta generará un problema adicional de reputación internacional para México, ya que provocará incertidumbre y pondrá en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa (IED) en el país.
Dicha desconfianza podría llevar incluso al aislamiento de México respecto a la economía global, al violentar principios constitucionales como los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos.
Así, de concretarse, la propuesta conduciría a la recarbonización del modelo energético y a la dependencia en el corto plazo de modelos más destructivos del medio ambiente como el fracking, para resolver la demanda de petróleo, debido a que México cuenta con reservas para sólo 9.5 años.
Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje del organismo internacional, también explicó que la propuesta en sus términos actuales, sí se trata de una expropiación directa, a contracorriente de lo que se dice.
Litigios afectarían a otras administraciones
Debido a que los eventuales litigios internacionales que enfrentaría México son muy largos, es probable que no le tocará a este gobierno lidiar con laudos internacionales, en ese sentido serán los mexicanos quienes cargarán con el costo millonario de los litigios y deberán ser pagados por las siguientes administraciones. Litigios como los que podría enfrentar el gobierno mexicano tiene una duración mínima de 4 años.
Este asunto, el de los litigios, es muy serio. Rusia, por ejemplo, enfrentó hace algunos años denuncias en el ramo energético que llevaron a un arbitraje de 50 mil millones de dólares. México enfrentaría costos nunca vistos en su historia.
Hay margen para revisar
Los especialistas señalaron que pese a todo, sí hay condiciones y margen para revisar algunos aspectos del contexto eléctrico nacional y actualizarlos para fortalecer a la CFE. Por ejemplo, las tarifas que cobra la empresa por la generación de energía, mismas que deben actualizarse.
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