La lucha contra la corrupción exige una nueva Ley de Obra Pública

El pasado miércoles 12 de julio, dos personas perdieron la vida al caer en un socavón que se abrió en la autopista México-Cuernavaca. La tragedia en el Paso Express también abrió un debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Obra Pública y transparentar los procesos que lleva a cabo el gobierno.

“Tenemos que empezar a revisar no solo los lugares en donde ya ocurrió la corrupción, sino los lugares en donde se da la corrupción. Por eso tenemos que tener una Ley de Obra Pública con un enfoque anticorrupción, porque es ahí en donde se presentan los problemas”, asegura Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.

Transparencia Mexicana y otras organizaciones civiles, académicas y empresariales presentaron la semana pasada la iniciativa #VamosPorMás, que intentará reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a través de propuestas y de reformas. La Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público se encuentran en la mira.

Muchas de las licitaciones parecen estar dirigidas hacia ciertos concursantes o en algunos estados se crean requisitos adicionales a los de una convocatoria y hay más de 100 formas diferentes de comprar por parte de los gobiernos, dice Bohórquez.

Las organizaciones de la sociedad civil y empresarios ya trabajan en la redacción de propuestas puntuales que permitan reformar los ordenamientos legales existentes, que serán presentadas en septiembre próximo, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

“Los acercamientos que hemos tenido han sido por asuntos técnicos e informales para conocer las preocupaciones de ambos, pero al inicio del periodo ordinario muy probablemente llegaremos con una propuesta formal de una legislación nueva en materia de obra pública”, dice Bohórquez.

Una de las discusiones que podrían llegar a la tribuna legislativa será si debe existir una ley general de obra pública y una de adquisiciones, para asegurar que en el país existan las mismas condiciones para comprar o venderle al estado.

Alto Nivel se dio a la tarea de consultar a expertos en materia de infraestructura y de adquisiciones y obra pública, para conocer su opinión sobre los cambios necesarios en la legislatura vigente.

Transparencia

Los cambios que los expertos demandan en la Ley de Obra Pública se dirigen a alcanzar una mayor transparencia. El primer paso es atender los procesos en el ciclo vital de los proyectos.

En la actualidad, no existen diagnósticos periódicos que permitan una planeación, lo que resulta una deficiencia en el nacimiento de la obra.

“Necesitamos que la ley exija un inventario y se lleven a cabo diagnósticos y necesitamos que la ley exija un proceso de planeación ordenada con estándares correctos”, asegura Edmundo Gamas Buentello, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi).

En el caso de la licitación, el especialista en infraestructura lamenta que exista demasiada facilidad para hacer licitaciones directas en donde no se amerita o invitaciones restringidas que limitan la competencia.

Asimismo, las empresas extranjeras pueden quedar fuera de las licitaciones cuando se lanza una convocatoria con contenido nacional.

“Se necesitan muchos candados para que la licitación sea pública e internacional, al menos de que existan situaciones extraordinarias”, asegura Gamas Buentello.

La evaluación de propuesta sigue siendo un proceso discrecional a los ojos del experto en infraestructura y sin consulta con las cámaras y las asociaciones profesionales, explica.

La gerencia de obra es un paso que también debe hacerse riguroso en la ejecución de los proyectos, para que no ocurra lo mismo que en la Línea Dorada del Sistema de Colectivo Metro, en donde el gerente de obra fue el gobierno, el cual no supo determinar a los culpables por los errores, o el caso del socavón en la autopista México-Cuernavaca.

“Espero que el Congreso medite y no saque la propuesta al vapor, para que medite en todos los casos”, dice el experto.

Asimismo, las obras que licita el gobierno deben de cumplir con el presupuesto acordado y no presentar sobrecostos, para que se cumpla con el objetivo licitatorio: las mejores condiciones de la obra por el mejor precio.

Por otro lado, el Estado debe supervisar la obra y no recibir proyectos que presenten fallas, además de que no existen requisitos en la ley para presupuestar el mantenimiento de la obra.

“Toda la obra pública del país está decrepita, porque a partir del corte del listón no se le vuelve a dar presupuesto y mantenimiento hasta que no haya una situación crítica y se asigne mantenimiento”, explica.

Falta de aplicación

Sin embargo, no todos los expertos coinciden en un cambio a la Ley de Obras Públicas.

“La ley regula todos los procesos de concurso, de ejecución de obra, incluso, diferencias, en fin. Creemos que el capitulado de la ley es bastante bueno y, desde muchos ángulos, suficiente. Lo que sí vemos es que en muchas ocasiones adolece su aplicación”, dice Ignacio García Presno, socio líder de Asesoría en Servicios de Infraestructura de KPMG en México.

El especialista considera que no deben sumarse más pasos a los procesos de licitación, ya que fue reformado el proceso en 2016.

“Los mayores problemas de las obras públicas en este país no están en la licitación, sino en la ejecución”, dice

La ley no debe sufrir modificaciones tan pronto, sino bien acatada por los empresarios.

“El marco normativo para realizar inversiones en el sector infraestructura lo consideramos muy bueno”, expresa García Presno.

Una sola ley

Edmundo Gamas sí cree la necesidad de cambios y que es pertinente la existencia de una sola Ley de Obra Pública que atienda a todos los sectores económicos en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.

“Le urge al país tener un solo marco, una sola ley de infraestructura que fije reglas claras, modernas, transparentes y uniformes para todos los proyectos”, comenta.

Además, requiere de un organismo profesional y autónomo que lleve la batuta en los proyectos de obra pública, es decir, la falta de una columna vertebral.

Eduardo Bohórquez cree que la legislación vigente en materia de Obra Pública restringe la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) por la barrera que pueden representar los diferentes requisitos, mientras que el país pierde productividad y aumenta los riesgos de corrupción.

Compranet deberá cambiar y ajustarse a los marcos internacionales de contrataciones abiertas, para evolucionar el sistema y que sea una herramienta transaccional, es decir, que permita llevar a cabo los procesos solo mediante internet, sin tener contacto con el gobierno, dice Bohórquez.

Edmundo Gamas cree que la infraestructura del país demanda un cambio que otorgue certezas de los inversionistas y a los mexicanos, para que sepan que no volverá abrirse un socavón en la infraestructura del país.. “Es una tarea muy grande que requiere que el Congreso retome la Ley de Obras Públicas como una tarea magna y lo debe hacer en línea con la legislación de los países más avanzados y lo debe hacer de una forma transparente y con tiempos razonables”.

José Roberto Arteaga Periodista: aprendiz del periodismo de datos y escudero de Don Quijote. "Deja que el mundo te cambie y podrás cambiar al mundo."