La Cofece ‘saca tarjeta amarilla’ al futbol mexicano por fichaje
La investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica
Las autoridad mexicana antimonopolio tiene en la mira el mercado del futbol. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga el mercado de fichajes en el balompié mexicano por la posible monopolización de los jugadores que participan en el mercado.
La Cofece publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la apertura del expediente IO-002-2018, en el cual se investigan las probables prácticas monopólicas en el fichaje de jugadores.
“Con respecto a la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en los procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos, esto implicaría un conjunto de conductas anticompetitivas que impiden la movilidad de los empleados en el mercado laboral, por lo que amerita la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”, aseguró la Cofece en un comunicado.
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En el ámbito futbolístico, las prácticas monopólicas hacen referencia a convenios, contratos, arreglos entre interesados económicos que compiten entre sí con la finalidad de manipular, restringir y/o limitar la oferta y la demanda, así como segmentar el mercado a través del intercambio de información que coordine las posturas en licitaciones.
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La Ley Federal de la Competencia Económica advirtió que de comprobar la acusación, los responsables podrían ser multados con hasta el 10% de sus ingresos y las personas físicas podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penas hasta por 10 años.
En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
De no encontrar elementos que sustenten la acusación de dicha práctica anti competitiva, el Pleno resolverá su cierre.
La investigación tendrá un plazo de 120 días hábiles, que empezaron a contarse desde el 29 de junio del 2018, fecha en que inició la averiguación. El plazo podría ser ampliado por el mismo lapso hasta cuatro veces.
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