Iberdrola demanda a diario español por revelar caso de espionaje
La empresa acusa a El Confidencial de "una auténtica campaña de desprestigio y acoso mediático" que habría ocasionado "un gravísimo daño reputacional" a Iberdrola.
La empresa energética española Iberdola reclama unos 20 millones de dólares al diario digital de Madrid El Confidencial por supuesto daño a la reputación de la compañía tras sus publicaciones sobre un caso de presunto espionaje que investiga la Justicia, una reclamación que asociaciones de periodistas en España consideran un atentado contra el derecho a la información.
La demanda presentada por la compañía energética contra Titania, grupo editor de El Confidencial, en un juzgado de Bilbao (norte), donde tiene su sede esta empresa española, alega un perjuicio económico de algo más de 17.6 millones de euros (unos 20 millones de dólares), que se reserva el derecho de ajustar al alza si se publican nuevas informaciones.
La firma acusa a este medio de mantener durante más de dos años “una auténtica campaña de desprestigio y acoso mediático” contra la empresa y su presidente, Ignacio Sánchez, que habría ocasionado “un gravísimo daño reputacional” a Iberdrola.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (PAFE) y otras organizaciones expresaron su apoyo a este medio y a sus profesionales tras conocerse este martes la demanda.
RSF, en un comunicado, consideró “inaceptable” y una “maniobra de intimidación” que atenta contra la libertad de prensa esta demanda por daños al honor, contra este medio que desde 2019 publica informaciones que revelan supuestamente encargos de la compañía eléctrica al excomisario de la Policía española José Villarejo.
“Iberdrola considera que El Confiencial ha dañado su reputación con una campaña que denomina de ‘sobreinformación’ sobre sus contratos con el comisario Villarejo. Según su definición, hemos publicado demasiadas noticias perjudiciales en un espacio muy corto de tiempo”, reveló Miquel Roig, subdirector de El Confidencial.
Reporteros Sin Fronteras recordó que estas informaciones llevaron a la Audiencia Nacional española a solicitar la declaración como investigados de varios directivos de Iberdrola, entre ellos su presidente.
Por su parte, la FAPE y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en un comunicado conjunto, subrayaron que la jurisprudencia en España “sostiene que la libertad de información legitima la actuación de los medios y de sus periodistas”.
El derecho a la libertad de información prevalece “cuando la noticia cuestionada es veraz, se refiere a asuntos de interés general o de relevancia pública, está verificada y debidamente contrastada con fuentes fiables”, señalaron.
“Por otra parte, tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ejercer el derecho de rectificación de hechos que les aludan, que consideren inexactos y cuya divulgación pueda causarles perjuicio”, apuntaron.
La Audiencia Nacional investiga una supuesta contratación irregular por parte de importantes empresas españolas, para labores de espionaje, de sociedades del excomisario, que está imputado en varios procesos judiciales.
La Fiscalía Anticorrupción reclamó que se investigará si la empresa energética contrató los servicios de Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de la multinacional española de infraestructuras ACS, Florentino Pérez.
El caso data de finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de una central nuclear en España, o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.
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