Ha llegado la hora de cambiar la guerra contra el narcotráfico

En México se registraron de enero a julio del año pasado 26,287 homicidios, y para el mismo periodo de este año la cifra fue de 28,886 homicidios, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); es decir, un incremento de 10% respecto a los primeros siete meses de 2017, provocando que 2018 vaya a rebasar el peor año de violencia registrado en la historia reciente del país.

Este par de cifras es contundente para entender que la ruta seguida en el combate al narcotráfico está agotada. La irremediable conclusión es que la política pública de prohibir los estupefacientes es un desastre monumental.

Detrás de cada uno de los homicidios existen lamentablemente, decenas de historias trágicas que tienen al país sumido en una carrera desquiciada rumbo al precipicio, y en el caso de algunas localidades solo impera la ley de la delincuencia, porque el Estado ha sido rebasado o incluso reemplazado.

Ha llegado la hora de cambiar. El país requiere en el tema de las drogas un viraje de 180 grados.

Es momento de que el Estado pase a regular y, ante la abrumadora evidencia, dejar atrás el engaño de que la filosofía punitiva en las drogas genera mejores resultados. Por eso, la única ruta es la regulación de las drogas.

Para ello, es necesario enfatizar que las políticas públicas se deben siempre evaluar y justificar en función de sus resultados, no de enunciados dogmáticos o de asignaciones presupuestales.
Por lo anterior, la discusión de una nueva política en materia de drogas que ya se anuncia, viene con el cambio de administración y debe pasar por ese tamiz y escrutinio.

Por ello, es necesario saber cuáles son los resultados actuales, los cuales al no ser positivos implican que la política pública debe modificarse para buscar objetivos y consecuencias aceptables.

En este debate, han existido dos argumentos que suelen utilizar los detractores del cambio, uno de ellos es que no se puede cambiar porque la legalización de las drogas podría generar una enorme masa de consumidores y el segundo es que podría rebasar al sistema de salud.

La respuesta la da la realidad: hoy día existe una vasta oferta de estupefacientes y cada segundo que transcurre se suman consumidores.

Es decir, los riesgos que se apuntan como posible consecuencia del cambio son en realidad lo que hoy tenemos frente a nosotros. El escenario actual y no el futuro es el que nos tiene contra la pared.

La legalización de las drogas lo que plantea es justamente el reto de dejar esos riesgos atrás, porque la venta se hace en cualquier punto, la droga está disponible en todas sus modalidades, sin ningún control sanitario ni restricciones para determinadas edades, nadie regula ni cantidad ni calidad.

Esa es la gran tragedia que sí estamos viviendo; el riesgo no es potencial, es actual.

La alternativa

Por ello, debemos aspirar a que el Estado recupere la capacidad regulatoria para que, de esa manera, la calidad, la cantidad y los sitios de consumo estén bajo el paraguas de la ley y se logre establecer un equilibrio entre las libertades individuales y la protección a terceros, y la salud.

Hoy, la capacidad regulatoria del Estado no existe, se le ha entregado a la delincuencia con el saldo que todos conocemos.

Entendamos desde el inicio de este nuevo capítulo, que la regulación de las drogas deberá ser sumamente amplía.

No se puede regular igual la mariguana, la cocaína, la heroína u otros sicotrópicos, porque sus consecuencias son radicalmente distintas. Debemos partir de que hay esta diversidad y que, por lo mismo, se tiene que regular en forma diversa.

Es necesario encontrar cuáles son las mejores prácticas en todos los casos internacionales; existen ejemplos muy buenos como son los casos de España, Portugal, Uruguay y, recientemente, lo que sucede en Estados Unidos y Canadá en materia de mariguana.

Caso emblemático y algo que hay que destacar puntualmente es lo que sucede con la amapola en el estado de Guerrero.

Es ahí donde ya existe una iniciativa de ley para tratar de cambiar la ecuación y regularizar los plantíos de amapola.

Reuters

Esto merece el reconocimiento expreso a esos legisladores, que saben que la emergencia es de tal nivel y magnitud que se requiere forzosamente pasar de la prohibición a la regulación, porque la entidad está incendiada.

Guerrero tiene las condiciones geográficas y climatológicas para ser uno de los principales productores de opiáceos en el mundo, y no hay que olvidar que los opiáceos constituyen una de las materias primas fundamentales en la industria farmacéutica (por ejemplo, para la fabricación de morfina).

Hoy en día la industria farmacéutica nacional tiene que pagar divisas y traer esos opiáceos de lugares tan lejanos como Turquía, cuando los podríamos estar generando y cultivando aquí en Guerrero.

¿Cuál es la diferencia?, pues que los campesinos de ese estado están hoy en día a fuego cruzado entre la delincuencia y las fuerzas armadas.

De legalizarse la siembra de la amapola pasarían a ser parte de la economía formal, brindándoles los beneficios de protección en materia de seguridad social, en materia de trabajo y previsión, en materia de gravámenes, etc. Es decir, pasarían a ser parte de la economía formal.

La emergencia que vivimos reclama una acción puntual y debemos celebrar que el congreso de Guerrero vaya por esa vía, y preguntar por qué no están siendo acompañados por las autoridades federales.

Un remedio caro

Es la hora de dejar de lado el combate a las drogas con incrementos en el gasto de la seguridad, y sin inteligencia económica, financiera o regulatoria.

Estamos hablando de que algunas estimaciones fijan que el intercambio comercial por narcotráfico entre México y Estados Unidos ronda entre los 40 mil y los 60 mil millones de dólares anuales.

Es decir que la confrontación no es la ruta para enfrentar al narcotráfico. México ha visto crecer en los últimos 20 años en 800% el nivel de gasto de seguridad pública.

Los recursos financieros a ese combate se han destinado y no obstante los resultados que se han obtenido muestran que se ha seguido una política errónea.

El problema es de tal magnitud que ha generado muchas otras incidencias. Por ejemplo, existe un hilo conductor en cuanto a la compra de armamento por parte del crimen organizado de México en Estados Unidos, porque obviamente se requieren recursos para comprar esos insumos.

Si se reduce el flujo económico se impacta en muchos lados. Pretender que se modifique la segunda enmienda en Estados Unidos es casi imposible, nosotros no podemos esperarnos a que ellos resuelvan su problema con el uso de armas.

Lo que sí podemos hacer es destruir la cadena que permite que haya esa compra masiva de armas en las tiendas.

Tan solo en la frontera de México con Estados Unidos hay por lo menos 12 mil armerías, número mucho mayor del que se requiere para las necesidades propias de Estados Unidos; vemos que hay un negocio conocido y abierto que representa altas ganancias y en donde los requisitos para comprar las armas son básicamente mostrar una licencia de manejo y listo.

Esta es otra parte del enorme problema que no se ha resuelto, sino que se ha venido complicando cada vez más con una política que no regula las drogas, que ha detonado un enorme negocio ilícito, y que ha generado un gran vacío llenado por la delincuencia.

Así es que salvo para los que estén involucrados en el negocio o les provean protección de una u otra forma, llegó la hora de recuperar el control de este mercado por parte del Estado Mexicano, algo que nunca se debió haber perdido.

Los “hubieran” no existen, pero seguir dejando el control en la delincuencia es descomunal y no puede constituir una decisión razonable o prudente.

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Juan Francisco Torres Landa Juan Francisco Torres-Landa, socio director de Hogan Lovells BSTL. Cuenta con más de tres décadas de experiencia como abogado corporativo, ha asesorado a clientes de diferentes industrias.