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Estas son las voces que se oponen al ‘gasolinazo’

16-01-2017, 6:44:12 AM Por:

Demandas de amparo, controversias constitucionales y exigencias de grupos empresariales son parte de los elementos que ya enfrenta el ‘gasolinazo’. Te presentamos las voces que forman la resistencia contra la polémica iniciativa.

Los mexicanos no iniciaron con el pie derecho este año. El aumento a las gasolinas, conocido como gasolinazo, despertó la indignación de varios sectores de la sociedad que han manifestado su rechazo a la medida implementada por el gobierno federal.

“Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo, pero, ¿qué hubieran hecho ustedes?”, dijo Enrique Peña Nieto durante un mensaje a la nación el pasado 5 de enero.

La historia no ha llegado a su fin. Los precios actuales de la gasolina se mantendrán vigentes hasta el próximo 3 de febrero y podrían sufrir un nuevo aumento después de esa fecha.

Los analistas de Finamex Casa de Bolsa prevén que se registre un incremento adicional de 8% en los precios de las gasolinas Magna y Premium, el cual sería adicional a los presentados hasta el momento.

Los ciudadanos se han manifestado en las calles de la República Mexicana en contra del gasolinazo, mientras que grupos empresariales, organizaciones sindicales y abogados han mostrado una postura opuesta a la medida gubernamental y las medidas posteriores para apoyar la economía de la población.

Demandas de amparo, controversias constitucionales y exigencias de grupos empresariales son parte de los elementos que ya enfrenta la polémica iniciativa. Te presentamos las voces que forman la oposición contra el gasolinazo y sus propuestas ante el incremento en el precio de los combustibles.

CDMX se ampara

El gobierno de la Ciudad de México tampoco está de acuerdo con el aumento de tarifas de las gasolinas y su diferenciación por región.  Este lunes 16 de enero, Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno capitalino interpuso un amparo contra la acción del gobierno federal ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

El funcionario de gobierno pondrá a la disposición el documento que permita a otros ciudadanos solicitar un amparo contra la diferenciación regional de los precios de las gasolinas en la República Mexicana.

Se presumes que el documento fue revisado por juristas de las Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como por Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Empresarios contra gasolinazo

El pasado 2 de enero, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alzó la voz contra el gasolinazo. La organización empresarial dijo que el aumento a las gasolinas era desproporcionado y atentaba contra la economía del consumidor final.

“En la Coparmex siempre hemos impulsado la libre competencia y nos hemos mantenido aportando propuestas para la implementación de la Reforma Energética, que establece un mercado abierto donde mas jugadores participan,  de ninguna manera estamos de acuerdo en que el usuario final resulte el más afectado con el incremento de precios de los combustibles”, dijo el sector patronal del país.

A partir del pasado primero de enero, el costo promedio de las gasolina, y diésel es de 15.99 pesos por litro, en el caso de la gasolina Magna, para la gasolina Premium 17.79 pesos por litro y 17.05 pesos, en el caso del diésel.

La confederación hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de aminorar las afectaciones al consumidor final.

Sin embargo, el desacuerdo de los empresarios que conforman la Coparmex ha ido en aumento. El pasado lunes 9 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, para aminorar los efectos del gasolinazo, proyecto del cual discrepó la organización.

La Coparmex calificó el acuerdo de “improvisado, incompleto e insuficiente”, por lo que presentó su propia propuesta de acuerdo para que sea discutido con el gobierno federal.

Sindicatos en desacuerdo

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que agrupa al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos “Volkswagen de México”, acordó no firmar el acuerdo propuso Enrique Peña Nieto y, también se manifestó en contra del gasolinazo.

La UNT esperaba que el gobierno federal derogara la reforma energética, así como la liberación y aumento de las gasolinas.

“En base a lo anterior, la UNT acordó enviar a la STPS una carta donde se le diga que no se puede firmar un documento de esas características y que se acompañara con propuestas concretas de cómo solucionar el problema del gasolinazo”, dijo la organización en un comunicado.

El organismo sindical que encabeza, Francisco Hernández Juárez, convocó el próximo 31 de enero a una marcha para pronunciarse sobre el gasolinazo y exigir que la medida tomada por la SHCP sea anulada.

Por el momento, La UNT propuso fomentar la sustitución de importaciones y aprovechar la capacidad de las refinerías existentes en el país, así como la construcción de nuevas instalaciones de refinación. Además, recomendó la sustitución de importaciones y el fomento al mercado interno.

Constructores en contra

La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) ha sido otra de las organizaciones que ha rechazado el acuerdo firmado por Peña Nieto y una parte del sector empresarial a favor de la economía familiar, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción no fueron representadas.

“El Acuerdo es un limitado intento por mitigar el efecto negativo del alza de los precios de las gasolinas en la economía de las familias, hecho de manera precipitada y sin sustento, que no refleja la realidad de la economía del país”, dijo en un comunicado Francisco Javier Gallo Palmer, presidente nacional de la AMIC, quien hizo un llamado a los interesados para realizar una consulta nacional en donde se incluya a este sector.

La asociación se pronunció por nuevas medidas para fortalecer la transparencia en el sector gubernamental, y propiciar el desarrollo de nuevas obras de infraestructura, así como suprimir, de manera inmediata, las prerrogativas de los diputados federales para ejecutar obra de forma discrecional a la cual tienen derecho por 20 millones de pesos (mdp), sumando un monto total de 10,000 mdp anuales los 500 diputados federales, sin satisfacer ninguna normatividad de las leyes vigentes en la materia que la haga viable.

Amparos ciudadanos

Estos abogados no quisieron quedarse con los brazos cruzados frente al gasolinazo. José Oscar Valdés Ramírez y José Leonel Andrade Alarcón son litigantes que se oponen a las medidas gubernamentales que consideran no se sustentan a la ley, por lo que han decidido, ahora, imponer amparos contra el aumentos a los combustibles.

“Tenemos que bajarnos de la zona de confort. Se los dije a mis amigos. No puede ser que nosotros que manejamos la ley dejemos a la gente sola y el gobierno nos vea la cara de pendejos y nos aumenten el 20%”, dijo en entrevista con Alto Nivel José Oscar Valdés, quien acudió al juez del Distrito 13 para interponer un amparo contra las medidas tomadas por el gobierno.

El argumento del abogado para interponer el amparo lo sustenta en el artículo 28 constitucional, al señalar que la zonificación de precios de los combustibles fue hecha de forma arbitraria.

Un juicio como el que este abogado constitucionalista interpuso contra el gasolinazo, lo cobraría en 100,000 pesos aproximadamente, al tratarse de un pleito contra el gobierno, sin embargo, ha compartido a través de su cuenta de Twitter la demanda de amparo e incluso ofrece asesoría gratuita sobre este tema para quien lo requiera.

Por su parte, José Leonel Andrade Alarcón considera los aumentos de las gasolinas por zonas sin sustento legal y con los vacíos suficientes para ser revocada.

Andrade Alarcón fue el único en 2016 que pudo circular sin ninguna restricción por la Ciudad de México en tiempos en que hasta los carros último modelo debían dejar de hacerlo, al interponer un amparo por la medida de las autoridades capitalinas.

“Debemos buscar en las instituciones la solución porque si bien es cierto es un problema de mercado, también es un problema de carácter social. Debe haber una economía de carácter social. No podemos caer en un capitalismo voraz”, dice José Leonel.

Ambos abogados piden a los ciudadanos no manifestarse violando la ley y buscar vías legales para protestar. Andrade no quita el dedo del renglón: “No puedes atacar una ilegalidad con otra ilegalidad.”

Alcaldes promueven controversia

24 alcaldes del estado de Jalisco buscan dar marcha atrás al gasolinazo con una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que, consideran, que los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara no son tratados con igualdad en comparación a otras localidades que tienen acceso a precios más bajos.

En el municipio de Zapopan, el costo de la gasolina Magna es de 16.53 pesos por litro, el de Premium de 18.41 pesos y el de Diesel de 17.26 pesos, mientras que en otros municipios como en Veracruz el costo es de 15.33, 17.11 y 16.41 pesos, respectivamente, según expuso el mandatario municipal.

“Lograríamos un ahorro de un peso con veinte centavos por cada litro, cada vez que llenes tu tanque tendrías un ahorro de alrededor de 70 pesos por cada tanque si podemos darle viabilidad a esta controversia”, dijo Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, quien presentó los documentos ante la oficialía de partes de la SCJN.

El gasolinazo es una realidad en la República Mexicana y el descontento de la población se hace presente en las calles. Hoy, algunas voces se han encendido para luchar contra la medida gubernamental y esta historia aun no tiene un final escrito.

Con información de Javier Rodríguez y Roberto Arteaga.

autor Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.
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