Estados pueden comprar vacunas vs Covid-19 porque ninguna ley lo impide
Aunque la ley no lo prohíbe, el gobierno federal negó a las entidades la posibilidad de adquirir sus propias vacunas contra el virus de la pandemia.
Ante la llegada a México del primer cargamento de 3,000 vacunas contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, y el inicio de su aplicación, nuestro país tiene ante sí un importante reto logístico que podría enfrentar varias dificultades, considerando que el gobierno federal prohibió -al menos verbalmente- que los estados exploren la posibilidad de comprar sus propias vacunas, a pesar de que ninguna ley lo impide.
En ese tenor, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es enfático: “Si la vacuna está autorizada por Cofepris, que es la autoridad que en el ámbito nacional determina las posibilidades de utilización de todos los fármacos, medicamentos, vacunas, etcétera, en el país, a mi modo de ver basta con que se satisfagan los requisitos de importación de los medicamentos o de los insumos que son considerados lícitos, para que los particulares, las entidades federativas o quien quiera las pueda comprar”.
Al menos 10 estados que integran la Alianza Federalista han manifestado su disposición para importar vacunas, pagándolas con su propio presupuesto, a fin de acelerar el proceso de inmunización.
Prohibición sin fundamento
Hace unas semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumentó que los estados tenían prohibido comprar sus propias vacunas contra el Covid-19, de acuerdo con los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud. Sin embargo, esos numerales no prohíben de ninguna forma que las entidades compren en el extranjero este tipo de productos.
En entrevista con ALTO NIVEL, el ministro en retiro apunta que “el doctor López-Gatell me parece que lo que está pensando es que debe haber un programa nacional de vacunación en materia de Covid, y me parece que ha confundido argumentos técnicos con argumentos económicos, e inclusive con argumentos ideológicos”, pues la Ley General de Salud en ninguno de sus artículos prohíbe la importación de vacunas, siempre que estas ya hayan sido autorizadas por Cofepris.
“Si yo quisiera comprar, yo como particular, una vacuna, y yo satisfago los requisitos que la Secretaría de Hacienda me establece para la importación, ¿De verdad se me impediría la adquisición de esta vacuna?, pues creo que no habría ningún argumento”. Lo mismo sucede con las entidades federativas o con los hospitales particulares, enfatiza el jurista.
Si los estados del país “quieren hacer una compra, la medicina está o el medicamento o la vacuna están en el comercio, y satisfago los requisitos de importación que me establece la Secretaría de Hacienda, yo creo que la Secretaría de Salud en modo alguno me podría prohibir la incorporación de este medicamento permitido y autorizado en mi país”, asevera José Ramón Cossío.
Por otro lado, si esa prohibición, que hasta ahora solo es verbal, se llegara a presentar oficialmente, las entidades federativas pueden interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a decir de Cossío, sería difícil que no les dieran la razón.
En el caso de los particulares ocurriría lo mismo, pero acudiendo al juicio de amparo. Si un hospital privado quiere importar vacunas contra el Covid-19, y estas se encuentran disponibles por los laboratorios que las fabrican, en caso de que se les prohibiera su introducción al país, los particulares tienen a su alcance promover un juicio de amparo ante los juzgados federales de México.
“La probabilidad de que las autoridades me tengan que autorizar, las autoridades judiciales, esa importación, es altísima, porque no habría una razón jurídica para que me prohibieran esta importación”, concluye José Ramón Cossío.
Logística improvisada
De acuerdo con el plan de inmunización de la Secretaría de Salud, se prevé que de enero de 2021 a marzo de 2022 puedan vacunarse por lo menos 90 millones de mexicanos, es decir, la administración de vacunas deberá beneficiar diariamente a 197,802 personas durante 455 días, cifras difíciles de alcanzar incluso contando con los suministros de estos biológicos.
Además, tanto la vacuna de Pzifer como la de otros laboratorios requieren ser administradas en dos dosis, por lo que el número de personas que deben vacunarse diariamente en los próximos 15 meses se duplicará, lo que plantea un serio problema para el deficiente sistema de salud pública mexicano.
En ese tenor, “en las cadenas de distribución de medicamentos y vacunas ya existe en México un know how y economías de escala entre las empresas especializadas en este tipo de labores, lamentablemente en el gobierno no se cuenta con ese expertise”, dijo en entrevista un alto ejecutivo responsable de la logística de una empresa trasnacional en México que pidió anonimato.
Además, “se debe garantizar la seguridad de los productos, sobre todo en su refrigeración, y contar con una capacidad disponible para su transporte que no puede ser improvisada. No será una tarea fácil, por lo que pueden presentarse retrasos importantes” en el plan que trazó el gobierno, añadió.
En México el gobierno federal, a través del Ejército mexicano, decidió centralizar por completo el plan de vacunación en contra del Covid-19, a pesar de que no cuenta con la infraestructura ni con el personal suficiente para poder inocular, dos veces en un lapso de 15 meses, a 90 millones de mexicanos, cifra equivalente al 71% de la población total del país, necesaria para lograr una inmunización que detenga la pandemia.
En contraste, en Estados Unidos la distribución de las primeras vacunas contra el Covid-19 se está haciendo de manera descentralizada, si bien es el gobierno federal de esa nación el que está adquiriendo los biológicos a los laboratorios, su entrega se realiza por estados, empezando por aquellos que cuentan con mayor población, y por ende, tienen un mayor número de médicos que inmunizar en una primera etapa.
En nuestro país, las primeras 3,000 dosis que llegaron el miércoles solo alcanzarán para 1,500 médicos, que equivalen a 0.21% de las al menos 700,000 personas que laboran en el sector salud público mexicano.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.