Esta iniciativa quiere regular las redes sociales en la Constitución

La importancia de las redes sociales en la vida cotidiana de los mexicanos se ha ido incrementando de manera sustancial en los últimos años, y con ello los diversos riesgos en materia de seguridad que plantean las tecnologías de la información, por ello Movimiento Ciudadano (MC) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para regular a estas plataformas.

La propuesta, que es avalada tanto por diputados como por senadores de MC, explica que el Estado mexicano debe ser capaz de generar condiciones de seguridad para todos los usuarios de los medios tecnológicos, previniendo a su vez los riesgos que se presentan en Internet, “sin obstaculizar la neutralidad y el libre acceso a la red”.

La iniciativa reconoce que la seguridad cibernética es un tema de la mayor importancia que debe ser considerado por los gobiernos, “debido al mal uso del ciberespacio que en muchas ocasiones impide diversas actividades económicas, e incluso representa un peligro para la seguridad” de los usuarios.

De hecho, los legisladores incluyen en su exposición de motivos que en México la Policía Federal ha detectado 5,549 sitios apócrifos que usurpan la identidad de instituciones financieras y gubernamentales, con la finalidad de realizar fraudes.

Por ello, Movimiento Ciudadano propone incluir en el artículo 6 de la Constitución que el gobierno federal tenga -entre sus obligaciones- la prevención del mal uso de los medios tecnológicos.

Lee: 5 pasos para sacarle ganancias a tus redes sociales

Conductas sancionables

Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TICs, plantean un reto para todos los gobiernos: Por un lado, su fomento ayuda al desarrollo de la sociedad en general, y de las relaciones económicas en lo particular, aunque por el otro también presentan riesgos para la seguridad de las personas.

La propuesta de MC intenta que ambos conceptos se incluyan en la carta magna. Así, el Estado mexicano reconocerá “la utilidad de las relaciones sociales en masa por medios tecnológicos”, pero a su vez el gobierno federal, dentro de sus competencias, deberá coadyuvar en dichas relaciones “y prevenir su mal uso”.

Justo en este último término es en donde empiezan los problemas: ¿Quién determinará qué es el mal uso de las redes sociales? ¿La libertad de expresión puede verse coartada por este tipo de regulaciones? Si por ejemplo alguien critica al gobierno o a un funcionario público, ¿se estará haciendo un mal uso de las TICs?

Estas interrogantes pretenden ser respondidas en la misma reforma constitucional que proyecta MC, partido que propone una futura ley reglamentaria que determine “las conductas y prácticas a través de medios tecnológicos que resulten sancionables, garantizando la neutralidad de las redes”.

Es decir, serán los mismos legisladores quienes determinarán cuáles acciones serán sancionables, y cuáles serán consideradas correctas. Se trata en pocas palabras, de regular el comportamiento de los ciudadanos en Internet, algo que hasta ahora solo se registra en los regímenes autoritarios.

Lee: Los 7 mitos sobre el poder de las redes sociales

Derechos acotados

Si bien la libertad de expresión es un derecho que no es absoluto, sino que permite modulaciones, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece -por ejemplo- que los servidores públicos tienen un umbral de privacidad inferior al de los ciudadanos comunes.

Esto quiere decir que el funcionario puede ser escrutado y criticado de forma más acuciosa si se compara con las críticas que puede recibir una persona que no se dedica a la función pública.

De aprobarse esta iniciativa de reforma a la Constitución, la ley reglamentaria que se propone desarrollar deberá contemplar esto, de lo contrario se estaría acotando el derecho a la libre manifestación de las ideas en redes sociales.

Otro punto a considerar es la expresión de palabras altisonantes u ofensivas, para muchos estas forman parte de la libertad de la que gozamos los ciudadanos. De facto, hay toda una teoría jurídica con respecto al derecho a proferir ofensas.

En nuestro país esta perspectiva ha sido regulada por la Corte dependiendo de quiénes son los que han recibido y proferido las ofensas. Por ejemplo, el discurso de odio y las expresiones homofóbicas no están protegidas por la libertad de expresión, por lo que una palabra como “maricón” es considerada una ofensa que incita al odio.

Esta es una de las dificultades a las que se enfrenta la iniciativa de Movimiento Ciudadano. Si se reforma la carta magna, posteriormente se tendrá que elaborar una ley reglamentaria que defina exactamente cuáles palabras serán consideradas ofensas y cuáles no, con lo que se abre la puerta a la censura.  

Si consideramos que México se encuentra actualmente en un momento de especial polarización política, la cual se expresa sobre todo en las redes sociales, pretender regularlas entraña muchos más riesgos que ventajas.

Lee: ¿Qué implica la suspensión definitiva en favor de Emilio Lozoya?

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.