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Esta es la reforma que haría ilegal a Airbnb en la CDMX

22-07-2020, 11:43:28 AM Por:
Airbnb
© Depositphotos

Los dueños de inmuebles que los pongan como lugares de hospedaje temporal a través de plataformas recibirían multas de 4 mil 344 hasta 26 mil 064 pesos.

El pasado 15 de julio, Leticia Estrada, diputada de Morena presentó su propuesta para una nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles en la Ciudad de México donde se especifica que los dueños no podrán utilizar sus viviendas o inmuebles  “en contravención a su destino y uso de suelo autorizado”. 

El documento aclara que “en los inmuebles sujetos al régimen condominial se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicio en las unidades de propiedad privativa de uso habitacional y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Airbnb u otras modalidades semejantes”.

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Reuters

Quienes desobedezcan esta ley, en caso de ser aprobada, tendrán que pagar una multa que va desde 4 mil 344 hasta los 26 mil 064 pesos. Asimismo, esta iniciativa convierte en obligatoria la constitución de una Asamblea General de personas condominas que funjan como administradores. 

Airbnb ha sido una de las empresas más afectadas por esta pandemia ya que su giro principal es el turismo, de hecho, en día pasados el CEO de la empresa declaraba para CNBC que su compañía se enfrenta a un futuro incierto debido a los temores de rebrotes de COVID-19 ya se están experimentando en todo el mundo.

Lee: El drama de Airbnb: de ser el gran unicornio a “perder casi todo en 6 meses

Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México propuso que, por la emergencia sanitaria, los inquilinos puedan renegociar los contratos de arrendamiento, sean verbales o escritos; a impedir el desalojo de una vivienda, aunque el arrendatario no haya pagado la renta si no hay contrato de por medio; y a que la renta no sea menor a tres años.

La propuesta de las diputadas Martha Ávila Ventura y Valentina Batres Guadarrama fue presentada el 8 de julio y argumenta que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y la pérdida de empleos podrían ocasionar atrasos en alquileres e hipotecas, y la amenaza de desalojo forzoso.

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