¿En qué ayuda la despenalización de la marihuana en México?

Isabel es una maestra de secundaria en el municipio de Xichú, una población con apenas 11 mil 639 habitantes ubicado en la zona noreste de Guanajuato. Asegura que varios de sus alumnos actualmente consumen marihuana de manera habitual e incluso, varios cuentan con una siembra personal en casa.

“En la escuela no se ha detectado que consuman, pero se ven los grupos que se hacen y la mayoría se juntan para hacerlo”, dice en entrevista. Su caso exhibe la cercanía de la droga con los menores de edad: De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic) y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode), por lo menos 106 mil niños de quinto y sexto año de primaria han probado la marihuana, pero para la secundaria y el bachillerato la cifra se eleva más de 10 veces.

Esta semana será decisiva para México en su camino a la posible despenalización del consumo de marihuana con fines medicinales y recreativos, pues se llevará a cabo la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) en Nueva York luego de que se adelantara tres años la fecha para su realización. 

En torno al tema, legisladores, analistas y sociedad civil contaron a Alto Nivel los posibles escenarios si se despenaliza la marihuana, ya sea para uso medicinal o con fines lúdicos.

Uso con fines lúdicos y recreativos

La iniciativa presentada por el senador panista Roberto Gil Zuarth plantea despenalizar consumo personal de marihuana, permitiendo el cultivo doméstico de hasta seis plantas, sin necesidad de registro alguno, así como una tasa de 15 por ciento a los productos elaborados con cannabis.

De acuerdo con algunos grupos de la sociedad civil, esta iniciativa perjudicaría a los menores de edad al estar expuestos a daños a la salud y efectos adversos para su educación y desarrollo social. Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) indicó que de aprobarse su uso para fines lúdicos y recreativos el panorama social para este grupo se dibuja adverso. 

“Tenemos once millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no tienen oportunidades laborales y serán presas más fácilmente de cualquier tipo de adicción; actualmente los jóvenes ya tienen acceso a alcohol y tabaco aunque supuestamente su venta está controlada”, expuso en entrevista. 

La iniciativa de Gil Zuarth pretende regular “estrictamente” el uso de la cannabis y prohíbe la venta a los menores de edad. “Es necesaria una regulación estricta que salvaguarde los derechos efectivamente y que cause un daño menor a la sociedad que la represión policial y el uso del sistema penal”, indica el documento del que fuera secretario particular de Felipe Calderón cuando éste fue presidente.

¿Bajarían los índices de violencia?

De acuerdo con Human Right Watch, desde 2006, cuando se dio inicio formal a la lucha contra el tráfico de drogas, se contabilizan más de 60 mil muertes y alrededor de 21 mil desaparecidos por esta causa.

Sin embargo, expertos en seguridad señalaron que la lucha no se reduce sólo a una sustancia, por lo que los delitos relacionados al tráfico de estupefacientes continuarían.

“Los efectos sobre la violencia serían realmente mínimos, las causas de la violencia en los últimos diez años no están relacionados con el consumo de la droga en general y menos de la marihuana, sino están relacionados con el tema del tráfico de la droga que se produce y se transporta además de la disputa por las rutas, un factor fundamental para la violencia”, explicó Armando Rodríguez Luna, coordinador de programas en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

Gabriel Regino, abogado especialista en seguridad pública, coincidió en que las repercusiones en materia de seguridad serían mínimas, aunque su discusión y eventual aprobación es recomendable.

“La marihuana no es una sustancia que genere violencia sino que la dinámica de violencia de los grupos criminales es porque éstos ya han ampliado su esquema de negocio más allá de las sustancias prohibidas sino que se han extendido a extorsiones, secuestro y uso de piso”, explicó.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en un informe de 2013 indica que el camino que deberían de seguir las naciones en la región sería despenalizar el consumo como parte de la estrategia de salud pública y seguridad y plantea que para 2025 los índices de violencia bajarían, pues los miembros de seguridad no se  enfocarían en distribuidores de droga de menor nivel sino que centrarían sus esfuerzos en el crimen organizado de mayor nivel.

Al respecto, Aram Barra, miembro de la organización México Unido Contra la Delincuencia, expuso que un mercado controlado por el Estado brinda la oportunidad de recaudar más recursos para combatir crímenes de alto impacto y mejorar las campañas contra adicciones.

“El crimen organizado sigue creciendo en poder e inhibe la capacidad de los estados de tener una buena gobernanza y Estado de Derecho; se le quitará un pedazo del ingreso a los grupos criminales, su poder real se reduciría en alguna medida”, opinó.

Pero el mercado de la marihuana sólo es una pequeña parte de los ingresos para el crimen organizado. Según la OEA la cocaína generó ingresos en 2009 por 85 mil millones de dólares (mdd), la heroína generó otros 55 mil millones y la marihuana 141 mil millones.

Uso medicinal, el consenso

Durante los cinco foros de debates realizados por la Secretaría de Gobernación, el uso para fines médicos y terapéuticos tuvo una mejor aceptación entre los miembros del debate.

En Estados Unidos, la prescripción médica de la cannabis está aprobada en 23 estados, mientras que sólo 2 lo han hecho para fines recreativos. “Ancestralmente se ha usado la planta como analgésico y paliativo; fumada, untada o ingerida. No hay razón para limitar los usos médicos a la producción farmacéutica”, plantea la iniciativa a discutirse en la Cámara Alta.

De acuerdo con los especialistas, el impuesto especial de 15 por ciento aplicable a productos y servicios (IEPS) podría generar una recaudación importante que debería ser destinada a programas de control de adicciones y salud.

“Se trata de un opiáceo de alto consumo que generaría una cantidad de ingresos interesante como ha sucedido en Estados Unidos en los últimos meses”, señala Regino.

Darinka Rodríguez Periodista especializada en telecomunicaciones, finanzas y competencia económica. Escribe en bicicleta y le encanta viajar.