En la minería se acabaron las concesiones de 100 años: Napoleón Gómez
Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM) y senador de la República, platicó con Alto Nivel sobre la situación actual de la minería en el país
Durante los últimos 30 años, las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, se beneficiaron de la flexibilización total de las leyes laboral, minera y ambiental, y de las concesiones, que alcanzaron hasta los 100 años, sin restricción alguna. Sin embargo, esa flexibilización parece haber llegado a su fin. El nuevo gobierno buscará reordenar todo el sector y reconstruirlo sobre bases sólidas, estables y justas, tanto para las compañías como para los trabajadores y las comunidades; y donde el respeto al medio ambiente será una prioridad.
Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM) y senador de la República, platicó con Alto Nivel sobre la situación actual de la minería en el país, la estrategia para acabar con dicha flexibilización y la posibilidad de que las tierras concesionadas que se encuentran ociosas, que no han sido exploradas, desarrolladas o que son utilizadas para otros fines, sean canceladas y regresen a manos del gobierno; así como las minas que están cerradas.
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AN ¿Qué tan importante es la industria minera para el nuevo gobierno y qué cambios considera necesarios para que el sector crezca con estabilidad, pero con respeto a las leyes?
El sector minero juega un papel muy importante en la transformación económica del país y lo seguirá haciendo en el futuro, y el presidente de la República así lo ha dicho.
Claro que algunas de las reglas con las que se desarrolla tienen que cambiar, porque en los últimos 30 años hubo una flexibilización total de las leyes minera, laboral y ambiental, que hay que volver a recuperar y ordenar para que realmente el sector crezca con estabilidad, pero también con respeto a los derechos humanos, a los derechos ambientales y a las actividades de las comunidades donde operan.
AN ¿Cómo se encuentra actualmente la minería en México?
En términos económicos, muy bien. La actividad minera ha tenido un periodo de crecimiento muy importante en los últimos años; muchas empresas o la mayoría de ellas se han beneficiado de los altos precios de los metales, de la demanda nacional e internacional; y claro, de lo laxo de algunas leyes.
AN ¿Cuál es la situación de los trabajadores del sector?
No muy buena en estos últimos años. Aquellos que no tienen sindicato o que están afiliados a organizaciones afines a las empresas, se han visto afectados en sus ingresos, en la libertad sindical para elegir a sus dirigentes, para formar sus organizaciones, y creo que eso tiene que cambiar. Ya hay un marco legal que se está creando con la nueva Ley Laboral, con el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad de asociación y la libertad de contratación colectiva.
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AN ¿Cómo se llegó a este punto?
Cuando inicia el proceso de privatización, se da una flexibilización total de la actividad minera en términos de las leyes, sin considerar cuestiones fundamentales, como el respeto de los derechos de las comunidades, de los ejidos, de las regiones indígenas y también del medio ambiente, que se relajó completamente y que ahora se está buscando resarcir.
Por otro lado, está el tema de las concesiones. Antes se daba un plazo de dos años a las empresas para que invirtieran en exploración y si había reservas minerales, estaban obligadas a desarrollar proyectos mineros; se les daba un tiempo de 10 y 20 años para explotarlas, que podía incrementarse en caso de que el proyecto siguiera o se descubrieran nuevas reservas. Hoy, las cosas han cambiado: las concesiones se otorgan por 50 años, prorrogables a otras cinco décadas, es decir, hasta 100 años, sin ninguna condición para poder ser canceladas, ni cuando se incurra en casos graves de contaminación, violación a derechos laborales y humanos ni por la falta de oportunidades a personas y comunitarios.
Esa flexibilización de la ley propició la concentración de tierra en pocas manos. Estamos hablando de que una tercera parte del territorio mexicano está concesionado a empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, y un grupo de 10 compañías tienen la mayoría; y sabemos que más del 90% no terminan en proyectos mineros, sino en desarrollos inmobiliarios, turísticos o ranchos ganaderos.
El Estado mexicano es el dueño de la tierra; está muy claro en el artículo 27 constitucional. Las concesiones se otorgan para fomentar el desarrollo de una actividad, de una región, pero se perdió ese espíritu de buscar que todos participaran de esa concesión, de la riqueza, de las oportunidades. Ahora tenemos muchas empresas extranjeras que se establecen en México, que obtienen sus concesiones, que se comprometen con las comunidades a crear fuentes de empleo, escuelas, caminos, a dotarlas de agua potable, electricidad, y no cumplen con nada, y tampoco ha habido autoridad que los obligue, hasta ahora, a cumplir los compromisos que establecieron.
Arturo Aguirre Napoleón Gómez Urrutia
AN ¿Hay disposición de las empresas mineras, de los empresarios, para aceptar y llevar a cabo este cambio que busca el gobierno?
Como en todo, hay empresarios más sensibles a las necesidades humanas y de las comunidades y del país, y otros que no están dispuestos a aceptar los cambios, quienes sostienen que se deben mantener las mismas condiciones; claro, como se han beneficiado enormemente en los últimos 30 años.
AN ¿Qué les dice a esos empresarios que se oponen a este cambio, que no quieren perder sus privilegios?
Que deberían ser más generosos con México y con los mexicanos, porque en ningún otro país van a encontrar las facilidades que se les otorgan aquí, con impuestos y derechos bajísimos, y tanta flexibilidad en las concesiones. Prácticamente han hecho lo que han querido. Y muchas empresas extranjeras entraron en ese juego, cosa que no hacen en sus países. En Canadá, donde yo viví 12 años, respetan las leyes, a sus trabajadores, a los sindicatos, a las comunidades y el medio ambiente, cosa que muy pocas hacen aquí.
AN ¿Esto quiere decir que se acabaron los privilegios?
Viene un plan nacional, reformas al artículo 27 de la Constitución y la Ley Minera, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, y habrá más cambios; sí, tenemos que ver el futuro de la minería sobre otras bases y ajustarnos todos a esos cambios.
AN ¿Cuándo se aprobarán estas reformas en el Senado y cuándo se enviarán a la Cámara de Diputados?
Ya se presentaron en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. No se han aprobado, pero esperamos que esto suceda en el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de febrero. Una vez que se aprueben en la Comisión, se presentarán ante el pleno para su discusión, modificación y aprobación, y posteriormente se turnará a la Cámara de Diputados. Esperamos que sea a finales de febrero o principios de marzo.
AN En este momento, si alguien tiene una concesión y lleva años sin trabajarla, ¿podría perderla o ser cancelada?
Si no se está trabajando yo creo que sí, si no existe un desarrollo minero sí, porque no están cumpliendo con la Constitución, con el artículo 27 y otros. Entonces yo creo que sí estarían sujetas a revisión e incluso a la cancelación y recuperación por parte del Estado de ese territorio nacional que está ocioso o que es utilizado para otros fines, como los antes mencionados.
AN Pero si el gobierno lo hace podría entrar en un nuevo conflicto con la iniciativa privada, como sucedió con el aeropuerto de Texcoco. ¿No sería ponerle más leña al fuego?
Sí, podría ser, estoy de acuerdo. Pero si también ponemos en la balanza la situación en que se encuentra el sector minero, van a terminar de acaparar el 100% del territorio nacional, van a seguir contaminando ríos, presas, el medio ambiente; van a seguir promoviendo la desigualdad y la sobreexplotación de los recursos naturales y la mano de obra, como algunos lo han venido haciendo en los últimos 30 años.
El gobierno tiene todo el derecho, como lo tuvieron los gobiernos anteriores a ejercer un cambio y, lo vuelvo a repetir, viendo la realidad del país, México no podía seguir bajo estas condiciones seis años más. Creo que íbamos a entrar en un crisis social y política de consecuencias impredecibles y es mejor que este cambio se dé ordenadamente y en paz.
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