¿De qué tamaño será la tragedia por la política migratoria de Trump?
El endurecimiento antiinmigrante en Estados Unidos es un hecho que solo espera la toma de posesión de Donald Trump este 20 de enero. Conoce el tamaño del daño que podría ocasionar esta política y las oportunidades que existen.
Cada uno de los casi 3 millones de indocumentados expulsados por Obama (70% mexicanos) es una triste historia en potencia. Pero el peligro se cierne sobre millones más.
Por lo menos otros 2 millones de indocumentados (más de un millón mexicanos) serían deportados en los próximos cuatros años, en el mejor de los casos; es decir, si Donald Trump respeta la ley y los derechos humanos.
Por ello, la economía mexicana –empresas y gobierno– deben estar preparados para recibir este influjo de connacionales, no pocos de ellos bilingües y bien capacitados, capaces de operar nuevas áreas económicas, pero sin capital y con un bajo nivel educativo en su mayoría. No hay duda: habría un efecto económico por el retorno de migrantes, pero puede aminorarse con organización.
¿Cuántos son?
Existen hoy 11.7 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, de todas la nacionalidades. De ellos, 5.5 millones son, efectivamente, mexicanos; 1.8 millones provienen de Centroamérica y 1.5 millones de Asia, principalmente de China y Filipinas. El resto proviene de todo el mundo: Rusia y Europa oriental, por ejemplo. En los datos coinciden expertos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, BBVA Bancomer (que estudia en detalle el tema) y el Migration Policy Institute.
De los 11 millones de indocumentados de todo el mundo, no más de 820,000 estarían involucrados con el sistema de justicia de Estados Unidos. De acuerdo con datos de 2012 (los más recientes disponibles), recopilados por la organización America’s Voice, existen 300,000 acusados o involucrados en delitos graves (felonies) y 390,000 en los llamados serious misdemeanors, algo así como delitos leves serios. Si el porcentaje de mexicanos se mantiene, hablaríamos de entre 350,000 y 400,000 mexicanos involucrados.
No son más de 27,000 mexicanos los que están cumpliendo penas en prisión, aclara Jorge Durand, de la Universidad de Guadalajara y coautor del Mexican Migration Project, una base de datos binacional enfocada en el tema. El asunto de los 3 millones de indocumentados criminales es otra mentira de campaña. “Es una expresión que busca generar una narrativa de miedo a los migrantes”, concluye Javier Urbano Reyes, coordinador de la Maestría en Inmigración en la Universidad Iberoamericana.
Las ciudades santuario
Los atentados terroristas terminaron con la esperanza de nuevas reformas migratorias, por ejemplo, y comenzaron el vuelco de los republicanos hacia una política contraria, pues fue el presidente George W. Bush quien modificó el marco legal para aumentar la persecución y deportación de migrantes.
Por eso, en 2002 creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo el cual agrupó a la Customs and Border Patrol (CBP). Hacia 2006 ya había dotado a la CBP de una división aérea y marina, y le dio la posibilidad de reforzarse con la Guardia Nacional.
Al final de su mandato, Bush piloteó el programa Secure Communities, bajo el cual la policía local de cada estado y ciudad tenía la obligación de recabar el estatus migratorio de toda persona que arrestara. De comprobarse ilegalidad, la persona era detenida para entregarla a la Patrulla Fronteriza.
“En algunos estados, manejar sin licencia es un delito, por lo que gente que infringe el reglamento de tránsito puede ser acusada y deportada. Puede ser también por manejar bajo la influencia de drogas o alcohol, o por pertenecer a una pandilla. Mucha gente es deportada por estas razones”, refiere Randy Capps, director de Investigación en Programas para el Migration Policy Institute (MPI) de Estados Unidos.
¿Quiénes son?
Jorge Durand, académico de la Universidad de Guadalajara, es codirector, junto con Douglas S. Massey del Mexican Migration Project, arrancado en 1987 y auspiciado por la Universidad de Princeton.
Se trata de una base de datos que acumula hasta el máximo detalle posible los datos de la migración entre nuestro país y Estados Unidos. Él describe a los mexicanos del otro lado con un alto grado de aproximación.
Para empezar, hace mucho que los géneros están equilibrados: 46% son mujeres, si bien el porcentaje que trabaja es menor. Luego, los agrupa en tres generaciones. Los “Rodinos”, aquellos que fueron legalizados en 1986 y cuya estancia en Estados Unidos es ya muy larga. Han echado raíces y muchos ya son ciudadanos, por lo que están relativamente a salvo, aunque algunos integraron a sus familias informalmente.
Los posteriores a 1986 no están legalizados en gran parte, pero llevan muchos años. Tienen familia, hijos y ninguna perspectiva de volver a México “más que en su imaginario”. “La política migratoria los forzó a quedarse, porque era muy caro y peligroso volver”. Los Dreamers son hijos de estos dos grupos; fueron traídos por sus padres en edad muy temprana.
Por último, están los migrantes recién llegados, que pueden ser deportados con facilidad, si bien México está perdiendo el liderazgo en el número de inmigrantes nuevos, ante centroamericanos y asiáticos.
Oportunidades económicas
El migrante que regresará a México es predominantemente urbano, posee cierto nivel de capacitación técnica y una productividad que podría ser mejor que la media nacional.
Sin embargo, vendrá con poco capital y, con excepción de los Dreamers, su nivel educativo es bajo. Explica Juan José Li, economista senior de BBVA Research, que apenas entre 5 y 7% de quienes regresan han reunido suficiente capital como para emprender un negocio.
Pero no hay que hacerse ilusiones. Miles llegarán como vinieron: sin nada, sobre todo los más recientes. Y el déficit de empleo que hay en México no ayuda. La razón original de la partida de migrantes fue la escasez de oportunidades. Javier Urbano, de la Ibero, critica que, fuera de algunos programas de recepción, no hay políticas públicas para atender el regreso.
“El gobierno se ha apresurado a dar a conocer algunas políticas, cuando no tiene claro qué edad, capacidad profesional, nivel educativo y número de hijos tienen. Implicaría un estudio serio, pero –como sabemos– en este país no somos nada serios en políticas públicas”.
Juan José Li señala que el programa de 10 puntos anunciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores es adecuado, pero hay muy pocos números sobre el resultado de los apoyos brindados por el Fondo de Apoyo a Migrantes, el cual ofrecía montos de entre 10,000 y 60,000 pesos para vivienda y proyectos productivos. Este año, el fondo quedó sin recursos como parte de los recortes presupuestales.
Este es un fragmento del texto que se publica en la edición impresa de enero de Alto Nivel. Busca tu ejemplar en los principales puntos de venta, suscríbete en línea o descarga la revista digital. Sigue nuestra conversación en Twitter y Facebook.
