¿De qué nos sirve el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?
Esta nueva herramienta permite impulsar mejores prácticas a diferentes niveles: instituciones públicas, empresas y ciudadanía; ¿de qué forma? nuestro analista Juan Francisco Torres Landa te explica.
¿Ha detectado algún acto de corrupción?, ¿la ha denunciado? La experiencia nos diría que la corrupción ha alcanzado las estructuras que concentran poder; sin embargo, no olvidemos que, actualmente, la encontramos en casi todas las esferas de nuestra vida cotidiana. De acuerdo con la nueva agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para los siguientes años será de vital importancia luchar contra dicho fenómeno de afectación social, económica y política, pero ¿qué estamos haciendo para erradicar la corrupción en nuestro país?
Por lo pronto, podemos decir que en cumplimiento con la reforma constitucional para el combate a la corrupción, promulgada en mayo de 2016; la Cámara de Senadores y la de Diputados aprobaron un paquete de instrumentos legislativos que constituyen la implementación del régimen constitucional en dicha materia. Sin embargo, el Presidente de la República vetó parcialmente la aprobación de ciertas modificaciones (en los rubros de presentación de declaraciones de carácter patrimonial, fiscal y de conflicto de interés por parte de particulares), por lo que fue devuelta a la Cámara de Senadores para su discusión.
De esta manera, con la creación y aprobación de las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se logró dar un gran paso en la consolidación de uno de los elementos más importantes de la agenda de reformas estructurales de México. Lo anterior debido a que el SNA constituye una herramienta fundamental que obliga a las autoridades estatales y federales a prevenir, detectar y sancionar no sólo a servidores públicos sino también a particulares por actos de corrupción o uso indebido de recursos públicos, así como por responsabilidades administrativas, entre otros.
La novedad es que no solamente se ataca el fenómeno en el sector de los servidores públicos con nuevas herramientas, sino que, y lo más interesante, es el impacto que este Sistema tendrá en particulares, ya que además de las sanciones que actualmente se pueden imponer (por ejemplo, condenas por el delito de cohecho o la prohibición temporal de participar en licitaciones) se podrán aplicar sanciones económicas, ordenar el resarcimiento de daños y perjuicios e, inclusive, la suspensión de actividades, y la intervención o disolución de las empresas infractoras.
Además, el SNA va a permitir que las autoridades fiscalizadoras aumenten sus facultades para investigar actos de corrupción. De esta forma, la Auditoría Superior de la Federación podrá averiguar hechos relacionados con faltas administrativas graves, presentar denuncias penales e iniciar procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin tener que esperar al cierre del año fiscal (es decir, podrá actuar “en tiempo real”). Cabe destacar que es este Tribunal el que tiene la competencia para imponer sanciones tanto a particulares como a servidores públicos por hechos de corrupción.
Por otro lado, como resultado del nuevo marco normativo, las empresas tienen que tomar en cuenta las nuevas responsabilidades en materia de prevención y combate de la corrupción, tanto en procedimientos de contratación pública como en las actividades cotidianas a las que se enfrentan las entidades del sector privado.
Así, definitivamente, el SNA representa uno de los avances más importantes en el marco jurídico del país para combatir este importante flagelo que erosiona la capacidad de progreso y evolución del país. Es una nueva herramienta que nos permite impulsar las mejores prácticas a diferentes niveles: instituciones públicas, empresas y ciudadanía. Aún falta un largo camino por recorrer, pero paso a paso avanzaremos en esta lucha que no debe admitir excepción alguna. Por ello, si hoy se detecta alguna irregularidad ya se sabe cómo abordarla, reconociendo que el SNA está al servicio de todos los mexicanos y constituye un elemento para buscar una nación donde se privilegie la ley y no la impunidad.
*Juan Francisco Torres Landa es socio director de la firma de abogados Hogan Lovells BSTL. Contacto en Twitter: @HoganLovellsMX
Javier Rodríguez Labastida Periodista, director digital de Alto Nivel, profesor universitario, amante de la música, deportista, maratonista, spartan y aprendiz de baile.