Dan amparo a Alonso Ancira contra orden de aprehensión
Alonso Ancira fue detenido a finales de mayo de 2019 en Mallorca, España, tras su vinculación con pagos ilegales de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Un juez de control otorgó un amparo a Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) y quien enfrenta acusaciones de corrupción y se encuentra en España, contra un una orden de aprehensión emitida el 25 de mayo de 2019.
En el acuerdo enviado el 17 de agosto al Juez de Control de la Ciudad de México por el Licenciado Amos José Olivera Sánchez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, en precisión de los alcances de la sentencia de amparo, establece que “dada la extinción de la acción penal decretada, debe ordenar la cancelación del mandato de captura emitido en contra del aquí quejoso”, dijo la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Alonso Ancira fue detenido a finales de mayo de 2019 en Mallorca, España, por agentes de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
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“Desde el primer momento, tanto el Presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa rechazaron la existencia del supuesto delito, ya que como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares”, agregó la empresa.
Sobre la operación de compra-venta de las plantas de fertilizantes, instalaciones y servicios que comprendían el complejo petroquímico Agro Nitrogenados y que fueron adquiridos por Pemex cuando Lozoya era su director, la compañía agregó que, en su momento, “solicitó un avalúo independiente de la compañía Barclays con valor superior y finalmente se basó en avalúos oficiales y fue sancionada por todas las instancias que establecen las leyes y normas para la administración pública, incluidos los testigos sociales.”
Aseguró que esta “acción legal sin fundamento” generó una compleja problemática para la empresa, por la cancelación de créditos bancarios y comerciales, así como pedidos, “originando un impacto por más de 350 millones de dólares y un severo daño en todas sus operaciones financieras y productivas.”
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