¿Cuánto dinero no pagan estados y municipios?
Pese a muchos esfuerzos, el ISR que se cobra a los burócratas estatales no llega a Hacienda. Es decir, los mismos gobiernos son evasores. Aquí el análisis.
Casi en todos los casos, a los políticos les das la mano y se toman el pie. No es muy exagerado afirmar que algunos gobiernos estatales y municipales tienen prácticas tan informales como la economía subterránea cuando se trata de pagar impuestos y otros costos como agua y luz.
Lo que acaba de ordenar el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es que se cuenten debidamente los millones de pesos en impuestos que se están condonando a estados y municipios. En realidad no importa a quién se le perdonan, porque se trataría de todas las entidades que han accedido a entrar a un programa que data de 2008. Los demás, los que no aparecerán en la lista, están peor.
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se le descuenta a cada empleado formal en México es uno de los ingresos más seguros para el gobierno federal, después del IVA. Una gran parte de este impuesto no es susceptible de deducción alguna. Simplemente se quita del sueldo nominal y listo. En este gravamen cae buena parte del tan llevado y traído tema de aumentar la base fiscal y la división entre el México que paga y el México que no.
Si una empresa formal retiene los impuestos de sus empleados y no los traslada al Servicio de Administración Tributaria (SAT), estaría cayendo en fraude fiscal. El resultado es un problemón con posibles consecuencias penales. Digamos que hay muchos incentivos para no hacerlo.
En cambio, gobiernos estatales y municipales y organismos descentralizados locales han caído por años en la práctica de o bien no descontar el ISR a sus empleados o, peor, de hacerlo pero no pagar lo descontado a Hacienda.
Esto podría llamarse robo, pero la política es el mundo de lo posible.
El resultado es un gran desorden, inequidad y una economía falsa que impide planificar correctamente el gasto gubernamental. Empezamos con la idea del empleado al que no se le descuenta el ISR: poco más que un trabajador informal más en la economía. En los casos más extremos, esta persona no existe para Hacienda, no aporta, pero recibe a cambio servicios de educación, salud y a lo mejor hasta prestaciones especiales. Y está en su nariz, en algún palacio municipal o en una de las decenas de organismos descentralizados que dependen de los estados, por ejemplo.
Además del obvio desequilibrio que se va creando en el gasto público, lo que esto genera es una grave deformación en el mercado de trabajo. El empleado percibe 30% más que sus pares en la iniciativa privada, en una ocupación que suele ser mucho más improductiva. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.
O bien, sí se le descuenta el ISR, lo que implica que está en paz con el fisco en lo personal. Pero su empleador se está guardando este dinerito. Lo que se provoca entonces es otro grave desbalance presupuestal, con un gobierno federal mandando dinero en forma de participaciones a entidades estatales o municipales que no le aportan un centavo, y que tienen todos los incentivos para generar más empleos improductivos: les cuesta el sueldo, pero les queda el ISR.
Calderón, el primer intento de ordenamiento que cultiva el desorden
El primer intento por ordenar esta situación por las buenas fue llevado a cabo por el gobierno de Felipe Calderón en 2008. Lo malo es que este mismo esquema está siendo aprovechado actualmente para continuar el desorden.
El 5 de diciembre de 2008 la administración pasada publicó el famoso “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos.” Este enorme título propuso a las entidades estatales, municipales y descentralizadas de todo el país un trato: Borrón y cuenta nueva de 2005 hacia atrás, e interesantes descuentos en los siguientes años para las entidades que aceptaran dos cosas:
1) Ponerse al corriente con sus “enteros” del ISR. Es decir, descontar el ISR a sus empleados y decírselo a Hacienda.
2) Firmar un convenio con la federación, mediante el cual ésta podría cobrarse adeudos de éstas y otras materias en caso de impago, a partir del dinero de las participaciones federales, algo que hasta entonces era legalmente imposible.
De esta manera, la administración pasada esperaba terminar de una vez por todas con la informalidad en el propio sector público y se hacía de un arma importantísima para quien insistiera en seguir sin pagar.
No resultó
Dentro de la revisión de la Cuenta Pública de 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le dio una buena revisada a este Decreto. Por ejemplo, describió como la fecha límite para firmar los convenios con la Federación se fue aplazando, del 30 de abril de 2009 a fechas parecidas en 2010 y 2011. Con cada extensión del plazo se agregaron descuentos por año, por supuesto, con lo que el tiempo siguió corriendo. A esto hay que agregar que los dichosos convenios no se firmaron ante una sola entidad de Hacienda, no siempre se cumplieron los requisitos o no siempre se otorgaron las aprobaciones finales. Eso sí, los descuentos empezaron a correr.
Señala la ASF que para fines de 2010 habían 27 estados firmados, junto con 611 municipios y 813 organismos descentralizados. Por estados no iban mal, pero el total de municipios es mayor a 2,400. Hay entidades que, por ejemplo, no dieron su número final de empleados en nómina, lo cual es sumamente pernicioso para el fin del programa. Y luego hay que meterse a las comprobaciones de estos datos, lo cual es una tarea enorme que no se cumplió a cabalidad, dice la ASF.
El caso es que así llegamos a 2013
El Decreto de Ley de Ingresos para este año, que data de diciembre de 2012, ya pertenece a la era de Peña Nieto. Lo que provocó la ira de algunos pocos que conocen de qué se está hablando es que en esta ley se incluyó una nueva condonación total hasta 2012, más descuentos de 60% en 2013 y de 30% en 2014 ¡para las entidades que ya estén adheridas al decreto!
Esta idea es materia de gran confusión: Si había descuentos para los firmados. ¿Cómo que ahora se les borra todo de nuevo? ¿Quiere decir que no habían pagado de todas maneras? ¿Hay que devolverles dinero? ¿Cuántos faltan por firmar?
El acto provocó un juicio de amparo, promovido por los pocos que saben lo que está sucediendo: un grupo de intelectuales que ha logrado sumar a sus filas a más de 4,000 personas.
La protesta se debe a que el gobierno sigue perdonándose a si mismo adeudos, mientras aprieta a los demás. Este recurso ha sido desechado en las primeras instancias, pero al parecer todavía tiene camino en el laberinto judicial.
El primer triunfo para este lado es la reciente orden del IFAI, que obliga a Hacienda a proporcionar una lista detallada de a qué entidades se está beneficiando y con cuánto dinero.
Como te decía, el quién es lo de menos: son todos los estados y por lo menos una tercera parte de los municipios del país. Lo interesante, y lo políticamente explosivo, será el monto global de lo que han dejado de pagar éstos, que son los “cumplidos”.
