Las razones de AMLO por las que quiere conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados
Si Morena pierde, cambiarían los recursos para los proyectos del presidente, su legislación energética, y hasta el nombramiento de consejeros electorales.
Un Presupuesto que otorgue -por ejemplo- mayores recursos al sector salud y al fortalecimiento de las policías locales, y disminuya o elimine las partidas destinadas al Tren Maya, al aeropuerto Felipe Ángeles o a la refinería Dos Bocas, es una posibilidad que pudiera presentarse a finales de este año si la oposición logra arrebatarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.
En este escenario también se ubican los próximos nombramientos de dos consejeros electorales, para cubrir las vacantes que dejarán, en 2023, Lorenzo Córdova Vianello, actual presidente del Instituto Nacional Electoral, y el consejero Ciro Murayama.
Si el partido gobernante no cuenta con mayoría calificada, los perfiles que se elijan seguramente serán aquellos que no sean favorables a la actual administración.
Lo mismo podría suceder con las reformas legales que ha impulsado López Obrador, como los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, norma que está suspendida por los cientos de amparos que se han promovido en su contra, y que una Cámara baja opositora podría derogar.
Estas y otras posibilidades preocupan al presidente Andrés Manuel López Obrador quien, cotidianamente en sus conferencias matutinas, lanza advertencias sobre la forma en la que actuaría, en caso de que los ciudadanos decidan no favorecer a su partido en los próximos comicios intermedios del 6 de junio.
Ejercicio de veto
La incertidumbre electoral es un elemento propio de todas las democracias, pues los resultados sobre las preferencias de los ciudadanos, si bien pueden pronosticarse de manera relativa a través de las encuestas, en realidad el pronunciamiento cívico solo se conoce tras celebrarse las votaciones.
Sabedor de que la moneda está en el aire, el presidente López Obrador dijo al iniciar esta semana que vetaría el Presupuesto de un Poder Legislativo opositor, si en este se intentara eliminar los recursos que ya se otorgan a la población a través de diversos programas sociales.
“Y no hay ningún problema si nuestros opositores ganan, ningún problema, no habría, si el pueblo así lo decide”, dijo el mandatario, aunque añadió que “no está tan fácil” que la Cámara de Diputados quite los programas sociales argumentando que estos son populismo, “porque es paternalismo”. “Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”, sentenció.
Ciertamente, de acuerdo con los artículos 70, 71, 72 y 74 de la Constitución, el presidente de la República sí cuenta con facultades para vetar el Presupuesto de Egresos, aunque este veto no es absoluto, sino relativo, tal y como le dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente Vicente Fox (2000-2006), al resolver una Controversia Constitucional, luego de que este, en diciembre de 2004, decidió hacer lo mismo que ya adelantó López Obrador: Rechazar el presupuesto de una Cámara baja opositora.
El veto es un mecanismo a través del cual la Constitución evita que un poder se sobreponga a otro, forma parte del sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia, además de que es la forma en la que el Poder Ejecutivo colabora de manera activa en las decisiones del Legislativo.
No obstante, en México el veto del presidente es relativo, pues a través de este se neutralizan -solo de manera temporal- los actos legislativos con los que el Ejecutivo no esté de acuerdo. En este caso, contrario a lo que supone López Obrador, su facultad de veto solo sirve para no publicar inmediatamente el Presupuesto que aprueben los diputados.
El procedimiento que marca nuestra carta magna es el siguiente: La Cámara de Diputados, ejerciendo su facultad exclusiva, aprueba el Presupuesto, luego debe enviarlo al presidente para que lo promulgue y publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Si el titular del Poder Ejecutivo lo rechaza, el Presupuesto no se publica en el DOF, sino que el mandatario debe regresarlo a los diputados con sus observaciones.
La Cámara baja debe entonces analizar lo enviado por el presidente, y aprobar o rechazar las observaciones de este con el voto de la mayoría calificada, es decir de las dos terceras partes de los diputados presentes en la Cámara.
Tras esa votación, se reenvía el Presupuesto al Ejecutivo, y este ya no tiene otra opción más que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Si aun así se niega a la promulgación y publicación, la Cámara de Diputados tiene facultades para ordenar su publicidad en el DOF, dándole vigencia plena al mismo.
Si se llegara a presentar esta situación, lo único que le quedaría al presidente es impugnar ante la Suprema Corte el Presupuesto a través de una Controversia Constitucional, por lo que serían los ministros del máximo tribunal del país los que tendrían la última palabra.
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Consejeros en disputa
Un escenario similar podría observarse cuando los diputados vayan a elegir a los dos próximos consejeros electorales en 2023, tras la conclusión del encargo de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Considerando el apartado A de la fracción V del artículo 41 constitucional, la Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria pública para que los interesados en ser consejeros electorales se inscriban. Al mismo tiempo los legisladores deben crear un Comité Técnico de Evaluación, que es el encargado de revisar la idoneidad de los candidatos y de proponer quintetas por cada vacante.
Cada consejero debe ser elegido de entre esas quintetas con la mayoría calificada de la Cámara baja. Si esto no se consigue, los diputados deben realizar una sesión en la que los consejeros electorales se eligen mediante insaculación de la lista conformada por el Comité de Evaluación, es decir, la persona que obtenga más votos.
Si esa elección no se concreta, es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, en sesión pública, realizará la designación mediante insaculación de los integrantes de la lista previamente hecha por el Comité de Evaluación. Todo este procedimiento se evitaría con una Cámara de Diputados en la que la oposición dominara.
Derogación de reformas
Ningún cambio a la Constitución puede llevarse a cabo si no se tiene mayoría en las dos Cámaras que integran el Poder Legislativo. Hasta ahora, la administración lopezobradorista ha reformado 50 artículos de la carta magna a través de 13 decretos, el último fue publicado el pasado 11 de marzo.
Estas reformas requirieron de un intenso trabajo político para convencer a la oposición de parte del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pues el partido gobernante no cuenta con mayoría calificada en la Cámara alta.
Esa es la razón por la que el presidente ha intentado modificar la reforma energética de 2013 a través de cambios legislativos, los cuales, justo porque se contraponen a lo que se incluyó en la Constitución en el gobierno de Enrique Peña Nieto, están siendo impugnados a través del Juicio de Amparo.
En este tenor, si la oposición llegara a ser mayoría en Diputados, esta tendría la capacidad de derogar las reformas normativas que tanta controversia han generado, utilizando los mismos criterios de Morena. Al tratarse de cambios que no se refieren a la carta magna, basta una mayoría simple de la oposición para acabar con los avances que el presidente -dice- se han hecho en su gobierno.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.