Por cada peso legal en campañas políticas, hay 15 pesos ilegales

En promedio, por cada peso de financiamiento legal que entra a las campañas políticas hay 15 pesos de financiamiento ilegal, de acuerdo con estimaciones de la consultora Integralia y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que plasmaron en el reporte ‘Dinero bajo la mesa‘.

Tan solo para una campaña para gobernador, el gasto reportado más el no reportado y detectado por el Instituto Nacional Electoral (INE), es de 27.9 millones de pesos (mdp); no obstante, el gasto real estimado es de 425.3 mdp, de ahí resulta que, el costo promedio de un voto es de 750 pesos y los 15 pesos ilegales.

¿Sabías que en promedio, los candidatos a gobernador gastan 10 veces más que el tope legal? Si el tope promedio es de 46.8 mdp, el gasto promedio ejercido es de 470 mdp. #DineroBajaMesa: informe realizado con @Integralia_Mx https://t.co/tyxGKq8Abc pic.twitter.com/aiem2MrmIQ

— MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) May 29, 2018

¿De dónde sale el dinero ‘extra’? De acuerdo con el reporte, los partidos políticos obtienen recursos ilícitos a través del desvío de recursos públicos, para lo que utilizan empresas fantasma, sobre costos en adjudicación, servicios y obra pública, así como el uso y transformación de recursos en efectivo.

En este punto también destaca el uso de dinero público para el clientelismo electoral, la coacción del voto, el otorgamiento de permisos como construcción o ambulantaje y el uso político de los programas sociales, además de la cobertura informativa en algunos medios de comunicación.

Adicionalmente, está el financiamiento ilegal privado que suelen otorgar los privados para garantizar la impunidad si su candidato gana; o bien, para la creación de nuevas empresas.

En este contexto, el dinero que reciben los partidos políticos va cada año a la alza, para este año suma por lo menos 11,844 mdp, un aumento de 63% frente a los 7,246 mdp de 1997.

“En los últimos 20 años, México ha destinado una cantidad significativa de recursos a los partidos porque se creía que esto los iba a blindar del financiamiento ilícito, pero esto ha fracasado (…) Este sistema es insostenible y ya está fuera de control“, comentó en conferencia de prensa, Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia.

En medio de esto, los partidos políticos también mienten ya que subreportan tanto los gastos como los ingresos. Por ejemplo, en las elecciones de 2017 sólo reportaron un gasto de 764.85 mdp, pero el INE detectó 276.4 mdp extras.

Así, de esos 276.4 mdp adicionales a lo que reportaron, las autoridades sólo conocen el origen de 31.7 mdp y el origen del resto del dinero se desconoce.

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Clientelismo electoral

Uno de los fines a los que se destina una gran parte de recursos de los partidos políticos es el clientelismo electoral, es decir, a la entrega o la promesa de bienes o servicios para intentar comprar o coaccionar el voto o condicionar la entrega de programas sociales, por mencionar algunos.

Aunque el clientelismo no es ilegal, sí implica algunas prácticas ilegales como la compra y coacción del voto o el condicionamiento de los programas sociales a cambio del voto.

De 2015 a julio de 2017 se presentaron 6,878 denuncias por delitos electorales, de las cuales el 30% estuvo relacionado con clientelismo electoral, según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Esto también deriva de la fragmentación de los programas sociales, de los cuales existen cerca de 6,000 y parte de estos no cuenta con reglas de operación.

En tanto, para comprar, coaccionar, movilizar e inhibir el voto los partidos requieren de estructuras de promotores, coordinadores, representantes de casilla y abogados que trabajen solo para su campaña.

Por lo que, si se suman todos los rubros, el clientelismo electoral en una entidad federativa de tamaño medio cuesta por lo menos 290.40 mdp, cifra de la cual el 62% se destina para el pago de nómina de la estructura clientelar.

Mientras que, para el pago de cobertura mediática, diariamente se gastan 53 mdp en comunicación social y publicidad.

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El reporte también muestra que en temporadas electorales incrementa el uso de efectivo en la economía. Por ejemplo, en al selecciones federales de 2012 y 2015 hubo un aumento promedio de 33,165 mdp en el flujo de efectivo en poder de la población durante los meses previos a las elecciones, por arriba de los flujos de años no electorales.

En el 2012, el año de la elección presidencial, el fuljo de efectivo aumentó 37,374 mdp de febrero a junio, cuando un año antes había disminuido en 2,958 mdp en el mismo periodos y un año después disminuyó en 5,119 mdp.

De acuerdo con Ugalde, este uso de los recursos se debe a una fiscalización limitada y si bien el INE cada vez se da cuenta de más cosas que los partidos no le reportan, gran parte del clientelismo electoral no es visible.

Por otro lado, María Amparo Casar, presidenta de MCCI, este sistema es rentable debido a que las sanciones no tienen un gran costo para los partidos políticos.

“En promedio, las sanciones equivales a 3.6% del dinero público que reciben los partidos cada año”, dijo Casar.

Para combatir este uso ilícito de los recursos, Integralia y MCCI proponen:

• Revisar el esquema de financiamiento público.
• Un sistema integral de fiscalización entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el INE.
• Revisar el uso de efectivo en campañas y bancarizar las operaciones del gobierno.
• Una normatividad cambiaria para el acceso a transacciones y cuentas individuales.
• Reformular con base en criterios generales los topes del gasto en campaña, entre otras.

Carmen Luna Economista-Reportera, escribo sobre política fiscal y monetaria