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¿Puede funcionar la amnistía que propone AMLO contra el crimen?

Andrés Manuel López Obrador propone una amnistía como estrategia diferente para atacar el problema de la inseguridad y violencia en México. Las amnistías son factibles; sin embargo, el candidato ha dejado algunos huecos en su propuesta, como los alcances y la temporalidad.

26-04-2018, 9:08:45 AM
amnistía

Nota del Editor: En Alto Nivel evaluamos las propuestas de los candidatos a la Presidencia de México con miras a determinar cuáles son las mejores ideas que puedan convertirse en políticas públicas. Este análisis se hará con las principales propuestas de TODOS los candidatos y los calificaremos como Buena idea, Mala idea o Idea insuficiente, de acuerdo a la evaluación de expertos en la materia.

Decretar una amnistía para combatir el grave problema de seguridad que padece el país es una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador que más polémica ha generado.

El candidato presidencial de Morena considera que no ha funcionado la actual estrategia gubernamental en contra de la delincuencia. De hecho, en diciembre de 2017 apuntó que ha sido errado “querer resolver las cosas solo con medidas coercitivas”.

“Con policías, soldados, marinos, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, masacres, no, eso no sirve, ya lo estamos viendo, hay que cambiar la estrategia”, enfatizó entonces. La idea volvió a surgir en el primer debate presidencial de parte de los candidatos opositores a López Obrador, quienes lo criticaron por querer perdonar a los delincuentes.

A continuación te explicamos qué es una amnistía y las posibilidades que existen para que se aplique en México.

¿Amnistía o indulto?

Una amnistía es una ley aprobada por el Congreso, a iniciativa del presidente o tras una propuesta que surja en el mismo Poder Legislativo. De acuerdo con el artículo 92 del Código Penal Federal, con ella se “extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño”.

Esto quiere decir que los delitos que se hayan cometido dejan de perseguirse, y en caso de que ya exista una sentencia, la pena o sanción también desaparece.

La amnistía no debe ser confundida con el indulto, que es una figura jurídica diferente a cargo del Poder Ejecutivo. En este solo es la pena de prisión la que es eliminada, siempre y cuando el sentenciado cumpla con ciertos requisitos, los cuales están detallados en el artículo 97 del Código Penal Federal.

A saber: “Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de reinserción social y su liberación no represente un riesgo para la tranquilidad y seguridad públicas”. De igual forma, el indulto no puede aplicarse si el reo fue sentenciado por delitos como “traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro”.

Si se comparan las dos figuras, el indulto es una facultad a cargo del presidente, en la que –en términos prácticos- se elimina la pena de prisión a la que fue sentenciada una persona, siempre que se cumplan los requisitos que manda el artículo 97 del Código Penal Federal.

En cambio, la amnistía es una ley que debe aprobar el Congreso, la cual elimina no solo la condena, sino también los delitos que se hayan cometido.

¿Perdonar delincuentes?

Andrés Manuel López Obrador no ha definido en qué consistiría la amnistía, aunque sus asesores sí han esbozado las líneas generales que tendría esa norma, en caso de que el aspirante de Morena llegue a la presidencia.

“Es una ley, lo cual implica que –en su caso- podría ser una iniciativa del Ejecutivo, pero al final del día la última palabra la tendría el Congreso federal”, explica la exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, propuesta por López Obrador para fungir como secretaria de Gobernación.

La norma deberá contener destinatarios, es decir, “a quiénes va dirigida”, y la temporalidad específica para su aplicación. “No es nada más que Andrés Manuel quiere perdonar a los delincuentes. Está atendiendo a un sector, se está dando cuenta que ahí hay una injusticia, y una ley de amnistía es para resolver un problema de injusticia, normalmente de injusticia social”, agregó.

A su vez, la coordinadora de campaña del candidato de Morena, Tatiana Clouthier, explicó tras el debate presidencial que “amnistía no es impunidad, es empezar un proceso que requiere encontrar el país para acabar con esta situación de guerra que tenemos, que nos ha dejado 208,000 muertos”.

Sánchez Cordero y Clouthier, al igual que López Obrador, no han definido los alcances que tendría la amnistía, de hecho el candidato aseguró en el debate que para ello se convocaría “a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan, y no descartar ninguna opción”.

¿Qué dicen las víctimas?

Si bien el político tabasqueño “ha ido moderando su discurso en este tema”, la idea “en un principio me pareció terrible”, asevera la activista María Elena Morera, en entrevista con Alto Nivel.

En su opinión, el candidato debería detallar quiénes podrían beneficiarse de la amnistía, pues esta “no es un proceso que pueda funcionar para secuestradores o para multihomicidas”, dice la presidenta de Causa en Común, colectivo ciudadano dedicado al estudio y seguimiento de los índices de inseguridad en México.

Queremos saber qué es lo que quiere Andrés Manuel, él nos lo debe explicar, y no las interpretaciones (de la amnistía) de sus asesores”, apunta Morera, quien está abierta a discutir el tema siempre y cuando “se construya un proceso de justicia en el que se cuide a las víctimas”.

“Primero debe de haber justicia, y después pensar en la amnistía, sin justicia para las víctimas estos procesos no funcionan”, enfatiza.

De su lado, el poeta y activista Javier Sicilia, califica la propuesta como un “gran despropósito”. En una carta enviada al candidato de Morena, publicada en enero pasado en la revista Proceso, Sicilia rechaza la medida, pues “amnistía, del griego amnestía, quiere decir olvido”.

En ese mismo tono, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, rechaza la idea del político tabasqueño. “Me parece una gran irresponsabilidad que se hable de un tema que le duele tanto a los mexicanos”.

“Más allá de las buenas intenciones del señor López Obrador, pues no tiene idea de lo que significa la delincuencia organizada en nuestro país”, criticó.

A su vez, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, explicó que este caso no sería incluido en la amnistía proyectada por López Obrador.

“Para nuestro caso Andrés Manuel no propuso la amnistía, (…) él dijo que para el caso Ayotzinapa iba a crear una comisión de la verdad”, apunta el letrado, quien considera que este planteamiento sería poco efectivo para las necesidades de los padres de los normalistas.

Rosales dice que “una comisión de la verdad sería volver a empezar el asunto”, en realidad, agrega, sería más importante volver a tener un organismo similar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué piensan los expertos?

El candidato presidencial de Morena “está proponiendo una cultura de paz”, en contraste con la cultura militarista que se ha aplicado en México en la última década, considera Froylan Enciso, académico del Centro e Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Los países que han aplicado amnistías, recuerda el investigador, lo han hecho dentro de un proceso de “justicia transicional”. En ese tenor, “nosotros tendríamos que buscar la manera de plantear nuestros propios términos para usar este tipo de recursos”, adaptando la justicia transicional al tipo de conflicto no convencional que hemos padecido en nuestro país.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la justicia transicional es “la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”.

En específico, la ONU ha establecido cuatro principios que rigen a este tipo de justicia: la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos; el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas; el derecho de las víctimas a obtener reparación; y la obligación del Estado de impedir que tales atrocidades se repitan.

Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos, Jesús Robles Maloof, reconoce que inicialmente se oponía a la amnistía mencionada por López Obrador. Pero esta idea, dice, explicada como “un diálogo nacional la apoyo”, pues los demás candidatos solo “proponen continuar la misma estrategia de muerte”.

¿En México han funcionado las amnistías?

En nuestro país, en los últimos cuarenta años ha habido dos leyes de amnistía: la primera, que estuvo vigente de septiembre de 1978 a enero de 2015, benefició a las personas que habían participado en los movimientos guerrilleros de la década de los años sesenta y setenta.

La segunda, la cual está vigente desde el 23 de enero de 1994, tiene como destinatarios aquellos que formaron parte del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocurrido el 1 de enero de ese año. En ambos casos, los beneficiados fueron personas que cometieron delitos a partir de una causa o ideal político.

Los guerrilleros que se acogieron a la ley de 1978 salieron de la cárcel y se reintegraron a la sociedad, sin que se repitieran sus acciones armadas. En el caso de la norma de 1994, esta ha permitido que los integrantes del EZLN viajen por el país sin ser detenidos. Si bien las actividades de este grupo guerrillero no se han repetido, formalmente este sigue operando en las montañas del sureste mexicano.

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